Por Martha Jhoven Plazas Roa*

“La existencia es un viaje en el que no existen los caminos llanos: todo son subidas o bajadas” Graf

Como la frase lo indica no hay caminos llanos en la problemática ambiental que está sufriendo Casanare, la actividad humana, tendiente a lograr una mayor comodidad y desarrollo para nuestra especie, ha producido como efecto secundario indeseado, un proceso de degradación medioambiental. La transformación del medio natural en un medio humanizado produce cambios drásticos en el paisaje. Los motores de cambio regional, que ha venido sufriendo la Orinoquia, han puesto en peligro el delicado equilibrio ecológico que caracteriza el ecosistema; la mayor disponibilidad de alimentos, la extensión de los cultivos (agricultura y ganadería), obras de infraestructura, carreteras, caminos, canales, la industrialización, la producción de energía, la extracción de recursos, la tala, la quema, la caza y prácticamente todas las actividades humanas, trasforman el medio natural.

Lo anterior se ve reflejado hoy, cuando nuestra mirada se pierde sobre una inmensa llanura sin cobertura vegetal; donde la flora y fauna han sufrido tal impacto, que se ven seriamente disminuidas. Y es aquí, donde empiezan a emitirse los juicios contra los entes territoriales como el departamento y el municipio, se responsabiliza a la industria petrolera, también a los arroceros y palmeros, se culpa a los ganaderos por la deforestación, se atribuye a la incidencia del cambio climático y por encima de todo, se acusa de inoperante en el desempeño de sus funciones a la Autoridad Ambiental Regional.

Sin embargo, si se analiza el contexto regional, encontramos que en todos los anteriores factores se comparte la responsabilidad de lo sucedido en mayor o en menor grado. Si bien es cierto Corporinoquia tiene la obligación de administrar y velar por la conservación de los recursos naturales dentro de su jurisdicción, también lo es el hecho de que la responsabilidad es de todos, directa o indirectamente, pues nuestras actividades, poco amigables con el medio ambiente, nos pasan hoy una cuenta de cobro.

Más allá de buscar culpables entre los que vivimos y trabajamos en la región, es imperativo hacer un llamado a la unidad regional para la defensa de nuestro territorio para sobreponernos a los intereses particulares, en pro de la construcción de un territorio sostenible ambientalmente, democráticamente participativo y productivo económicamente.

Es así como Corporinoquia ha venido trabajando en la consolidación e implementación de la política ambiental regional (PGAR 2013 – 2025), en donde existe un diagnóstico objetivo, identificando desde la debilidad institucional hasta las repercusiones ambientales de las políticas del estado central. Se plantea desde allí el fortalecimiento institucional, la ordenación del territorio y la planificación de la ocupación productiva; la conservación del recurso hídrico, como eje articulador de las relaciones de vida en el territorio, la generación de un proceso continuo de investigación socio ambiental para conocer la estructura ecológica regional y su dinámica, a fin de determinar límites al concepto de desarrollo y orientar el uso adecuado con base en nuestras potencialidades y limitaciones, para reducir los factores de riesgo ambiental y por último, el fortalecimiento del tejido social en torno a la conservación y gestión sostenible de los bienes y servicios ambientales.

Pero esta política solo podrá ser realidad si se parte de una base de UNIDAD REGIONAL y la exigencia de ser partícipes en la toma de decisiones para nuestro territorio. Territorio de altísima complejidad y riqueza, que ha sido sometido a diversas presiones, visto desde diferentes ópticas, movido por una amplia gama de intereses, impulsado por varios sectores productivos y gobernado por diferentes instancias institucionales.

Un proceso de ordenamiento ambiental territorial, no debe ser generado desde el nivel central y teniendo como base un modelo económico, sino que debe ser la conjugación de los diferentes saberes, la concertación de los actores involucrados y los acuerdos entre intereses generales y particulares.

Corporinoquia nunca ha pretendido ni evadir sus competencias ni minimizar la magnitud de esta situación, pero precisamente acatando nuestras responsabilidades, hemos actuado dentro del campo de acción que nos da la ley, tomando medidas preventivas desde antes de que se hiciera pública esta problemática y durante el desarrollo de la misma, pero sobre todo, informando imparcial, técnica y responsablemente lo que hemos evidenciado en el lugar de los hechos.

Propongo reflexionar sobre la importancia de no solo darle difusión por los medios a la crisis ambiental que afrontamos, sino también a la necesidad de pactar un acuerdo entre el estado central y las instancias regionales y locales, para la construcción concertada de acciones concretas, acciones que deben ser definidas en mesas de trabajo mediante la estructuración de un documento CONPES para la Orinoquia y no fragmentario como el CONPES de la Altillanura, que no ofrece un panorama de la integralidad de nuestra región. Solo uniendo esfuerzos, competencias y trabajo, podremos darle un acertado tratamiento a la realidad ambiental de nuestra Orinoquia.

*Corporinoquia Directora General