Por Mauricio Cabrera Galvis – El Universal

Desde hace mucho tiempo se sabía que el principal problema del mercado laboral en Colombia era la informalidad, con más de la mitad de los trabajadores sin contratos estables ni prestaciones sociales. Se sabía además que el gobierno Uribe fue el gran promotor de la informalidad y el deterioro laboral con los estímulos a la tercerización y a la sustitución de contratos de trabajo por las cooperativas de trabajo asociado.

Lo que solo se sospechaba, pero ahora se constata, es que el líder en contratación informal es el propio Estado central y las entidades descentralizadas. Lo denuncia el propio Ministro del Trabajo al presentar las primeras cifras recogidas sobre las nóminas paralelas en las entidades públicas.

La realidad es peor de la que nadie se imaginaba. En Bogotá y las administraciones departamentales trabajan 270.000 personas, pero solo 100.000 tienen contrato formal de trabajo. Las otras 170.000 laboran por “ordenes de prestación de servicio” (OPS), o contratos temporales por honorarios. Son nóminas paralelas, por cuanto muchos de estos empleados llevan varios años en las dependencias públicas con este tipo de vinculación.

Que en promedio tres de cada cinco funcionarios públicos no tengan contrato de trabajo es un récord de tercerización difícil de encontrar en ninguna empresa privada del tamaño de las públicas. Hay casos extremos como Arauca y Casanare (ambos departamentos petroleros con multimillonarios recursos de regalías), donde 90% de los funcionarios son contratistas, seguidos de cerca por Nariño y los dos Santanderes, donde el 80% de la nómina es paralela.

Aún el Ministerio no ha divulgado las cifras de las principales ciudades del país, pero deben ser similares. En la Alcaldía de Cali, se estima que por cada funcionario de planta hay al menos tres contratistas, además de que toda la gestión del recaudo tributario se entregó a una empresa privada en un contrato ya declarado nulo por la Justicia en primera instancia.

Tal proliferación de contratos de OPS atenta contra los trabajadores y deteriora la gestión pública al perderse continuidad y memoria institucional en muchas áreas claves de la administración. Además en los entes territoriales es una burla descarada a las leyes que tratan de sanear las finanzas públicas.

La Ley 617 del 2000 limitó los gastos de funcionamiento de departamentos y municipios, incluyendo los gastos de personal. El truco para eludir la ley consiste en que la mayoría de los contratos OPS no se clasifican como gastos de funcionamiento, sino de inversión. Así los alcaldes y gobernadores han aumentado a su gusto las burocracias públicas y satisfacen los apetitos clientelistas de concejos y asambleas, mostrándolos como un aumento de la inversión pública.

Falta por conocerse los contratistas del Gobierno Central y de las entidades descentralizadas nacionales, que también deben ser muchos. En los hospitales públicos se sustituyó la mayor parte de la nómina por contratos con cooperativas. Es un verdadero Estado informal y paralelo, que debe cambiar si quiere exigir al sector privado que también disminuya su informalidad.

COLETILLA: ¿Alguien sabe cuántas personas trabajan en el Estado colombiano, o dónde se puede encontrar esa información? Ni el DANE, ni Planeación Nacional, ni el departamento de la Función Pública tienen esa información en sus páginas web. ¡Que informalidad y falta de transparencia!