Este domingo a las 7:00 p.m., el Centro Democrático, principal fuerza opositora del presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó un discurso en respuesta a la alocución del mandatario el viernes. La réplica de la oposición a Petro fue hecha por la senadora Paloma Valencia y el representante Hernán Cadavid.

La réplica se da en el marco del estatuto de la oposición. Según este, cuando el presidente hace una alocución, la oposición puede responderle en el mismo espacio y durante el mismo tiempo.

La alocución del viernes de Petro fue sobre las 6:00 p.m. y duró cerca de una hora. Los dos congresistas uribistas aprovecharan un periodo similar para hacer varias críticas al gobierno actual.

Paloma Valencia – Senadora de la República

"Gobernar es un proceso complejo. Exige gran conocimiento y capacidad técnica, dialogo paciente y fuerza. La crítica como la destrucción -en lo que eran expertos- son fáciles. Sin embargo, gobernar, como construir es difícil y lento, como están viendo.

El gobierno del presidente Petro han tenido que enfrentarse ahora a las dificultades de gobernar. Así mismo, la oposición democrática que aporte, debe ser responsable y por eso, es también exigente y requiere estudio, asertividad y un permanente empuje sereno.

Los sucesos que ha vivido el país recientemente frustran a la ciudadanía. A veces, pareciera que la soberbia del sector político que nos gobierna está sufriendo una lección. Juzgan con superioridad moral los gobiernos anteriores, buscan responsables más allá de lo razonable, tratan de criminales y de violadores de derechos humanos a los presidentes en general.

Ahora, pretenden tener una escala para medir sus propios escándalos, muy distinta a la que usan para medir los otros, y quieren que la indignación -que han incentivado- cese.

Han logrado meter al país en un culebrón (al estilo de libretistas de las narconovelas). Lo que duele es que el país tenga que concentrarse en estos asuntos -que en nada le aportan a la ciudadanía-, mientras que las grandes dificultades permanecen sin ser atendidas.

Contrasta la gravedad de nuestros problemas con la poca capacidad técnica que se emplea para resolverlos.

Los activistas siguen en campaña, y desde las posiciones de dirección pronuncian discursos basados en lugares comunes pero equivocados. Los inspira la idea del cambio, pero no reconocen lo que con esfuerzo hemos construido como nación.

Las reformas del cambio, a su vez, expresan la soberbia del gobierno en su versión de síndrome de Adán. Su diseño es para un país donde no había nada, donde nada se ha hecho. Son el fiel reflejo de la incapacidad de valorar los avances de Colombia y solo atinan a destruir lo construido.

El sistema de salud requiere ajustes, algunos profundos como la prestación del servicio en la Colonia más apartada, donde pese a los esfuerzos, los ciudadanos no tienen un buen servicio. Requerimos, por supuesto, mejorar la salud preventiva; no enviando brigadas de difusores políticos -ni cubanos-, sino llevando agua potable, saneamiento básico y vacunas a todo el territorio nacional.

Se requiere un mayor gasto en la salud que nos permita mejorar los salarios de médicos, especialistas y enfermeras para que podamos superar el déficit que hoy tenemos. Pero la reforma del gobierno quiere un sistema de salud parecido al que teníamos antes de la Constitución del 1991. Pareciera que están nostálgicos de aquello que entonces criticaban.

Los estudios internacionales no mienten, y así lo corrobora la opinión de los colombianos, tenemos un sistema de salud con buenos resultados. Un proyecto de reforma que destruye el sistema de aseguramiento, que les quita a los colombianos el derecho a escoger si quieren un asegurador público o privado o mixto, para obligarnos a todos a depender del Estado, es un retroceso.

Además, le entrega los recursos de nuestra salud a los políticos, quienes no son los indicados para gestionar de manera técnica y transparente un sistema que requiere una visión de largo de plazo y no estar sujeto a las pugnas electorales y burocráticas. Sin contar además con su demostrada corrupción.

Por su parte, una reforma laboral que no genera empleo -sino que lo destruye- y que no mejora el problema de la informalidad -sino que lo agrava- es inaceptable. Subir los costos laborales terminaría por encarecer más la vida de los colombianos, pues todos estos costos aumentan el precio de los productos.

Las grandes empresas no tendrían dificultad en atender los nuevos costos que beneficiarían a esos trabajadores, pero las empresas pequeñas y micro que hoy son formales -y que son las verdaderas generadoras del empleo en Colombia- van a fracasar.

La reforma pone nuevas talanqueras, que aminoran las ya mínimas esperanzas de formalizarse de la mayoría de los trabajadores, que hoy son informales. Perderíamos empleo, empresas, y el resultado aun reconociendo el beneficio para algunos trabajadores, es malo para Colombia y la gran mayoría de los colombianos.

Lo que se requiere es ampliar los mercados para generar más empresas, más empleo, y un ambiente propicio para el crecimiento económico que es el verdadero enemigo de la pobreza.

Compartimos el deseo de ampliar los beneficios para los adultos mayores más pobres. Cabe recordar que fue el presidente Uribe en su mandato quien inició ese subsidio, pero se requieren otras fuentes que no afecten la sostenibilidad del sistema pensional.

Celebramos que se busquen ajustes para dejar de subsidiar altas y medias pensiones y llevar los recursos a los más pobres, pero puede hacerse sin destruir los fondos de pensiones que son cruciales para el propósito de hacer fiscalmente sostenible el sistema.

Con un falso discurso ambiental han venido acabando el sector de los hidrocarburos. Sin bien compartimos la necesidad de combatir el cambio climático, no es cierto que para hacerlo haya que suspender la exploración y producción de petróleo y gas.

La transición energética supone una ruta gradual que hemos venido construyendo por más de 20 años. De la emotividad casi poética del presidente Petro, hemos pasado a decadentes intentos por torcer la información técnica para soportar decisiones injustificadas y equivocadas.

Después de tantos “ires y venires” - que solo se aguantan cuando se hacen en tenis-. Las consecuencias es que las empresas se cierran, Ecopetrol pierde valor accionario, y somos los colombianos los que perdemos. Hoy predomina la incertidumbre sobre nuestro futuro energético.

No hay seguridad sin fuerzas armadas. Las fuerzas armadas de Colombia, son de Colombia, de todos y cada uno de los ciudadanos, y también deberían gozar del respaldo y respeto del gobierno.

Sin embargo, el gobierno cree en cambio que el camino a la seguridad se construye sólo con beneficios y concesiones a la criminalidad. La política de brazos y corazón abiertos hacia los grupos criminales ha sido respondida con la ferocidad de la violencia.

El Estado de derecho parece retroceder en varios lugares, dándole paso al dominio de los violentos. Las masacres, el secuestro y la extorsión aumentan ante un gobierno timorato frente al problema de la seguridad. La seguridad no es nada cuando se tiene, pero es todo cuando falta; es el valor democrático fundamental, sin el cual los demás derechos quedan en suspenso.

Preocupan también los ataques a la rama judicial y los órganos de control acusados de querer dar un golpe blando. Tampoco son aceptables los ataques a los medios y periodistas, tejiendo, otra vez retorcidas historias que buscan acallar toda crítica.

Como duele el desprecio por todo nuestro empresariado, los sectores afectados que son ya una lista larga: turismo, hoteles restaurantes, aerolíneas, ultra procesados, servicios públicos, el SOAT, las concesiones viales, la vivienda y los beneficiarios olvidados de mi casa ya.

Nuestra oposición ha sido constructiva, de empuje sereno. Atrás quedaron los días donde la oposición le apostaba al fracaso del gobierno, invitaba al bloqueo y amenazaba la estabilidad.

Hemos sido propositivos y francos, y nuestra meta ha sido siempre aportar, criticar sobre la base de que es posible hacerlo mejor, y sobre todo, darles voz a los colombianos inconformes. Hemos sido una oposición que sin ser agresiva ha logrado comunicar a los colombianos las preocupaciones.

La ciudadanía, como nunca, ha estado atenta al debate congresional, a las decisiones de los ministerios y a los sucesos nacionales. Y quiero resaltar esto como el mayor aporte de nuestra oposición. No está basada en protagonismos individuales ni en lideres solitarios, sino en la unidad de la nación. Los problemas de Colombia nos invitan a todos y cada uno a que hagamos algo. Hacer, no decir, no destruir, hacer.

Por eso, los invitamos a firmar la consulta popular que lidera el Centro Democrático para defender lo que Colombia ha construido. No defendemos el estatus quo, y Colombia necesita avanzar.

Sin embargo, no se gobierna un país sin historia, sin reconocer esfuerzos anteriores. La adversidad política es solo sobre las ideas, y no debe trascender a las personas y sus obras. Colombia sigue ansiosa de que se supere la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades, la violencia… En aquellos propósitos finales coincidimos todos. Y es el momento en que la nación observe esta coincidencia, deponga sus prejuicios y hagamos algo.

La oposición política tiene que seguir logrando la movilización de la nación, en las calles, con las firmas para parar las reformas, en el dialogo con las otras fuerzas políticas para que primen los argumentos, y muy cerca de los ciudadanos. Al gobierno le queden más de tres años. Debe hacer un alto en el camino y enderezar el timón.

No podemos seguir perdiendo el tiempo en truculentas novelas, ni en discursos grandilocuentes o en intentos de mostrar que nada de lo que hay sirve; todo eso es insuficiente. La ciudadanía hoy está atenta, y a su lado está la oposición, para exigirles que gobiernen sin soberbia, con capacidad técnica y con grandeza. La historia de Colombia en sus 200 años es una historia de avances continuos. Con sufrimiento y equivocaciones, claro, pero sin duda, esencialmente una historia de tenacidad, logros, y mejoría de las condiciones de vida para las grandes mayorías.

A Colombia la aguarda un mejor futuro, si cuidamos lo construido, y somos capaces de seguir construyendo, ojalá mejor y más rápido. Se requiere un gobierno que le apunte al futuro, que construya y ejecute, que respete los legados y gobierne para todos. Basta de discursos, basta de un gobierno que se pone zancadillas él mismo, basta de novelones, pasemos a hacer. Hay una alternativa, hagamos lo que los colombianos añoramos. colombianos, unidos somos una nación capaz de hacer realidad lo que soñamos".

Hernán Cadavid – Representante a la Cámara

"Colombianos, A diez (10) meses de haber iniciado el mandato del presidente Gustavo Petro, evidentemente Colombia no va bien.

Ya con el tiempo suficiente para que el país conozca y evalúe los resultados de Gobierno, rápidamente se ha agrietado la confianza que depositaron muchos de los colombianos que lo eligieron y ha afirmado los temores de los que no.

Gobernar exige esfuerzos para lograr acuerdos que permitan resultados a corto, mediano y largo plazo. Gobernar no es sinónimo de imponer una sola visión, no es sinónimo de desafiar a quienes piensan distinto.

Si bien, el país eligió al Presidente Petro, esto no se traduce en un mandato ilimitado, carente de controles por parte de la opinión pública, inmune al control político, al requerimiento judicial o al escrutinio de los medios de comunicación.

En el ejercicio democrático nunca se ha dicho que quien obtiene la Presidencia adquiere poderes desbordados para ejecutar el Plan de Gobierno propuesto, pasando incluso por encima del Congreso, de los jueces, de los opositores, de la Fuerza Pública, de la Fiscalía General de la Nación o de cualquier otra institución.

Si partimos entonces de la idea de una democracia en la que hay división de poderes, preocupan las palabras y acciones del Presidente que socavan la independencia y autonomía judicial, lo que ha provocado incluso pronunciamientos de rechazo de las Altas Cortes.

El Presidente de la República no es el jefe del Fiscal, no es el jefe del Congreso y no es el jefe de los Jueces.

Si tenemos por principio la libertad de expresión, no debería el Gobierno atacar de forma constante a los medios de comunicación y a los periodistas: las reiteradas comunicaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- exigiendo respeto por parte del Gobierno para el libre ejercicio del periodismo y la información, dan cuenta de que existen sistemáticos ataques a los medios que informan temas que no son del agrado de la Presidencia de la República.

Si tenemos claro que el Congreso de la República es donde convergen los distintos sectores para el ejercicio democrático, no se entiende el por qué el Presidente desafía al Congreso en caso de no aprobar sus reformas.

Es por lo menos extraño pensar que un Presidente que ha contado con amplias mayorías deba salir a amenazar con que hará presión en las calles frente a lo que el Congreso en su independencia no le aprueba.

Señor Presidente, la oposición en este Congreso, le dice que el país está viendo con preocupación su reforma laboral, porque destruye la pequeña y mediana empresa que es responsable del 90% del empleo formal en nuestro país, ya el Banco de la República estimó, que, de aprobarse la propuesta del Gobierno, van a desaparecer 480 mil empleos.

Sin un empresariado motivado, lo que sigue es la pobreza. También, vemos con preocupación que el querer de los colombianos de realizar correcciones al sistema de salud y a las EPS, se está usando como justificación para destruir los avances sin contar con una ruta clara.

Los colombianos han dicho, conforme a la última encuesta, que no están de acuerdo con el desmonte del sistema que se ha ido consolidando en los últimos 30 años y que cuenta con una cobertura del 98%.

El Gobierno debe entender que la urgencia es eliminar las asfixiantes condiciones que le impuso a la industria del turismo y que hoy agobian a varias regiones del país, como en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde el panorama es desolador con una reducción del 68% en el flujo de turistas, o el departamento de Amazonas, donde la reducción de viajeros es del 40%, lo que se traduce en pobreza para esas regiones.

Presidente: A la Fuerza Pública no se le puede categorizar como la expresión de guerra por parte del Estado, ni mucho menos asimilarla a los grupos ilegales, ni disfrazar los ataques a la libertad de quienes portan el uniforme diciendo que son “retenciones”, no, estamos en presencia de verdaderos secuestros.

Tampoco podemos tolerar ver a una Brigada de desminado humanitario reclamando por el abandono del Gobierno en una región de Colombia, como sucedió hace pocas horas en el departamento del Huila. La Fuerza Pública es la verdadera garantía de seguridad, bastante anhelada en distintas zonas del país.

El llamado cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno Nacional, fue contestado con más violencia por parte de los grupos ilegales y en medio de esa situación, se desmotiva a la Fuerza Pública y la ciudadanía queda vulnerable en manos de los violentos. Las masacres aumentaron en un 10%; el secuestro se incrementó en un 162% y el secuestro extorsivo un 166%; la extorsión se aumentó en un 43%; la trata de personas creció un 79%; el hurto a residencias y a personas aumentó un 10% y los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, se incrementó en un 12%; todo esto en comparación con el periodo enero - abril de 2022.

Por otra parte, la erradicación manual de cultivos descendió en un alarmante 84% y la incautación de cocaína disminuyó en un 14%. Sin seguridad no hay paz que pueda lograrse y mucho menos consolidarse.

Se supone que estamos en un Gobierno comprometido con la protección de los más vulnerables, pero los hechos recientemente conocidos por el país, dejan la evidencia de una sucesión de vulneraciones a dos mujeres, sobre las que, además de referirse a ellas en términos despectivos, se utilizó todo el poder del Estado y se destruyeron todas sus garantías mínimas.

El país tendrá que conocer los detalles y el gobierno deberá tener toda la apertura para permitir el esclarecimiento de esos hechos. Es necesario que el Gobierno comprenda, por el bien del país, que la campaña política pasó. Hace apenas escasos días, las expresiones de oposición, hicimos un llamado al Gobierno Nacional para que detenga en forma inmediata la agresión constante al Congreso de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a los Jueces de la República; pues ha sido notorio el tono que amedrenta la independencia de poderes en Colombia.

Todo lo anterior, hace que desde la oposición concluyamos que no existen condiciones aptas para ejercer a plenitud el derecho nuestro como opositores, el mismo derecho que tanto se invocó por parte de quienes hoy son Gobierno.

El sentimiento que define a la sociedad colombiana es la incertidumbre; nos corresponde a nosotros como oposición, desde el Centro Democrático, dar una batalla sin descanso en las calles y en el Congreso de la República, por eso pedimos su apoyo en la recolección de firmas que promoverá la consulta popular para defender nuestro sistema de salud, el empleo y el ahorro pensional de los colombianos.

Los colombianos no están solos, sin quietud, y con determinación absoluta somos la barrera de defensa para evitar que se cometan daños irreparables donde la peor carga la llevarán las futuras generaciones de colombianos".