Por Oscar Medina Gómez
Empresas como Parex, Pacific Rubiales, Equion, Perenco, Petrominerales, New Granada Energy, Canacol y un largo nombre de compañías petroleras, está seriamente afectada por los frecuentes paros y reclamaciones de la gente.
Eso se volvió costumbre en Casanare. Que pereza levantarse todos los días y encontrarnos con que en los cuatro puntos cardinales del departamento las protestas protagonizadas por las comunidades son el menú permanente.
En Monterrey, Paz de Ariporo, Yopal, El Morro, Maní, Aguazul, Támara, Tauramena, Orocue, Hato Corozal, Nunchia, Trinidad, El Algarrobo, San Luis de Palenque los bloqueos a las vías de acceso que llevan a los pozos petroleros, la obstrucción a las carreteras por dónde se saca el crudo en carrotanques, el taponamiento de entrada y salida a los Centros de Procesamiento de Crudo y, en algunas ocasiones, el sabotaje a los oleoductos, son las noticias que la prensa registra.
La gente alega y pide lo divino y lo humano. Que las compañías petroleras no hacen inversión social como debe ser, que las compensaciones ambientales no se ven, que la contratación de mano de obra local es mínima, que las carreteras y vías utilizadas por la industria petrolera están hechas caminos de herradura, que la naturaleza se está muriendo, que no hay ríos ni quebradas ni charcos ni fuentes de agua, que los sueldos que pagan los contratistas son de hambre. Bueno. Verdaderas listas de mercado.
Aunque muchas de estas reclamaciones son justas y tienen asidero, otras no. Son simplemente producto de las ganas de hacer ruido y negocios personales de unos cuantos avivatos disfrazados de campesinos y líderes comunitarios, a través de cooperativas o empresas asociativas de trabajo.
Es el caso, por ejemplo, de cuando alegan mejores salarios. En promedio, mensualmente en una petrolera un jardinero, una auxiliar de servicios, un volquetero, una conductor de camioneta, un barrendero, una cocinera, una auxiliar administrativa, un vigilante, un paletero de vía, una secretaria se ganan entre 2 millones doscientos y 3 millones de pesos. Esas son las condiciones que las petroleras les exigen a sus contratistas para vincular a la gente. Contratista que no las acepte, pues simplemente no se le contrata.
Son sueldos bastante generosos comparados con la realidad nacional. El mínimo legal vigente escasamente es de 616 mil pesos. Y millones de personas en Colombia ruegan por tener acceso a ese dinero, haciendo lo que le toque hacer. Incluso por menos.
Repito: uno pensaría que en la mayoría de los casos las razones de los inconformes quejumbrosos son válidas. Pero, sin que quepa la menor duda, en otros no. Y eso es lo que ocurre con muchas de las protestas que realizan comunidades rurales, guiadas por astutos personajes, por ladinos bribones de reputación oscura, que dicen estar en contra del desastre apocalíptico que ocasiona la industria petrolera. A los cabecillas de esos paros y bloqueos solo los anima el billete fácil.
Esto ocurre en los municipios donde hay operación petrolera, con la contratación de camionetas, cupos laborales y suministro de bienes y servicios. Los activos “líderes campesinos” coaccionan, presionan a las petroleras para que contraten con tal o cual junta de acción comunal, donde los cargos se rotan calculadamente. De esta forma la feria continua. El carrusel de la contratación al mejor estilo del Concejo de Bogotá.
Viaja uno el pensamiento apenas 40 años atrás. La gente -muy humilde y buena toda- vivía de lo que medio producía la finca o la parcela. Los días de mercado los productos de pan coger se llevaban a Yopal a lomo de mula o en destartalados UAZ, donde se comercializaban al mejor postor. La economía y los ingresos de la región y de sus habitantes eran precarios. Se veía a humildes personas rebuscándose el dinero cuidando fincas o vendiendo huevos cocinados y empanadas en una olla.
Los tiempos han cambiado dramáticamente. Ahora nadie quiere trabajar el campo. Por el solo hecho de vivir en Casanare todo el mundo quiere tener salarios petroleros.
Y, claro, en las vías ya no se ven destartalados UAZ sino lujosas camionetas 4x4, con blindaje y vidrios oscuros. ¡Y todas no propiamente pertenecen a las petroleras!
¿Qué pasaría en Casanare si las petroleras se marchan y dejan de generar los miles de empleos con jugosos sueldos que hoy generan? ¿A dónde irían a parar los miles de millones de dólares de las regalías? ¿Qué ocurriría con los miles de millones de pesos que la industria invierte en obras sociales, reflejadas en escuelas, jardines comunitarios, puentes, bancos campesinos, mejoramiento de fincas, microempresas, mejoramiento de vivienda, apoyo al folclor llanero, becas estudiantiles, capacitaciones, talleres y educación?
Esa es la pregunta obligada que muchos dejan pasar porque juegan al doble discurso. Ya gobernantes, líderes gremiales y ciudadanía en general juegan a la doble moral. Le dan palo a las petroleras por todo lo que pasa, pero a la vez las aprovechan y utilizan según convenga.
Ya basta de tanto paro, tanto bloqueo, tanta huelga, tanta interrupción laboral. ¡A trabajar carajo! Digo yo.