Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil se inscribió el Comité promotor de la Consulta Popular para que sean los habitantes de la capital casanareña, los que decidan si quieren o no, actividades de sísmica y exploración petrolera en Yopal.

El asesor jurídico del proceso, Luis Alberto Ramírez, dijo que se inicia un trámite histórico en el municipio de Yopal donde se pretende defender el recurso hídrico y el medio ambiente, versus la exploración de hidrocarburos.

El comité está conformado por 9 personas y espera reconocimiento de la Registraduría de Yopal y los formularios para la recolección de firmas cuyo aforo debe ser del 10% al último censo electoral.

Posteriormente será la Registraduría en Bogotá la que verifique dichas firmas, pasa al despacho del Alcalde de Yopal para que eleve la consulta al Concejo Municipal y después al Tribunal Administrativo de Casanare, que será en últimas el que defina si la pregunta es constitucional o no.

El comité le apunta a recaudar 20 mil firmas posterior a la entrega de los formularios. Tiene 45 días para la verificación de las firmas.

Los costos relacionados estarán a cargo del Comité, que solicitará la contribución del pueblo de Yopal, pero será el promotor quien sustente los estados financieros ante la Registraduría.

Por su parte Gilberto Vargas, líder del proceso, dijo que se propone dentro de la iniciativa social un foro para el próximo 15 de julio que se desarrollará en el Instituto Técnico Ambiental, para que se fortalezca la mesa departamental del medio ambiente, donde con exponentes del orden nacional e internacional se contextualice sobre la situación que afronta la ciudad con los trabajos minero energéticos.

Sobre el cese de actividades de la empresa Gran Tierra en el proyecto “El Portón”, dijo que están a la espera del pronunciamiento del Consejo de Estado para conocer si continúan o no los trabajos. Por ahora dijo que en el pozo prosperidad todo está paralizado.

Por su parte Miguel Gaitán manifestó que la consulta se rige bajo los preceptos de que la política petrolera en Colombia no consulta la realidad, ni es de cara al país y que es la entrega de nuestra riqueza a las multinacionales petroleras. Las regiones productoras no tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones en materia petrolera a nivel nacional.

“No compartimos el modelo de contratos petroleros, debe ser contratos de asociación y no de concesión”, añadió.

Afirman que la industria petrolera atenta de forma sustancial el medio ambiente y el entorno social de los territorios y que las regiones productoras sólo se quedan con los pasivos ambientales, sociales y de inseguridad por el mal llamado "Boom Petrolero". “A las regiones productoras con el raponazo de las regalías, les quitaron su propio desarrollo dentro del concierto Nacional. El Gobierno Nacional, no regresa con inversión los dineros que centraliza de las regalías, ni financia los grandes proyectos que nuestra región demanda”, afirman.

Igualmente cuestionan que la política petrolera en Colombia es una colcha de retazos y da más ventajas a las exigencias de las petroleras. Las regiones productoras no se ven reflejadas ni representadas en los altos cargos o en la dirección, como Ecopetrol, la ANH, Ministerio de Minas, Ministerio de Medio Ambiente, División de hidrocarburos entre otros.

Las regiones productoras no reciben ni el 1% de compensaciones por proyectos petroleros, ni las inversiones de responsabilidad social empresarial. No participan como debe ser en la capacitación en petróleo, en la oportunidad laboral, de bienes y servicios y demás valores agregados.

Ratificaron que no creen en las autoridades ambientales del orden local, regional ni mucho menos del Gobierno Nacional.

“Las consultas populares son la expresión de soberanía y participación popular del pueblo en la toma de decisiones de interés local, regional y nacional y están amparadas por la Constitución y la Ley”, concluyeron.

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