El Tribunal Administrativo de Casanare declaró responsable a la Nación específicamente al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía por los daños y perjuicios de tipo sicológico y cultural causados a 18 niños indígenas de caño Mochuelo por la destrucción de una pista aérea en una operación militar.

La Acción de Grupo fue respaldada por la Defensoría del Pueblo que ejerció la representación judicial del resguardo indígena de Caño Mochuelo, quien argumentó que una vez realizada la inspección judicial en la comunidad de Morichito, se evidenció un daño de carácter diferencial sobre los diez pueblos indígenas de esta comunidad y particularmente sobre el pueblo Sáliba, como consecuencia de la incursión indebida en el territorio indígena para el desarrollo de una operación militar que terminó destruyendo una infraestructura indispensable para la supervivencia de la población indígena, como lo era una pista aérea de carácter civil.

En la inspección realizada además evidenciaron limitaciones sobre la comunidad, debido a las propias dificultades metodológicas y tecnológicas que tiene este tipo de procedimientos y la existencia de una barrera lingüística en comunidades y autoridades indígenas que dificulta la cabal comprensión de conceptos complejos propios de la tradición jurídica occidental, como lo es la noción de daño moral.

En consecuencia el Tribunal ordenó como medida restaurativa, la realización de un acto público estatal de explicación de la actividad realizada por parte de la Fiscalía y de las Fuerzas Militares, del Ministerio de Defensa y los Comandantes de la Décimo Sexta Brigada del Ejército y del Grupo Aéreo de Casanare con invitación al Ministerio de Interior (Dirección de Asuntos Indígenas) la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Casanare, así como el Alcalde de Hato Corozal, donde se explique sobre la normatividad colombiana en materia de construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de pistas o aeródromos en el territorio nacional.

También, deberá exponer sobre la obligatoriedad de la normatividad anterior en territorios indígenas y deberá dar una explicación clara sobre el procedimiento adelantado, aclarando que en ningún momento se trató a la comunidad Sáliba de narcotraficantes, grupos al margen de la ley o colaboradores de ellos.

Además, deberán expresar su reconocimiento frente al Gobierno Indígena de los pueblos del Resguardo de Caño Mochuelo y de su integridad física del territorio que ellos habitan.