Familias sobrevivientes a la masacre de Mapiripán podrán recuperar los predios que debieron abandonar por causa de la violencia
Por Prensa URT
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó, ante jueces de la República, solicitudes de restitución que buscan favorecer a familias sobrevivientes de la masacre de Mapiripán, cometida por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 15 y el 20 de julio de 1997.
Los predios solicitados en restitución corresponden a inmuebles ubicados en el casco urbano del municipio que, con base en la recolección de información y reconstrucción de los hechos, así como en las pruebas aportadas, se esperan sean devueltos a sus legítimos dueños. Cabe resaltar que ambos reclamantes deberán contar con protección especial por ser personas de la tercera edad.
Desde la simbólica aprobación para su intervención, la Unidad de Restitución de Tierras ha trabajado fuertemente para lograr que la justicia llegue a este municipio golpeado por la violencia. Varios reclamantes, un agricultor y un docente, serían los beneficiados.
Una de las demandas, atendiendo al principio de igualdad en el proceso de restitución, contiene entre sus pretensiones que, como solicitud especial, se tenga en cuenta el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el segundo ocupante. Lo anterior, debido a que, dentro del proceso administrativo adelantado por la Unidad, se constató que se trata de una víctima de desplazamiento forzado. Al respecto, se solicita al juez ordenar a la Defensoría del Pueblo regional Meta la designación de un defensor para que actúe en representación del opositor.
Los segundos ocupantes y la reconciliación
Para el caso de Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras ha procedido de manera especial y cuidadosa, respetando el debido proceso y las garantías de acceso a la justicia de ambas partes: solicitantes y parte opositora. Entre las acciones puestas en marcha por la URT se encuentran el traslado de solicitantes vía área con apoyo de la Fuerza Pública y el desplazamiento de abogados especializados para la atención de la población que se encuentra en el municipio.
También se resalta el acuerdo hecho con la Defensoría para que los segundos ocupantes puedan presentar su escrito de oposición. Esto permite adelantar trabajos para reparar a las víctimas sin excluir a los opositores vulnerables.
Para la directora territorial de la URT en Meta, Andrea Lizcano Noguera, el proceder de la Unidad en este caso es un ejemplo de construcción de paz y reconciliación. “Hemos tratado de concertar la situación con ambas partes. Mapiripán ha sido un municipio que ha recibido muchas víctimas, por lo que la mayoría de los segundos ocupantes también son vulnerables. Somos conscientes de su condición y hemos facilitado los mecanismos de acceso a la justicia para ambas partes. Se va a amparar el derecho del solicitante, pero también se está reconociendo la condición de víctima del opositor. Esto es otro avance en el proceso de justicia transicional, civil y agraria que busca traer la paz al país.”
A 17 años de la masacre de Mapiripán
Por su importancia económica y estratégica, tanto en el casco urbano como en las áreas rurales, Mapiripán ha tenido que soportar la presencia de diversos grupos armados ilegales, en particular desde los años 90.
Así, entre 1975 y 1996, el municipio experimentó un acelerado avance de la economía ilegal basada en la siembra de marihuana y coca. Por ello, durante este periodo, la guerrilla de las Farc-EP consolidó su presencia en el municipio con los frentes 39, 40 y 44.
Pero fue para inicios de 1997 cuando la hegemonía de este grupo guerrillero se vio rezagada. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), comandadas por Carlos Castaño, llegaron a la región para introducir a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes terminaron cometiendo las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira. Todo lo acontecido en este municipio quedó documentado en la sentencia: Caso de la masacre de Mapiripán vs Colombia, dictada el 15 de septiembre de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los dos reclamantes, por los cuales se interponen estas nuevas demandas de restitución, hacen parte de las familias que abandonaron de manera forzada sus predios durante estos hechos. Es de resaltar que ambos llegaron al municipio entre los años 70 y 80, donde vivieron con sus allegados realizando labores de docencia y agricultura.
Hoy, 17 años después de la temida masacre, de la mano de la Unidad de Restitución de Tierras, estas personas podrán recuperar lo que la violencia les arrebató. Las demandas presentadas por la URT, sin duda alguna, son un caso emblemático de reparación y justicia.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó, ante jueces de la República, solicitudes de restitución que buscan favorecer a familias sobrevivientes de la masacre de Mapiripán, cometida por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 15 y el 20 de julio de 1997.
Los predios solicitados en restitución corresponden a inmuebles ubicados en el casco urbano del municipio que, con base en la recolección de información y reconstrucción de los hechos, así como en las pruebas aportadas, se esperan sean devueltos a sus legítimos dueños. Cabe resaltar que ambos reclamantes deberán contar con protección especial por ser personas de la tercera edad.
Desde la simbólica aprobación para su intervención, la Unidad de Restitución de Tierras ha trabajado fuertemente para lograr que la justicia llegue a este municipio golpeado por la violencia. Varios reclamantes, un agricultor y un docente, serían los beneficiados.
Una de las demandas, atendiendo al principio de igualdad en el proceso de restitución, contiene entre sus pretensiones que, como solicitud especial, se tenga en cuenta el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el segundo ocupante. Lo anterior, debido a que, dentro del proceso administrativo adelantado por la Unidad, se constató que se trata de una víctima de desplazamiento forzado. Al respecto, se solicita al juez ordenar a la Defensoría del Pueblo regional Meta la designación de un defensor para que actúe en representación del opositor.
Los segundos ocupantes y la reconciliación
Para el caso de Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras ha procedido de manera especial y cuidadosa, respetando el debido proceso y las garantías de acceso a la justicia de ambas partes: solicitantes y parte opositora. Entre las acciones puestas en marcha por la URT se encuentran el traslado de solicitantes vía área con apoyo de la Fuerza Pública y el desplazamiento de abogados especializados para la atención de la población que se encuentra en el municipio.
También se resalta el acuerdo hecho con la Defensoría para que los segundos ocupantes puedan presentar su escrito de oposición. Esto permite adelantar trabajos para reparar a las víctimas sin excluir a los opositores vulnerables.
Para la directora territorial de la URT en Meta, Andrea Lizcano Noguera, el proceder de la Unidad en este caso es un ejemplo de construcción de paz y reconciliación. “Hemos tratado de concertar la situación con ambas partes. Mapiripán ha sido un municipio que ha recibido muchas víctimas, por lo que la mayoría de los segundos ocupantes también son vulnerables. Somos conscientes de su condición y hemos facilitado los mecanismos de acceso a la justicia para ambas partes. Se va a amparar el derecho del solicitante, pero también se está reconociendo la condición de víctima del opositor. Esto es otro avance en el proceso de justicia transicional, civil y agraria que busca traer la paz al país.”
A 17 años de la masacre de Mapiripán
Por su importancia económica y estratégica, tanto en el casco urbano como en las áreas rurales, Mapiripán ha tenido que soportar la presencia de diversos grupos armados ilegales, en particular desde los años 90.
Así, entre 1975 y 1996, el municipio experimentó un acelerado avance de la economía ilegal basada en la siembra de marihuana y coca. Por ello, durante este periodo, la guerrilla de las Farc-EP consolidó su presencia en el municipio con los frentes 39, 40 y 44.
Pero fue para inicios de 1997 cuando la hegemonía de este grupo guerrillero se vio rezagada. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), comandadas por Carlos Castaño, llegaron a la región para introducir a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes terminaron cometiendo las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira. Todo lo acontecido en este municipio quedó documentado en la sentencia: Caso de la masacre de Mapiripán vs Colombia, dictada el 15 de septiembre de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los dos reclamantes, por los cuales se interponen estas nuevas demandas de restitución, hacen parte de las familias que abandonaron de manera forzada sus predios durante estos hechos. Es de resaltar que ambos llegaron al municipio entre los años 70 y 80, donde vivieron con sus allegados realizando labores de docencia y agricultura.
Hoy, 17 años después de la temida masacre, de la mano de la Unidad de Restitución de Tierras, estas personas podrán recuperar lo que la violencia les arrebató. Las demandas presentadas por la URT, sin duda alguna, son un caso emblemático de reparación y justicia.
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