La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, golpeó estructuralmente a una organización ilegal señalada de extraer ilegalmente miles de toneladas de arena, piedra y gravilla en la vereda Brisas del Guayuriba, en la vía que comunica a Villavicencio con Acacías (Meta).

La labor investigativa, realizada de manera articulada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, permitió establecer que se habría constituido un grupo empresarial, al que la Agencia Nacional de Minería (ANM) le otorgó dos títulos mineros para obtener material de arrastre, con unos topes establecidos; y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) le concedió las respectivas licencias ambientales.

Los elementos de prueba dan cuenta de que, al amparo de los permisos recibidos, la estructura delictiva habría sobrepasado en grandes cantidades los límites de explotación, desde 2017.

Al parecer, recurrió a diferentes maniobras contables, así como a la modificación o destrucción de documentación para no reportar ante la ANM los volúmenes desmedidos de extracción. En ese sentido, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 20 bienes ubicados en Villavicencio, Restrepo y Acacías (Meta), cuyo valor superaría los 31.000 millones de pesos. 

Entre las propiedades afectadas están los dos títulos mineros, cuatro vehículos, seis remolques y dos terrenos de 11 hectáreas, donde funcionaba el frente de explotación ilegal. Los bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Cae articuladora

En el curso del proceso se estableció que la agresiva labor de extracción generó graves daños a la capa vegetal y el suelo de la vereda Brisas del Guayuriba; y contaminó las aguas del río Guayuriba, un importante afluente que abastece y sirve de sustento a las comunidades de Acacías y algunas poblaciones del área rural de Villavicencio.

De otra parte, se acreditó que la organización delictiva habría evadido el pago de impuestos, entre otras obligaciones financieras, y no ha podido justificar ingresos por más de 34.000 millones de pesos entre el 2017 y julio de 2020.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos logró la captura y judicialización de Rocío Umaña Guevara, la representante suplente del grupo empresarial, quien sería la responsable de alterar y destruir documentos, y modificar los sistemas contables para ocultar la realidad sobre las cantidades de gravilla y arena obtenidas.

La mujer fue imputada por los delitos de: lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, explotación ilícita de yacimiento minero y otros, contaminación ambiental, daño a los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.