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Casanare entre las gobernaciones que contribuyen a la restitución de tierras a través de sus planes de desarrollo

 La Unidad de Restitución de Tierras, a través del Grupo de Cumplimiento de Órdenes Judiciales y Articulación Institucional (COJAI) y las direcciones territoriales implementó la estrategia Nuevos Mandatarios, con el propósito de incidir en la incorporación de la política de restitución de tierras en los Planes de Desarrollo Territorial.

La estrategia fue desarrollada en articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior. Desde la Unidad de Restitución de Tierras se adelantaron acciones direccionadas a que los actuales gobiernos departamentales y municipales que tienen en sus jurisdicciones sentencias de restitución de tierras destinen recursos para el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas en los estrados judiciales mediante la incorporación de acciones y programas que promuevan la reparación integral de las víctimas de despojo o abandono forzado. A la fecha, 294 municipios y 24 gobernaciones se encuentran viculadas en sentencias de restitución de tierras.

Esta estrategia incluyó jornadas virtuales y presenciales de divulgación y socialización de la política de restitución; asesorías para la formulación de los Planes de Desarrollo; diseño y divulgación de guías para orientar el proceso; entre otras acciones que buscan que las entidades territoriales cumplan las órdenes contenidas en las sentencias. El tipo de órdenes de restitución que emiten los jueces y que deben ser cumplidas por las distintas entidades son medidas de reparación como: alivio y exoneración de pasivo predial; medidas de asistencia en salud y educación; articulación o coordinación de procesos de retornos y reubicaciones; actualización catastral; contribución con la ejecución de la política de vivienda; y  otras que facilitan la reconstrucción de los proyectos de vida de los beneficiarios de restitución y la transformación de los territorios afectados por la violencia.

Las asesorías técnicas de la política de restitución se realizaron desde el diseño y formulación de los planes de desarrollo y su correspondiente presentación ante los concejos y asambleas, hasta el acompañamiento a la formulación de los Planes de Acción Territorial. Como resultado de este acompañamiento se realizaron 1.324 asesorías técnicas (414 presenciales y 910 virtuales)  a los mandatarios de 361 alcaldías y 23 gobernaciones. Adicionalmente, se realizó articulación con 16 asambleas departamentales y 161 concejos municipales como acción complementaria de las asesorías.

Además, se realizaron tres revisiones de los proyectos de planes de desarrollo; la primera durante el proceso de formulación y presentación de primer borrador ante los Consejos Territoriales de Planeación, retroalimentando y revisando un total de 223 proyectos. Posteriormente, fueron revisados un total de 143 proyectos de planes de desarrollo de manera previa a su presentación final ante concejos municipales y asambleas departamentales. Finalmente, se realizó una tercera revisión a 311 planes de desarrollo aprobados.

Como resultado del despliegue territorial y a través de la revisión de los planes de desarrollo adoptados, se evidencia que el 62% de las alcaldías y el 80% de las gobernaciones con sentencias, incluyeron la restitución en sus planes de desarrollo. Estas fueron las gobernaciones de Casanare, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima, Valle Del Cauca, Putumayo y Vichada.

El acompañamiento no se detiene y una vez aprobados los Planes de Desarrollo Territorial, desde la estrategia de Nuevos Mandatarios se continuó asesorando a los municipios y departamentos con sentencia, en el proceso de formulación de sus Planes de Acción Territorial, siendo estos, los instrumentos que contemplan las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas, los cuales deben ser elaborados por los municipios, distritos y gobernaciones con la participación de las víctimas del conflicto armado.

Con estos resultados el Gobierno Nacional y las entidades territoriales contribuyen al cumplimiento de los fallos de la justicia que dan lugar a la restitución de tierras, la transformación de los territorios y un campo con equidad.  



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