Esta madrugada quedaron libres, Rodrigo Tadeo Flechas, ex Jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare y Cristian Gómez Mejía, Gerente de Ingecol e integrante de la unión temporal Megapaz, encargada de la construcción de un “Megacolegio” en Paz de Ariporo.

Hacia las 2:45 a.m. la Juez decidió negarle a la Fiscalía la petición de detención intramural en establecimiento carcelario y apenas fijó una restricción a los imputados para salir el país.

El desarrollo de la Audiencia

Al ex Jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación, Rodrigo Tadeo Flechas, se le imputaron los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión. A Cristian Gómez Mejía, se le imputaron peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno de los imputados aceptó cargos.

La Fiscalía solicitó detención en establecimiento carcelario para Flechas y Gómez, argumentando que haber contratado de manera irregular el Megacolegio en Paz de Ariporo, no permitió que miles de jóvenes accedieran a la educación y que eran un peligro para la sociedad ya que si seguían libres aún podrían celebrar contratos similares a los incumplidos en donde hasta falsificaron documentos, lo que ameritaba la privación de la libertad, solicitud que fue negada por el juez y lo único que les prohíbe es salir del país.

El Contrato fue suscrito el 11 de febrero de 2011 por Rodrigo Flechas Ramírez como Jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare y Orlando Sanabria Mejía, en representación de la Unión Temporal Megapaz.

La Unión temporal Megapaz fue constituida por 4 empresas, cuyo Representante Legal era el señor Cristian Gómez Mejía.

La captura fue motivada por una denuncia penal presentada en la fiscalía General de la Nación el 01 de julio de 2014 donde se indicaba que al señor Cristian Gómez gerente de Ingecol se le venían entregando numerosos contratos por parte de la Gobernación, dentro de los cuales se encontraba el contrato 0210 de 2011 el cual tenía como objeto la construcción de “Megacolegio” en el municipio de Paz de Ariporo, por un monto de $9.449’879.221 millones de pesos y del cual se le hizo un adelanto del 50% pese que en el contrato se establecía un adelanto de solo el 40%; policía judicial logró establecer que dichas obras presentaban numerosas falencias en lo que tiene que ver con planos o diseños, fallas estructurales, servicios públicos entre otros.

La fiscal Aleyda Rendón Triana, reseñó que con el acervo probatorio se comprobaba que se había formado una empresa para delinquir, pues con el cambio periódico de representantes legales y de razón social pretendían camuflar su actividad, entre otros se mencionaba al señor Orlando Javier Sanabria Mejía, Representante legal Unión Temporal Megapaz, que en algunos contratos aparecía como simple contratista por prestación de servicios y en otros como representante legal.

Dentro de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, se exponían algunas irregularidades en el contrato 0210 de 2011 como, por ejemplo, que la construcción del “Megacolegio” se hizo a menos de mil metros de una laguna de oxidación de aguas residuales motivo por el cual Corporinoquia negó el permiso. Que los diseños fueron improvisados y que el mismo interventor de la obra informó en su momento a la administración para la suspensión de las obras, por tan evidentes irregularidades, pero como ya se había realizado el 50% del adelanto y el Consorcio ya había hecho uso de estos recursos, solo quedaba continuar y presionar al contratista para la ejecución de las obras. Que los contratistas no contaban con los recursos financieros para la ejecución. No se habían planeado aspectos tan básicos como permisos para los servicios públicos. Que el señor Rodrigo Flechas, tenia pleno conocimiento de estas irregularidades y aun así firmó el contrato y efectuó los pagos, entre otras pruebas.

Por su parte, el representante del ministerio público, Procurador Rafael Nevardo Sánchez, solicitó que se declarara ilegal la captura, puesto que en la orden no se expresaba en forma clara y sucinta los motivos de la captura; argumento que secundaron los abogados defensores pero que no fue tenido en cuenta por el Juez, ya que las ordenes de captura habían sido expedidas por un juez de control de garantías al que la Fiscalía había presentado y expuesto previamente las pruebas necesarias; lo que generó una vehemente reacción por parte del Procurador, reiterando los reparos a las ordenes de captura.