La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, y en articulación con la Policía Nacional, puso en evidencia a tres redes delictivas que harían parte de un entramado ilegal involucrado en la extracción, refinamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos.

Inicialmente, en Girón y Barrancabermeja (Santander), fueron capturados cinco presuntos integrantes de una organización señalada de apoderarse del crudo mediante la instalación de válvulas al oleoducto Caño Limón – Coveñas, en Tibú (Norte de Santander); y coordinar el traslado en vehículos cisterna, los cuales transitaban con guías y manifiestos de carga falsos.

Entre los detenidos está Albaneris Pérez Garavis, alias La Patrona o La Mona, quien sería la encargada de financiar toda la actividad ilegal y de proveer altas sumas de dinero a las estructuras del ELN que tienen injerencia en la región.

Los demás son conductores que estarían involucrados en distintos eventos en los que llevaron combustible hurtado de Norte de Santander a Cundinamarca y otros departamentos del país. Estas cinco personas, según el posible rol ejercido, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; y receptación.

Adicionalmente, a alias La Mona le fue imputado el delito de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Componente empresarial

Otro de los eslabones de la cadena criminal está conformado por varias empresas que, desde 2021 hasta mediados de mayo último, habrían utilizado personerías jurídicas, permisos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las cámaras de comercio para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, y la comercialización de hidrocarburos.

Según los elementos de prueba, estas empresas tendrían vínculos estrechos con las otras redes delictivas y, al parecer, servían para dar apariencia de legalidad al combustible obtenido irregularmente del oleoducto Caño Limón – Coveñas, procesarlo y ponerlo en las costas del Caribe para comercializarlo. Por estos hechos fueron presentadas ante jueces de control de garantías tres personas e imputadas, según la posible participación, por los delitos de concierto para delinquir agravado, receptación de hidrocarburos y falsificación de documento privado.

Los investigados

Omar Enrique Morales Bobadilla, director financiero de una compañía de petróleos señalado de preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo hurtado fuera apto para la comercialización.

Maira Janeth Medina Flórez, representante legal de una empresa que, presuntamente, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslado de los combustibles.

Catalina Quintero Rincón, quien sería la encargada de administrar y gestionar permisos, y de tramitar la documentación ante las autoridades estatales para adquirir químicos con el fin de realizar la transformación del crudo para su posterior comercialización.

Aparato logístico

Finalmente, fueron capturadas seis personas que harían parte de una organización a la que se le atribuye la expedición de los documentos falsos, el almacenamiento y transporte del hidrocarburo extraído ilícitamente del oleoducto de Caño Limón – Coveñas, en el sector de astilleros, en inmediaciones de Cúcuta (Norte de Santander).

La investigación indica que este grupo habría intervenido las líneas de transferencia de los pozos de explotación y extracción del crudo. Luego, a través de vehículos cisterna, enviaban el combustible a centros de acopio en Ocaña (Norte de Santander), Aguachica (Cesar), Barrancabermeja (Santander) y Madrid (Cundinamarca).

La Fiscalía imputó a los seis capturados, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir, uso de documento falso; y receptación de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan.

Los procesados

Catalina Quintero, administradora de una planta de asfalto en Barrancabermeja (Santander) señalada de facilitar la adquisición y acopio del crudo.

Flor Mary Triviño Yopasa, propietaria y administradora de un parqueadero donde se hacía el cargue del hidrocarburo hurtado.

John Alejandro Acosta Chacón, presunto coordinador logístico.

Luis Andelfo Contreras, estaría involucrado en la obtención de manifiestos de carga falsos para amparar el transporte del combustible.

José Javier Ocampo San Juan y Elkin Orlando Gómez Álvarez, conductores.

Golpe al patrimonio ilícito

De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, ocupó 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes del andamiaje ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos.

Se trata de 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio, los cuales fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.

Los predios, avaluados en más de 1,3 billones de pesos, están ubicados en Barranquilla y Galapa (Atlántico); Chivatá (Boyacá), Cartagena (Bolívar); Flandes, Espinal y Lérida (Tolima); Chía y Madrid (Cundinamarca); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y Bogotá.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes.