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Aerocivil deberá pagar $22 millones en litigio con contratista que intervino tres aeropuertos, entre ellos el de Yopal

 El Consejo de Estado estableció que el incumplimiento del contrato para la construcción de las torres de control de los aeropuertos El Alcaraván de Yopal (Casanare), Antonio Roldán Betancur de Carepa (Antioquia), y Alfonso López Pumarejo de Valledupar (Cesar) exige que la Aeronáutica Civil debe pagarle 22 millones de pesos al consorcio Torres y no los 380 millones en los que ese organismo lo había calculado.

En agosto del 2001 estas entidades celebraron un contrato para la intervención de estas tres terminales aéreas. Al liquidar el convenio, el concesionario responsable de las obras indicó que incurrió en varios sobrecostos que, a su juicio, debían ser asumidos por la Aerocivil. De ahí que interpusiera una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aduciendo que la entidad contratante había incumplido en varios aspectos el contrato.

Ese Tribunal indicó que la demandada solo estaba en el deber de asumir los valores adicionales que debió invertir la contratista por concepto de diseños hidráulico y sanitario; eléctrico; aire acondicionado y el rediseño estructural por cambio en la altura de los entrepisos y la condenó a pagar poco más de 22 millones de pesos.

El consorcio Torres apeló esta decisión, en busca de que el Consejo de Estado reconociera la totalidad del valor reclamado por los sobrecostos de la obra que, a su juicio, eran atribuibles a la entidad que lo contrató. A su juicio, la ejecución varió el objeto del contrato al haber incluido como obligación del contratista consultoría, estudio y diseño de las obras.

El Consejo de Estado sostuvo que no se había producido ninguna variación en el contrato, porque los diseños y estudios de las obras debían correr por cuenta del contratista. Indicó que si bien la Aerocivil debía cubrir algunos sobrecostos, los relacionados con el cambio de diseño estructural debieron ser calculados en una proporción menor a la establecida en el fallo de primera instancia. La alta corte modificó la condena que, actualizada, suma 22 millones de pesos.



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