La Fiscalía investiga autorizaciones para captar agua entregadas por autoridades de Casanare a petroleras, ganaderos, arroceros y palmicultores.

En grupo de agentes del CTI fue comisionado de manera especial para adelantar la investigación por los daños ambientales en el departamento del Casanare con fiscales de la Unidad de Delitos contra los Recursos Naturales, quienes inicialmente adelantaron una inspección judicial a la sede de Corporinoquia en busca de documentos y pruebas tras las denuncias sobre supuesta captación de fuentes hídricas por parte de empresas dedicadas a la búsqueda y extracción de petróleo en esta región.

En el marco de esta diligencia los fiscales escucharon en entrevista a varios funcionarios de ese organismo y solicitaron documentación relacionada con autorizaciones entregadas a empresas privadas para explotación de recursos naturales.

Los fiscales de la Unidad de Delitos contra los Recursos Naturales también citaron a diligencia de entrevista al gobernador, Marco Tulio Ruiz, para que explique qué medidas se adoptaron luego de las alertas tempranas que emitieron las entidades de vigilancia y control sobre el anuncio de sequía que amenazaba el departamento.
El alcalde de Paz de Ariporo, Édgar Bejarano, ya rindió su versión ante los fiscales.

Las diligencias buscan determinar la responsabilidad de empresas petroleras, pero también de arroceros, ganaderos y palmeros, en una supuesta captación ilegal de fuentes hídricas.

Junto a los fiscales, un grupo de cartógrafos, ambientalistas, ingenieros, camarógrafos, antropólogos y geólogos, viajaron también para recolectar las pruebas en esta investigación, que bien apunten a la hipótesis de la Fiscalía que responsabilizan a las empresas de petróleo o por el contrario al cambio climático.