Las autoridades competentes deberán definir el sitio en donde se hará legalización y mantenimiento de la pista terrestre que facilita el apoyo humanitario a las comunidades indígenas de esta zona del Departamento.

Los indígenas manifestaron que el Estado se equivocó y que su comunidad no tiene relación con asuntos de narcotráfico, que fue el argumento con el que la Fuerza de Tarea Ares, bombardeo el único medio de acceso al alejado territorio indígena.

Los hechos se originaron el 3 de marzo del 2013 cuando se presentó una intervención por parte de la Fuerza de Tarea Ares que inhabilitó la pista terrestre ubicada en Morichito, territorio indígena del resguardo Caño Mochuelo, bajo órdenes, según se certificó en dicha sesión, de la Fiscalía General de Nación - Unidad Antinarcóticos.

A consecuencia de la operación, se desencadenó un conflicto entre la comunidad y la Fuerza Pública que ejecutó la operación, situación que requirió de la intervención de la Gobernadora de Casanare y el Secretario de Gobierno de la época, ante quienes, como garantes, se suscribió un acta de compromiso frente a la aclaración de los hechos y la reparación a que hubiere lugar, puntos que hasta entonces habían sido dilatados por los organismos de Estado comprometidos.

En respuesta a la convocatoria realizada por la Secretaria de Gobierno Departamental, Marlene Gutiérrez Oropeza, se realizó en Yopal una sesión de alto nivel, con el propósito de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre la Fuerza Aérea Colombiana y las comunidades indígenas de Caño Mochuelo, asentadas en jurisdicción del municipio de Hato Corozal.

Ante las reiteradas solicitudes del Gobierno Departamental, concurrieron a la mesa además de los representantes de la comunidad indígena, el Gobernador del cabildo Caño Mochuelo y el capitán de la comunidad de Morichito, los delegados del Ministerio de Defensa Nacional, un representante del comandante General de las Fuerzas Militares, el comandante de la Brigada 16 del Ejército, el Representante de la Fuerza de Tarea Ares, el delegado de la Aeronáutica Civil, delegada del Ministerio del Interior, la Procuradora Regional, el Defensor del Pueblo y la Secretaria de Gobierno del municipio de Hato Corozal.

Se definió la realización de una visita al área con la presencia de las autoridades competentes para definir el sitio en donde se hará legalización y mantenimiento a la pista terrestre que facilita el apoyo humanitario a las comunidades indígenas de esta zona del Departamento.

Al mismo tiempo, el delegado de la Aeronáutica Civil, a solicitud de la secretaria de gobierno, Marlene Gutiérrez Oropeza, asumió el compromiso de enviar el listado de pistas registradas en Casanare, así como los requisitos para acceder al reconocimiento legal.

De otra parte, el Ministerio de Defensa asumió el compromiso de apoyo a la comunidad en coordinación con las diferentes instancias del Estado encargadas de la atención social integral a la comunidad.