Por Oscar Medina Gómez

Los casos de corrupción y abusos por parte de los contratistas del perverso sistema de fotomultas de tránsito, están por todo el país. Las autoridades lo saben, pero miran de reojo. Las dos partes se lucran de la corrupción. Los alcaldes y secretarios de tránsito muerden grandes trozos de la torta. Y los contratistas se quedan con las tajadas más grandes.

Este multimillonario negocio ha crecido exponencialmente en los últimos años. Más que la pobreza. En sólo el 2017 se han impuesto más de 1 millón 100 mil fotomultas. ¡Una cifra demencial! Y no es que todas sean válidas. Simplemente que entre más se sancione, más se le mete la mano al bolsillo de los colombianos.

En ciudades como Londres, Toronto, Sídney, Nueva York, Tokio, París, Washington, Roma, Miami, Madrid, Berlín, Los Ángeles, las fotomultas son pan diario. Allí los ojos de las cámaras controladoras y reguladoras del tránsito están por todas partes. Lo mismo los dispositivos electrónicos para poder parquear en línea a ambos lados de calles y avenidas (bicicletas, motos y automóviles). Nadie protesta. El ciudadano sabe que, si infringe la ley, simplemente paga por ello.

O si quiere una exclusividad o privilegio, también. Ejemplo: quienes ingresan al centro de las ciudades con su vehículo deben pagar un peaje. Puede oscilar, entre 5 y 17 dólares. Depende del tiempo que el ciudadano demore en pagar la cuenta, que le llega al celular o en papel a la casa. Si uno necesita parquear el auto en la calle, simplemente mete su tarjeta de crédito o paga en cash en las máquinas el tiempo que requiera. Si no lo hace, queriéndose pasar de listo, con seguridad le montan el carro a una grúa. El chiste le saldrá muy caro.

¿Por qué en esas ciudades funciona el sistema y aquí no? Porque allá hay respeto de la ciudadanía por las normas y cultura de pago. También autoridad de los gobiernos para hacerlas cumplir. Y, desde luego, porque la corrupción es prácticamente inexistente. Lo que se recauda por las fotomultas, se ve reflejado en superautopistas urbanas, supercarreteras interestatales, excelente señalización electrónica vertical, horizontal y aérea (de día y de noche), semáforos perfectos, amplios andenes y pasajes peatonales, control aéreo con helicópteros y drones. Un largo etcétera de inversión y desarrollo para todos. Y, obvio, los agentes de tránsito no piden mordidas de 20 mil pesos.

Estoy plenamente de acuerdo las fotomultas en las ciudades, lo mismo que en vías intermunicipales y nacionales. Son necesarias. Además de salir más baratas que mantener a un ejército de ineficientes funcionarios públicos, meten en cintura a miles de irresponsables choferes (son eso) que van por ahí matando gente.

Invadiendo andenes, pasando semáforos en rojo, parando en cebras, adelantando en curvas, corriendo a altas velocidades en vías interestatales, abusando de la velocidad en zonas escolares, causando congestiones de tráfico. Son una peste. Y a las pestes hay que combatirlas.

Con lo que no estoy de acuerdo es con el corrupto, lucrativo y descarado negocio que desde hace varios años montaron muchos alcaldes con empresarios privados. Concesionaron las fotomultas y todo lo que se desprende del negocio (parqueaderos para los vehículos multados y el servicio de grúa).

Con el cuentico de las fotomultas a la gente la siguen robando de frente en Medellín, Bogotá, Floridablanca, Yopal, Chía, Bucaramanga, Cali, Barranquilla. Hasta en pequeños municipios como Campo de la Cruz, Atlántico y Ciénaga, Magdalena. Las quejas y demandas de la ciudadanía por las irregularidades, atropellos y abusos evidentes de las empresas concesionarias se cuentan por miles.

Por ejemplo, todo comparendo debe llevar la firma del agente que aplica la sanción y la del sancionado. O, en su defecto, de un testigo de la acción. En el caso de las fotomultas esto se viola. Primero porque la firma de la autoridad es digital. Segundo porque nunca hay firma ni del infractor ni de testigo alguno. También las demandas son por toneladas porque las notificaciones llegan después de tres días hábiles, o porque no se dio oportunidad a la defensa del supuesto infractor, o porque no se pudo comprobar que el acusado era el contraventor.

El mismo Código de Tránsito y la sentencia C5302002 de la Corte Constitucional dicen que las multas en ningún caso podrán imponerse a una persona distinta a la que cometió la infracción. Las fotomultas violan descaradamente esto. La cámara detecta la placa del vehículo y la sanción se aplica a quien aparezca como propietario. No a quien vaya condiciendo. Lo debido es primero probar por parte de los operadores que el acusado fue quien realmente cometió la falta.

Es que el negocio para los concesionarios privados es pulpito. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, Simit, cada día se registran en Colombia por lo menos 4.800 fotomultas. Aunque decenas de miles no se pagan, son igualmente decenas de miles de millones de pesos los que ingresan a las cuentas de los contratistas.

Luego de aprobada hace meses la nueva ley sobre fotomultas, con la reglamentación que recién ha expedido el Mintransporte uno esperaría que ese sucio negocio empiece a desaparecer. O, por lo menos, a controlarse. Hay aspectos que permiten pensar que así será: los contratistas, máximo, recibirán el 10% de lo recaudado y no el 60 y 70 por ciento como hoy ocurre.

Las fotomultas deben señalizarse a por lo menos 500 metros de donde estén instaladas las cámaras. El sancionado puede demandar y demostrar que no existía esa distancia. Los agentes encargados tendrán que ser idóneos y no vulgares ladrones de carreteras. Hasta junio de 2018 los contratistas tienen plazo para procesar y montar las nuevas reglas, recibiendo un visto bueno del Ministerio, De lo contrario, esas empresas serán canceladas.

No creo mucho en tanta belleza. Digo yo.

*Periodista