Otra etapa del juicio contra los responsables de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en Casanare, tuvo lugar en Yopal con dos audiencias dirigidas por el magistrado Roberto Vidal, junto a los magistrados Ana Manuela Ochoa, Zoraida Chalela y Juan Ramón Martínez, en la que tanto los implicados, como las víctimas y sus representantes, presentaron sus observaciones sobre la Resolución de Conclusiones n°. 5, que puso fin a la investigación y dio paso al juicio que conducirá a la emisión de la sentencia.

La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz es la instancia que, tras la emisión de la Resolución de Conclusiones asume el conocimiento del subcaso frente a los comparecientes que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad. Es la encargada de desarrollar el juicio, emitir la sentencia e imponer las sanciones. En esta etapa se evaluó la coherencia entre los hechos investigados, las conductas reconocidas, las pruebas recaudadas, las calificaciones jurídicas, las responsabilidades atribuidas y las propuestas de Sanción Propia.

El jueves, durante la primera jornada, las víctimas expusieron sus demandas de verdad y reconocimiento frente a los hallazgos y verdades que arrojó la investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, y los comparecientes también intervinieron ante la sección para referirse a sus compromisos y contar cómo ha sido su evolución en el proceso judicial desde que la JEP abrió el caso 03.

En la jornada del viernes 24 de abril, la Audiencia de Observaciones del Subcaso Casanare se centró en lo que sigue en el proceso: las víctimas, los comparecientes —integrantes de la fuerza pública, un exagente del DAS y dos civiles— y sus representantes intervinieron para exponer sus expectativas frente a esta etapa del juicio, orientadas a presentar observaciones sobre las propuestas de Sanción Propia, las medidas restaurativas y los compromisos de los comparecientes, así como a plantear necesidades y aportes para el desarrollo del proceso en adelante.

La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó en la Resolución de Conclusiones n°. 5 que, en la Brigada XVI, a la que pertenecían los 22 comparecientes, se configuró una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para cometer estos hechos. En ese marco, los comparecientes actuaron como parte de esa estructura, que se apartó de las normas constitucionales, legales y operacionales para ejecutar asesinatos de civiles indefensos y presentarlos ilegítimamente como bajas en combate entre 2005 y 2008, en Casanare.

El magistrado Roberto Vidal señaló que la sección “tomó atenta nota de las observaciones presentadas por víctimas, comparecientes y sus representantes” y explicó que estas constituyen la base del trabajo de correspondencia que debe realizar la magistratura en esta etapa del proceso. Dijo que este análisis implica “un examen exhaustivo del trabajo que hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad en la fase de investigación”, en el que se revisarán “con cuidado las pruebas, las imputaciones, los nombres de los delitos y de los crímenes que se cometieron”, incorporando además “todas las observaciones que, de manera verbal y por escrito, los representantes de las partes han hecho llegar”.

Asimismo, señaló que el despacho relator mantendrá una comunicación “fluida y directa con víctimas y sus representantes, comparecientes y sus representantes” durante el desarrollo del juicio, con el fin de avanzar en este examen de correspondencia y en la producción de la sentencia que cerrará el caso, definirá responsabilidades e impondrá las sanciones.

Vidal añadió que la labor de la sección no termina con la sentencia, sino que se extiende en el tiempo como parte del modelo restaurativo. Explicó que, tras emitir la decisión, la sección asumirá el rol de juez de ejecución: “Nos convertimos en jueces de ejecución de las sanciones”, lo que implica hacer seguimiento al cumplimiento de las sanciones propias. Indicó que este acompañamiento se desarrollará durante los años en que los comparecientes ejecuten sus sanciones y se implementen los proyectos restaurativos junto a las víctimas. En ese proceso, la sección será responsable de verificar que estas medidas contribuyan efectivamente a la reparación y a la reconciliación.

En su intervención, Daniel Felipe Bernal, vocero de las víctimas, exigió verdad, justicia y memoria para las familias que han perdido a sus seres queridos durante el conflicto armado en Casanare. Dijo, recordando lo dicho por otra víctima, que “las personas que se oponen a la paz son las que vieron la guerra por televisión”. Además, pidió que se garantice, por parte de las autoridades, el ejercicio de la verdad. Señaló que estas garantías son fundamentales para el proceso: “Una víctima sin garantías es una víctima que no puede hablar (…), es una víctima revictimizada”, y subrayó que la construcción de verdad exige condiciones efectivas que permitan la participación sin miedo. Frente a ello, el magistrado Roberto Vidal indicó que la sección estará atenta “para tomar las medidas que sean necesarias” frente a las situaciones de riesgo, y recordó que la construcción de paz “pasa por la justicia y la memoria”. En ese contexto, Bernal también destacó la importancia de la memoria como eje del proceso y planteó la necesidad de consolidar una Universidad de la Memoria en el territorio. “La paz también es memoria, también es educación”, afirmó, e insistió en que estos espacios deben permitir que lo ocurrido sea conocido y comprendido por las nuevas generaciones. Indicó que estos procesos no pueden ser meramente simbólicos: “La memoria no es un museo para llorar (…), es una herramienta para que lo que vivimos no se repita”.

En la audiencia participó la víctima acreditada Jacobo Rivera. Destacó el valor de las iniciativas restaurativas como un camino para reconstruir dignidad y avanzar en la reconciliación. “Nada devuelve al ser querido (…), pero si no empezamos a ver la luz al final del túnel, nos vamos a quedar en la oscuridad”, afirmó. Dijo además que, en su caso, el reconocimiento de la verdad y el perdón han sido parte de su proceso: “Tuve una segunda oportunidad (…) y concedí ese perdón”. Rivera presentó una propuesta concreta orientada a la transformación del territorio: convertir un espacio al interior de la Brigada XVI, con sede en Yopal, en un lugar de memoria y restauración. “Permítannos (…) transformar un espacio (…) para rendir homenaje eterno a las víctimas”, planteó, como una iniciativa que articule memoria, educación en derechos humanos y atención a las víctimas.

Por su parte, Wilmer Andrey Pérez, víctima acreditada por la JEP, enfatizó en la necesidad de que las propuestas restaurativas respondan directamente a las demandas de las víctimas. Insistió en la importancia de consolidar la Universidad de la Memoria como una apuesta prioritaria del territorio y planteó la posibilidad de avanzar en un parque de memoria que contribuya a la restauración y a la no repetición. Señaló que estas iniciativas deben construirse desde las víctimas. Dijo además que estos proyectos deben traducirse en acciones concretas que fortalezcan la memoria, la dignidad y la reparación en Casanare. Adicionalmente, Wilmer Andrey abordó un punto clave en materia de reparación simbólica: las medallas otorgadas a comparecientes por hechos que hoy se reconocen como crímenes. Señaló que estas condecoraciones, entregadas en su momento como “resultados operacionales”, carecen de legitimidad frente a las víctimas y requieren una revisión institucional. Planteó que su tratamiento debe ser coherente con el proceso de verdad y responsabilidad: que sea el propio Ministerio de Defensa quien asuma una decisión sobre estas medallas, ya sea retirándolas o resignificándolas, como un acto que reconozca la gravedad de lo ocurrido y contribuya a la dignificación de las víctimas.

En el espacio de los comparecientes, Orlando Rivas Tovar, quien fue director de la seccional del DAS en Casanare, reiteró su compromiso con el esclarecimiento de la verdad y la reparación, destacando el trabajo que se ha venido realizando con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Señaló que su aporte se centra en facilitar la lectura de archivos clasificados del DAS y en aportar información clave para la localización de cuerpos desaparecidos. Indicó que este trabajo busca “romper el silencio institucional” y contribuir a la reconstrucción de lo ocurrido, así como avanzar en procesos de memoria, reconocimiento y búsqueda que permitan aliviar el sufrimiento de las familias y aportar a la reconstrucción del tejido social. Adicionalmente, Rivas planteó una propuesta orientada al desarrollo de proyectos restaurativos en el territorio. Señaló la posibilidad de gestionar un predio ubicado en Aguazul, Casanare, de aproximadamente 60 a 70 hectáreas, actualmente en proceso de disposición por parte del Estado, para ponerlo al servicio de iniciativas creadas de la mano de las víctimas. Indicó que en este espacio podrían desarrollarse proyectos productivos, de vivienda, formación y memoria, en articulación con entidades como el SENA, como una forma de materializar acciones restaurativas en el territorio y avanzar en la reparación con impacto real.

El compareciente Faiber Alberto Amaya reconoció por su parte el daño causado y destacó el papel de las víctimas en este proceso. “Es incalculable, es irreparable el daño que nosotros les hemos hecho”, afirmó, y agregó que, aunque continúen trabajando durante años, eso no será suficiente para reparar lo ocurrido. Señaló que su presencia responde a un compromiso sostenido con la verdad y la reparación: “No somos ajenos a nuestra responsabilidad (…), estamos acá y continuaremos acá”, y destacó que han escuchado con atención las propuestas de las víctimas, manifestando su acuerdo con iniciativas como la Universidad de la Memoria como una apuesta para transformar el territorio y alejar a las nuevas generaciones de la guerra. En ese sentido, reiteró su disposición a contribuir de manera concreta en los procesos restaurativos: “Queremos empuñar una herramienta (…) para construir el presente y el futuro”, expresó, al insistir en que, mediante el trabajo conjunto, es posible sacar adelante proyectos como la universidad, espacios de memoria y otras iniciativas que permitan que estos hechos no se repitan.

Alexis Duarte Torres, secretario de Desarrollo Económico de Casanare, intervino durante la audiencia y reiteró el compromiso institucional del departamento con el proceso. Señaló que esta etapa debe traducirse en medidas concretas: “Las Sanciones Propias y los proyectos restaurativos deben estructurarse bajo criterios técnicos que garanticen la pertinencia territorial”, afirmó. Mencionó además la disposición del gobierno departamental para acompañar la implementación de las sanciones y destacó el alcance de este momento: “Este proceso no solo implica el cumplimiento de una decisión judicial, sino la oportunidad de generar transformaciones reales en el territorio”, dijo al referirse a la reparación y la no repetición en Casanare.

Seguidamente, Johana Astrid Medina Peña, directora regional del SENA en Casanare, destacó el papel de la entidad en el acompañamiento a los procesos restaurativos en el territorio. “El SENA tiene dentro de su misión la formación (…) orientada a brindar herramientas para la inserción en el mercado laboral y el fortalecimiento de los proyectos de vida”, afirmó. Señaló además la disposición institucional para aportar a este proceso: “Ponemos a disposición todo nuestro portafolio (…) para trabajar de la mano con ustedes”, expresó, y agregó que estas acciones buscan “seguir generando impacto y contribuir a la reparación desde la formación, el emprendimiento, el trabajo y las nuevas oportunidades”.