Por: Oscar Medina Gómez **

Hay alegría desbordante en los aforados de la Patria. Así les dicen a los individuos que en razón a su profesión, rango y dignidad del cargo tienen y gozan constitucionalmente de algún fuero, protección o privilegio especial en materia de jurisdicción. (Art. 235). Hoy ellos -los aforados investigados- están borrachos celebrando de felicidad grosera. Infinita. Un reciente fallo de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura le quitó a la Contraloría General de la República la competencia de investigar fiscalmente por posible detrimento patrimonial a altos funcionarios del Estado. Léase ministros, embajadores, magistrados de las altas cortes, directores de Departamentos Administrativos, jefes de misiones diplomáticas o consulares, generales y almirantes de la fuerza pública, Procurador General, Defensor del Pueblo, Contralor General, gobernadores, entre otros.

Mejor dicho: la flor, la nata y la espuma de los más dignos, ilustres y honestos hombres y mujeres de la patria. El resto somos insignificantes pecadores terrenales. Claro: no somos aforados. No tenemos fuero celestial.

¿Saben qué? Por cuenta de ese fallo han quedado en vilo centenares de investigaciones sobre casos donde la corrupción y el despilfarro de los dineros públicos, en perjuicio de la nación y de los más pobres, fueron pan comido. Un atraco constante. Ejemplos: Agro Ingreso Seguro, la crisis de la salud, el manejo de la plata y las ayudas para los damnificados por el invierno. Y, en primer lugar, -ya verán por qué- el carrusel de pensiones en la justicia, que estelarizaron precisamente magistrados momentáneos del CSJ y otras cortes.

Por obra y gracia de nuestra idílica y angelical Constitución -y ahora de los conjueces del CSJ- las investigaciones que pesan sobre muchos semidioses aforados pasarán ahora a manos de los portentosos padres de la patria que conforman la heroica y memorable Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En ese santo órgano sus miembros son poseedores todos de una suprema sabiduría inigualable y honestidad irreprochable. El mejor ejemplo histórico de su rectitud, es la declaratoria de absolución e inocencia que fallaron en beneficio del ex presidente Ernesto Samper. Los honorables Representantes de entonces dijeron que él no tenía ni idea de que dineros sucios del narcotráfico del cartel de Cali entraban a chorros para financiar su campaña presidencial.

Ante el fallo de los conjueces del CSJ -lleno de ambigüedades y dudas de interpretación, como todos los fallos de las cortes colombianas- para curarse en salud y evitar futuras demandas por violación y usurpación de competencias, la contralora Sandra Morelli congeló y suspendió de tajo sonadas investigaciones fiscales que adelantaba ese ente de vigilancia y control a rimbombantes personajes de la vida nacional. Ex ministros de agricultura como Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, por el caso de los subsidios de Agro Ingreso Seguro; Diego Palacio, de Protección Social, por la crisis nacional de la salud; Andrés Uriel Gallego, de Obras, por sobrecostos en varios macro proyectos de infraestructura vial; y el ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, por varios casos de aparente sobrecosto, son apenas unos poquitos ejemplos.

Lo curioso y sospechoso aquí es que la sala de conjueces del CSJ parece que hubiera fallado para su propio beneficio: pidió enviar a la Comisión de Acusación de la Cámara el proceso fiscal por el descarado y vergonzoso carrusel de pensiones en la justicia, protagonizado sobre todo por esa alta Corte. Allí magistrados nombrados temporalmente -por unas cuantas semanas o meses en la Sala Disciplinaria de la Judicatura- por arte de magia quintuplicaron sus pensiones. Esos prohombres salieron a gozar mensualmente de 20 y más millones de pesos. Sin ningún esfuerzo, sacrificio ni merecimiento.

Razones tienen para estar felices muchos aforados. Es que la cobija de la corrupción y la impunidad arropa y abriga de sobra a todos y todas los que bajo ella se guarecen. Es larga, ancha y gruesa. Tanto como para que los tales organismos de control y vigilancia -como la Contraloría- se vean en este caso obligados a parar sus investigaciones. Y, al contrario, sucumban ante los escurridizos y muy convenientes caminos que trazan algunos de nuestros honorables magistrados y conjueces de las Cortes.

Con razón dice la señora Morelli que prefiere esperar y no meterse en problemas con los aforados de la Patria, porque la providencia en cuestión no arroja "claridad sobre hasta dónde van nuestras competencias". Es más: el fallo dice que la Contraloría habría usurpado funciones jurisdiccionales. Ella sabe contra qué personajes pelea. Conoce de sus alcances, puñaladas traperas y jugadas astutas para eludir la justicia. Es que son clase aparte. ¡Son aforados!

Mientras no se aclare el asunto vía tutela, o por un fallo del Consejo de Estado o un pronunciamiento aclaratorio de los mismos conjueces del CSJ, bien hace la Contralora en quedarse quieta. En no revolver mucho esa sopa venenosa. Porque de pronto se quema. O, peor, se envenena. Así el país se hunda más, sin remedio, en el fango espeso y nauseabundo de la impunidad. Digo yo.

Periodista - Especialista en Gobierno Municipal y Gestión Pública

Pontificia Universidad Javeriana - Columnista El Nuevo Oriente y www.prensalibrecasanare.com