Sesenta años tuvieron que pasar para que funcionara la Comisión de Instrucción y Juzgamiento del Senado de la República, hermana mayor de la tristemente célebre Comisión de Acusaciones de la Cámara, o Comisión de “Absoluciones” como se le conoce popularmente debido a la inoperancia y la reinante impunidad que habita en su recinto.

Seis décadas pasaron hasta que el Senador casanareño Jorge Prieto Riveros le devolvió la seriedad a la mencionada Comisión en un caso de corrupción que tiene que ver con 24.000 millones de pesos de las arcas del departamento de Casanare.

Cuando el entonces Presidente del Senado de la República, Luis Fernando Velasco, anunció el arribo del proceso en contra del Magistrado Jorge Pretelt a esa célula legislativa, la confusión en cuanto al procedimiento que se debía seguir fue casi absoluta en el recinto de la Plenaria. Fue entonces cuando se dio la primera intervención del Senador Prieto en el caso, dándole claridad jurídica a sus colegas sobre los pasos a seguir en el histórico juicio.

Desde el inicio del proceso en el Senado, el Partido Centro Democrático intentó la dilación y los mecanismos para viciar el proceso. Quisieron concederle la palabra al abogado defensor el primer día; quisieron la intervención a la brava del Procurador; pretendieron que el expediente solo lo conociera el Senador instructor, José Obdulio Gaviria, y que los demás opinaran fundamentados únicamente en el análisis de él.

El poder que tenía el Partido uribista dentro de la Comisión era bastante importante, 3 de 7 miembros, que se hicieron sentir con su teoría de que el Magistrado Pretelt era un perseguido político de las toldas Santistas. Otros 3 miembros eran de la Bancada de Gobierno, lo cual dejó la responsabilidad de decisión al Senador de la Alianza Verde, Jorge Prieto.

Los debates jurídicos fueron juiciosos y prolongados durante varias sesiones hasta llegar a la conclusión de votar negativamente la ponencia de nulidad del caso propuesta por el Senador Gaviria, y recomendar a la Plenaria votar por la suspensión del cargo al señor Pretelt y la declaración de indignidad para darle curso al proceso penal en la Corte Suprema de Justicia.

Es precisamente esa decisión del Senador Prieto la que le devolvió algo de honorabilidad al Senado de la República, la que demostró cómo el Congresista casanareño hace respetar a su departamento, y cómo la justicia no es solo para los de ruana. De hecho, es con este caso que empiezan a destaparse los grandes escándalos de corrupción en las altas Cortes.

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