Por: Oscar Medina Gómez **

Este es el nombre de un exitoso modelo chileno que entrega vivienda digna y gratis a los más pobres. Pero no es lo que ocurre aquí. En Colombia es bien sabido que los programas de vivienda de interés social, VIS, y los de Vivienda de Interés Prioritario, VIP, están seriamente viciados de irregularidades, torcidos, falsedades y trampas.

Ante la mirada pasiva de las autoridades de control y con la descarada participación de los gobernantes de turno, a la hora de elegir a los beneficiarios de los subsidios o de las viviendas terminadas, resultan con casas o apartamentos un alto número de personas que no lo necesitan.

La VIP tiene un fuerte componente político. Esto no lo podemos soslayar. Es utilizada por alcaldes y gobernadores para pagar deudas y favores de campaña. No solo, por ejemplo, se le adjudica al que ayudó a pegar afiches, cargar sillas y armar tarimas -así tenga vivienda propia- sino principalmente es un lucrativo negocio sobre todo para los contratistas que construyen los proyectos. Y, claro, para el burgomaestre que llaman. Es parte del botín a repartir.

Parece que la anterior administración municipal que encabezaba la faraona ex-alcaldesa Lilian Fernanda Salcedo Restrepo no podía ser la excepción a la trampa. Hoy la envuelve una recia tormenta de arena que amenaza con erosionar, horadar, acabar del todo con su cabeza y su cuerpo. Como le ocurre a la Gran Esfinge de Guiza en Egipto actualmente ñata, sin orejas, tuerta, boquinche y mutilada. Una miseria de su ostentoso pasado. Debo recordar aquí que en la mitología griega el rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave de la esfinge representaba un pavoroso demonio de caos, destrucción y mala suerte. Curioso. Una terrible coincidencia con la realidad.

Las más de 120 resoluciones de adjudicación de subsidios de VIP que revocó el actual alcalde Willman Celemín –previa minuciosa revisión técnica y jurídica de Alexander Cortés, gerente del IDURY- de un total de 545 beneficiarios de los programas Torres del Cubarro y Torres del Silencio (145 y 400 respectivamente) estaban viciadas de nulidad. Contenían serias irregularidades, tipificaban conductas fraudulentas de tal tamaño y descaro que resulta difícil creer que la ex – alcaldesa no estuviera enterada de lo que ocurría en el Palacio de la Herradura frente a un tema tan sensible. Más cuando su firma y la de Narda Consuelo Perilla Alonso, por ese entonces gerente del IDURY, es la que respalda y avala las resoluciones de asignación 615, 616, 617, 618 y 620 del 26 de diciembre de 2011. A 5 días de dejar el cargo.

De los 126 beneficiarios y beneficiarias revocados - se anularon 96 en Cubarro y 30 en Silencio-. Mencionaré apenas unos muy poquitos casos. Es suficiente para ilustrar el ilícito. No voy a dar los nombres. Esos están contenidos en documentos de carácter público que cualquier ciudadano puede solicitar. Por ejemplo, las citadas resoluciones contienen asignaciones de subsidios de VIP a familiares de los salientes ex secretarios de gobierno, planeación, general y a la cabeza visible del Clopad.

Entre otros funcionarios. También a prestantes comerciantes, poseedores de locales en el Centro Comercial El Alcaraván Plaza.

Hay casos en que en los núcleos familiares de los y las beneficiarias se devengaban más de los 4 salarios mínimos que como tope exige la ley, con sueldos de 4 y 5 millones al mes. Incluso varios laboran en la gobernación y otras empresas, con generosos sueldos y hasta propiedades inmuebles de alto valor. Pero ¿cómo se hace la trampa? Maneras hay muchas. La más recurrente es declarar ante un notario una falsa separación que hace costar que ella o él son madres o padres cabeza de familia, según quién vaya a figurar con el subsidio o la VIP; luego van al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y piden una certificación de que no son poseedores de bienes inmuebles, así su cónyuge fantasma sea dueño de una o varias casaquintas. Seguido, por unos cuantos pesos un contador público estampa su firma certificando muy por debajo el verdadero perfil de ingresos de la persona. Y así. Pero la trampa más efectiva es la que autoriza el o la funcionaria pública corrupta con ese beneficiario ilegal, quitándole el cupo a una familia que de veras lo necesita.

En estas fraudulentas asignaciones se tipifican, en principio, dos delitos: uno penal y otro disciplinario. Ambos le caben a los funcionarios públicos que se prestaron al engaño. Estos pudieron haber incurrido en tráfico de influencias y complicidad en falsedad documental, por decir lo menos. Y los ciudadanos beneficiados podrían ser acusados de tipificar una grave conducta penal por ser coparticipes de delitos como falsedad en documentos públicos y falso juramento cuando dijeron que apenas ganaban unos pesitos para medio sobrevivir. De hecho hay numerosos casos donde muchos beneficiarios ya habían recibido subsidios en el pasado.

¿Qué papel jugaron en las falsedades y trampas que en apariencia hacían legal la adjudicación de 120 subsidios de VIS de Torres del Cubarro y Torres del Silencio, la ex alcaldesa Lilian Fernanda Salcedo Restrepo y la gerente del IDURY Narda Consuelo Perilla Alonso? ¿Sabía la una…la otra? ¿Sabían las dos? ¿Quién pudo haber presionado o manipulado a quién? ¿Ninguna de ellas? ¿Fueron, acaso, engañadas por mandos medios? ¿Se dejaron empujar, inducir por ellos? ¿Con mentiras y engaños hicieron firmar a la alcaldesa tamaño fraude? ¿Es culpable…inocente la ex – alcaldesa?

Respetando el debido proceso de los afectados, sin persecuciones políticas, Celemín tiene en sus manos una oportunidad de oro para demostrar que no va a ceder ante la corrupción. Y, ante todo, de no caer en lo mismo. Máxime cuando su eje, su columna vertebral programática de campaña fue lo social y la vivienda digna para los más necesitados.

Si se presentan las demandas, -cualquier ciudadano con nombre propio lo puede hacer, igual mediante un escrito anónimo, incluso el gerente del IDURY debería hacerlo-, las autoridades obran con honestidad y llegare a resultar culpable, este escándalo podría significar el definitivo hundimiento político de la otrora soberbia Lilian Fernanda.

La Procuraduría puede sancionarla por falta gravísima con destitución e inhabilidad de varios años. Y sepultar ruidosamente y para siempre sus planes de ser gobernadora. Y hasta senadora. O por qué no presidenta de la Nación. Digo yo.

** Periodista- Especialista en Gobierno Municipal y Gestión Pública Pontificia Universidad Javeriana