La Fiscalía General de la Nación avanza en la primera fase de una investigación con la que busca establecer si se presentaron irregularidades en las obras para la construcción de varios internados en el municipio Puerto Gaitán (Meta).

Por estos hechos los investigadores tienen bajo la lupa en esta primera parte de indagaciones a los contratistas quienes, presuntamente, habrían incurrido en conductas punibles como lo son, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

En las primeras audiencias se vinculó a Víctor Julio Agudelo Santander, de la unión temporal Awaliva y Tillavá, a Raúl Gonzalo Ávila Vásquez, representante de la unión temporal Alto Tillavá, y a Mauricio García Sanz del consorcio Ingeotec que hace parte de unión temporal Awaliva.

Los implicados estarían relacionadas con supuestas irregularidades en dos contratos que tenía como objetivo la construcción de los internados de los resguardos Awaliva y Alto Tillavá, asentadas en dicho departamento, cuya edificación tendría un costo superior a los 8.500 millones de pesos y el aparente detrimento ha sido calculado en cerca de 4.000 millones de pesos.

Los tres contratistas se presentaron ante un juez de control de garantías para la respectiva imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. En contra Agudelo Santander, Ávila Vásquez y García Sanz, el juez impuso medida de aseguramiento no privativa de libertad consistente en el cumplimiento de los procesos de contratación, la prohibición de salir del país, y la suscripción de compromiso de observar buena conducta social, familiar, laboral e individual.

Por hechos relacionadas con los seis internados, el ente investigador analiza las conductas en las que presuntamente habrían incurrido el alcalde del Puerto Gaitán (Meta) que ostentó el cargo para el periodo 2008-2011, al igual que varios funcionarios de dicha administración y varios contratistas quienes serían imputados en los próximos días.

La Dirección Especializada contra la Corrupción adelanta la investigación por los hallazgos fiscales propuestos por la Contraloría General de la Nación, que encontró irregularidades en 154 obras en el Meta, entre ellas, los seis internados en mención.

Irregularidades que son investigadas

Los internados fueron construidos en 2011, y a 2018 no habían sido puestos en funcionamiento, incumpliendo los servicios de alimentación, de estudio y/o dormitorio.

Algunos de estos establecimientos fueron construidos proyectándose de manera sobredimensionada. La capacidad fue dispuesta para atender a 300 indígenas estudiantes internos, pero la población a beneficiar no alcanzaba esta cifra.

Las construcciones no tienen licencia de funcionamiento como internados.

[video=]