Por Oscar Medina Gómez

Londres, Sídney, Nueva York, París, Washington, Roma, Miami, Madrid, Berlín, Los Ángeles... son ciudades que he visitado. En ellas y en sus países, los ojos de las cámaras controladoras y reguladoras del tránsito están por todas partes. Lo mismo los dispositivos electrónicos para poder parquear en línea a ambos lados de calles y avenidas (bicicletas, motos y automóviles). Nadie protesta. El ciudadano sabe que, si infringe la ley, simplemente paga por ello. O si quiere un servicio o una exclusividad, también.

Ejemplo: quienes ingresan al centro de la ciudad con un vehículo deben pagar un peaje, que puede oscilar entre 5 y 17 dólares. Depende del tiempo que demore en pagar la cuenta, que cómodamente le llega a su móvil celular o en papel a su casa. Si uno necesita parquear el auto en la calle, simplemente mete su tarjeta de crédito o paga en cash en las máquinas el tiempo que requiera. Si no lo hace, con seguridad le retiran el auto. El chiste le saldrá muy caro.

La diferencia con lo que hacemos aquí radica en que la corrupción en esas ciudades es casi inexistente. Lo que se recauda por los comparendos que detectan las fotomultas, en efecto se ve reflejado en superautopistas urbanas, supercarreteras interestatales, excelente señalización electrónica vertical, horizontal y aérea (de día y de noche), semáforos perfectos, amplios andenes y pasajes peatonales, control aéreo con helicópteros y drones. Un largo etcétera de inversión y desarrollo para todos. Y, obvio, los agentes de tránsito no piden mordidas de 20 mil pesos. O “pa´ la gaseosa”.

Desde luego que estoy de acuerdo con las fotomultas en avenidas, calles, vías intermunicipales y nacionales. Son necesarias. Meten en cintura a miles de irresponsables choferes (son eso) que van por ahi matando gente, invadiendo andenes, pasando semáforos en rojo, parando en cebras, adelantando en curvas, corriendo en zonas escolares, causando congestiones de tráfico. Son una peste. Y a las pestes hay que combatirlas.

Con lo que no estoy de acuerdo es con el corrupto, lucrativo y descarado negocio que desde hace varios años montaron muchos alcaldes con empresarios privados. Concesionaron las fotomultas y todo lo que se desprende del negocio (parqueaderos para los vehículos multados y el servicio de grúa).

Hay casos escandalosos como el de Yopal, en Casanare. En 2014, el alcalde Wilman Celemín (hoy con medida provisional de casa por cárcel, por el presunto robo de cientos de millones en la construcción de una planta de agua potable, que explotó la noche anterior a su inauguración) le entregó por ¡20 años! la operación de las fotomultas a la Unión Temporal Setty. Dos décadas de un jugoso y lucrativo negocio, donde Setty se embolsilla el 77% de lo recaudado. Al municipio apenas si llega un 19%. Aunque esa concesión –perversa, corrupta- está demandada, sigue vigente.

Si no iguales, muy parecidos casos a este atraco de frente a los recursos públicos y a la gente, se presentan en Medellín, Bogotá, Floridablanca, Chía, Bucaramanga, Cali, Barranquilla. Hasta en pequeños municipios como Campo de la Cruz, Atlántico y Ciénaga, Magdalena. Las quejas y demandas de la ciudadanía por las irregularidades, atropellos y abusos evidentes de las empresas concesionarias se cuentan por miles. Hay enormes vacíos legales.

Por ejemplo, todo comparendo debe llevar la firma del agente que aplica la sanción y la del sancionado. O, en su defecto, de un testigo de la acción. En el caso de las fotomultas esto se viola. Primero porque la firma de la autoridad es digital. Segundo porque nunca hay firma ni del infractor ni de testigo alguno. También las demandas son por toneladas porque las notificaciones llegan después de tres días hábiles, o porque no se dio oportunidad a la defensa del supuesto infractor, o porque no se pudo comprobar que el acusado era el contraventor.

El mismo Código de Tránsito y la sentencia C5302002 de la Corte Constitucional dicen que las multas en ningún caso podrán imponerse a una persona distinta a la que cometió la infracción. Las fotomultas violan flagrantemente esto. La cámara detecta la placa del vehículo y la sanción se aplica a quien aparezca como propietario.

No a quien vaya condiciendo. Lo debido es primero probar por parte de los operadores que el acusado fue quien realmente cometió la falta.

Es que el negocio para los concesionarios privados es pulpito. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, Simit, diariamente se registran en Colombia por lo menos 4.500 fotomultas. Aunque decenas de miles no se han pagado, son más de 5 millones las que se han impuesto en apenas unos cuantos años.

La nueva ley de fotomultas aprobada por el Congreso –falta la conciliación de las 2 cámaras- contiene aspectos que permiten pensar que el torcido va a terminar: las alcaldías deberán recibir mínimo un 50% de lo recaudado y los privados no más del 10%; deben señalizarse a por lo menos 500 metros de donde estén instaladas, para que el conductor lo sepa; antes de instalar una cámara de fotocomparendos, deberá contarse con estudios técnicos de campo y criterios científicos que determinen aspectos como índices de accidentalidad, tráfico vehicular…en fin. Pero es que hecha la ley hecha la trampa.

Soy escéptico de que, en 6 meses, cuando arranque su aplicación, se empiece a desmontar el negocio de los alcaldes con sus amigotes contratistas. Simple: ahora será el Ministerio del Transporte, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el encargado de manipular tan monumental baloto. En esas entidades también hay corruptos. Digo yo.

*Periodista




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