El Gaula Militar Casanare, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, logró la captura en flagrancia de un hombre y una mujer, por el delito de secuestro extorsivo. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Pedro Antonio Orozco, mientras que Johana Katerine Cortés Murillo, fue cobijada con una medida domiciliaria.

 La pareja retuvo contra su voluntad al interior del hotel Castillo Real. Los hechos investigados se iniciaron el día 10 de mayo de este año, cuando la víctima, un vendedor de material didáctico, fue contactada por una red social para que viajara desde el Putumayo hasta Yopal, a mostrar los productos que ofertaba. 

El 25 de mayo, cuando el comerciante llegó al hotel, fue notificado de su secuestro. Los capturados habrían intimidado a la víctima y realizado llamadas telefónicas exigiendo la suma de once millones de pesos ($11.000.000) a cambio de no atentar contra su integridad física, según estableció la unidad élite del Ejército especializada en la prevención e investigación del secuestro y la extorsión.

El retenido logró dar aviso de su situación y servidores del Gaula del Ejército Nacional llegaron hasta el lugar para dar captura en flagrancia a los dos investigados. Las labores de policía judicial evidenciaron que los imputados también se habrían apropiado de más de un millón de pesos en efectivo que la víctima tenía en su billetera al momento del secuestro.

Gracias a la reacción oportuna y a las labores desarrolladas por las unidades del Gaula Militar Casanare, se logró el rescate de la víctima y la captura inmediata de los presuntos responsables.

Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado, cargos que no fueron aceptados por los procesados.

El secuestro extorsivo es uno de los delitos con los castigos más severos del sistema judicial. Según el Artículo 169 del Código Penal Colombiano, las consecuencias legales por este crimen incluyen cárcel y multas de alto valor económico. La pena base va de 26 años y 6 meses hasta 41 años y 6 meses de prisión (equivalente a un rango aproximado de 320 a 500 meses). El culpable debe pagar entre 5.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena de prisión sube significativamente y puede llegar hasta los 60 años de cárcel en casos con agravantes: Si la víctima es un menor de edad, una mujer embarazada, una persona mayor de 65 años o alguien enfermo. Si el delito lo comete un servidor público o un miembro de la fuerza pública. Si se usa la crueldad, tortura o violencia física y psicológica contra el secuestrado. Si la víctima es retenida por más de 15 días.