El Presidente Juan Manuel Santos objetó este jueves el acto legislativo de Reforma a la Justicia, por haberse encontrado inconsistencias introducidas en el texto aprobado y conciliado en el Congreso.

“Mañana devolveré al Congreso de la República, con objeciones, por razones de constitucionalidad y también de inconveniencia, el proyecto de acto legislativo de Reforma a la Justicia que he recibido para su promulgación”, señaló el Jefe de Estado en una alocución radiotelevisada.

Agregó que es la primera vez en la historia del país que un Jefe de Estado acude a una decisión de este tipo “para hacer respetar el ordenamiento jurídico, como lo obliga la propia Constitución”.

Advirtió que de entrar en vigencia la norma que modifica la Constitución, se presentaría un colapso de inmensas proporciones y subrayó que las modificaciones introducidas son inaceptables para el país y para el Gobierno.

“Infortunadamente —y después de todo este gran esfuerzo—, el Gobierno ha detectado que se introdujeron unos cambios que en nada favorecen a la justicia y la transparencia y, en particular, algunos que son verdaderos ‘micos’, como se dice a los malos agregados”, dijo el Mandatario.

Santos recalcó que esta no ha sido una decisión fácil, pero el Presidente de la República “no puede abstenerse de actuar con contundencia frente a una situación tan crítica como esta”.

Señaló que estas objeciones al proyecto de Reforma a la Justicia se justifican constitucionalmente por la contundencia de los vicios detectados dentro de la iniciativa en la fase de conciliación.

“Estas objeciones se ajustan a la Ley y a la jurisprudencia”, subrayó el Presidente Santos. Agregó que esta decisión ha sido tomada con el fin de garantizar la buena salud de la justicia y el compromiso del Gobierno con la transparencia y contra la corrupción.

Así mismo, el Jefe de Estado enfatizó que lo que se busca es una Reforma a la Justicia donde ganen la justicia y la transparencia “y no para dar gabelas y beneficios a quienes hoy están investigados o para generar un caos en la justicia”.

Cuatro inconsistencias

La primera inconsistencia manifestada por el Presidente Juan Manuel Santos consiste en que la Comisión de Conciliación decidió quitarle a la Fiscalía General de la Nación la competencia para adelantar la etapa de investigación en los procesos penales que se adelantan contra ministros, magistrados de tribunal, embajadores, directores de departamento administrativo, gobernadores, generales y almirantes, entre otros funcionarios con fuero.

Señaló que “de entrar en vigencia la Reforma Constitucional, con esta disposición agregada, la Fiscalía General de la Nación estaría obligada a paralizar cerca de 1.500 investigaciones a su cargo sobre esos funcionarios”.

En segundo lugar, el Mandatario explicó que la iniciativa contiene un parágrafo transitorio que extiende la doble instancia (definido para los procesos de pérdida de investidura de los congresistas), a todos los procesos que contra ellos cursen en la jurisdicción contencioso-administrativa.

De igual manera, la tercera irregularidad consiste en que se fusionaron las normas aprobadas en la Cámara y en el Senado sobre el régimen de pérdida de investidura de los congresistas, con lo que se alteró la voluntad de las plenarias de Senado y Cámara.

Finalmente el Presidente Santos indicó que existe una cuarta irregularidad que suprimió el régimen de transición para la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Puntualizó que de ponerse en marcha esta decisión se provocaría un colapso en la Rama Judicial, ya que la administración de este poder quedaría bajo la dependencia de un solo funcionario, es decir, del actual Director Ejecutivo, a quien la reforma le concedió un régimen de transición contra la voluntad del Gobierno.

“No ha sido una decisión fácil. Pero la buena salud de la Justicia y nuestro compromiso con la transparencia y contra la corrupción ¡están por encima de todo! Los colombianos pueden estar tranquilos”, concluyó el Jefe de Estado, quien confió en que el Congreso entienda y acepte estas objeciones, por el bien de la Justicia y de Colombia.