La trazabilidad del vehículo utilizado en el atentado contra el peaje de Villanueva, se convirtió en una de las principales líneas de investigación de las autoridades. 

Según lo informado por el gobernador del departamento, César Ortiz Zorro, el alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaino y el Comandante de la Brigada 16 al término de un consejo de seguridad, los registros de las cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir parte del recorrido del carro, cuyas placas estarían asociadas a otro vehículo y habrían sido objeto de una presunta clonación. De acuerdo con la información oficial preliminar, el automotor habría ingresado al departamento el 19 de octubre.

La ruta identificada por los sistemas de vigilancia comenzó en el sector de Paz de Ariporo y continuó por La Chaparrera y Yopal, antes de que se desplazara hacia Villanueva, donde fue utilizado en el atentado.

Las autoridades también indicaron que el automotor habría realizado recorridos adicionales por Yopal y regresado hacia La Chaparrera antes de continuar su trayecto al sur del departamento. La revisión de las placas y las imágenes permitió establecer que el vehículo inicialmente era de color rojo y posteriormente habría sido modificado a negro, un detalle que ahora forma parte del análisis investigativo.

Uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores es si el carro transportaba explosivos durante todo el recorrido o si fue acondicionado posteriormente. Según las declaraciones entregadas tras el consejo de seguridad, la hipótesis de inteligencia apunta a que el vehículo habría tenido como posible objetivo inicial una instalación militar o policial, pero, al no concretarse ese plan, habría sido dirigido contra el peaje de Villanueva. Las autoridades señalaron que el artefacto contenía más de 120 kilogramos de explosivos y elementos de metralla. La explosión dejó cinco personas heridas, quienes, según el reporte oficial, presentaban lesiones leves.

Frente a estos hechos, las autoridades atribuyeron preliminarmente la responsabilidad a integrantes de la estructura José David Suárez del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como una posible retaliación por operaciones adelantadas por la Fuerza Pública. Sin embargo, la responsabilidad deberá establecerse dentro de la investigación judicial. La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables, mientras se reforzarán los controles en los accesos y salidas de Yopal y Villanueva para prevenir nuevos hechos violentos.