Con información de Semana.com

Una peligrosa banda de sicarios integrada por 14 miembros conocida como los ‘Carelocos’ que delinque en Bogotá, fue dejada en libertad por error de una jueza el pasado viernes.

Esta organización dedicada al sicariato trabajaba bajo el mando de Alexander Urbina, ‘Careloco’, un reconocido lugarteniente de ‘Martín Llanos’, el otrora jefe paramilitar de los Llanos Orientales.

Aunque ‘Careloco’ está preso en la cárcel La Picota de Bogotá, los investigadores de la Policía encontraron que este hombre seguía delinquiendo desde allí y mantenía contacto con varios miembros de la organización, entre ellos ‘Boyaco’ y su compañera sentimental, ‘Paola’. Ambos quedaron en libertad. Al hombre se le señala de ser uno de los sicarios de la banda y, a la mujer, de hacer los cobros por los “trabajos”.

La investigación hecha por integrantes de la Sijín y la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía encontró que esa peligrosa organización es responsable de la muerte de Óscar Ricardo Casas, abogado del fallecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza.

En el portafolio también aparece el asesinato de otro jurista, Julio Walteros, quien defendió a Deyanira Martínez, una joven mujer violada por cinco individuos en un hecho ocurrido en 2 de diciembre del 2012 en Meta.

En los cientos de folios contra la banda que tenía listos la Fiscalía para lograr imputarles cargos, también están los asesinatos en contra de un campeón de coleo en Meta José Chaparro, la muerte de dos estilistas en el sur de Bogotá. Además, un atentado ocurrido en una caballeriza que dejó seis personas heridas, entre ellas un niño que quedó parapléjico. El hecho ocurrió en septiembre del 2014 en Villavicencio.

En libertad

Por aparentes errores de procedimiento, la juez cuarta con función de garantías Aura Luz Forero, dejó en libertad a los 14 miembros de la banda, responsable de al menos 15 muertes en los últimos meses, no sólo la capital del país, también algunas zonas de Meta, Guaviare y Cundinamarca.

Lo hizo al considerar que estaban vencidos los términos de ley para la legalización. Es decir, en las 36 horas posteriores a los allanamientos, no se pudo completar la legalización.

La decisión dejó atónitos a todos los intervinientes en la sala de audiencias. Y no era para menos, no sólo quedaban en libertad los 14 integrantes de la banda, también se habían perdido tres largos años de interceptaciones, seguimientos, además de importantes recursos para que se pudieran realizar las capturas y los allanamientos. También se perdió la inversión para movilizar personal de la Policía y a los capturados que veían de otras ciudades.

La decisión de la jueza cuarta de garantías fue considerada por parte de la Fiscalía y los representantes de la Procuraduría un fatal “error de cálculo”, por el tiempo que había transcurrido en la audiencia. También desconoció, aparentemente, la peligrosidad de los presuntos delincuentes.

Las autoridades determinaron que en esa organización existía un gran nivel de especialidad y sevicia. Por las interceptaciones y los seguimientos, la Policía encontró que en varias ocasiones los sicarios se rifaban quién cometería el asesinato. También que usaban ‘campaneros’, especialmente mujeres, para certificar que la víctima había muerto y en dónde le propinaron los impactos.