Por Oscar Medina Gómez *

Proporcionalmente a su población -que según el DANE y el DNP es de alrededor de 1 millón 350 mil personas, es decir el 2.7% del total nacional- por mucho son los más grandes terratenientes del país. En conjunto, los 91 pueblos indígenas censados en Colombia, distribuidos en 712 resguardos de 27 departamentos y 228 municipios, ocupan 35.5 millones de hectáreas. ¡Más de 350 mil kilómetros cuadrados! ¡Más del 35 por ciento del territorio patrio! ¡Son más terratenientes que el Estado mismo!

Es que, de acuerdo con esa población, los indígenas tienen muchísima más “tierra sagrada ancestral” que los negros -que son 4 y medio millones de personas y ocupan el 5 por ciento de la tierra- y que los mismos ciudadanos mestizos normalitos. Donde los 44 y pico de millones de pequeños, medianos y grandes propietarios ocupamos el 40 por ciento de la tierra.

A través del Sistema General de Participaciones, SGP, del 4 por ciento del Presupuesto General de la Nación destinado a las llamadas Asignaciones Especiales, los pueblos indígenas reciben al mes el 0.6 por ciento. En números, esto significa que del trabajo, sudor, esfuerzo, impuestos y bolsillo de los colombianos llegan derechito a las cuentas bancarias de los “pobrecitos indígenas” un promedio de 135 mil millones de pesos.

Que van a parar, entre otras, a las manos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, la Organización Regional Indígena del Casanare, ORIC, la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas Wayus, los Cabildos Cogui del Cesar, la Asociación de Cabildos Emberá Catios, la Unidad Nacional Indígena del Pueblo AWA…y el intocable, marrullero y negociante Consejo Nacional Indígena del Cauca, CRIC.

Además de ser recursos de libre destinación, esos dineros públicos no son auditados, ni controlados, ni vigilados, ni cuestionados por entidad oficial alguna. Los “pobrecitos indígenas” pueden hacer y deshacer lo que quieran con esa platica. Es que su condición de “pueblos sagrados ancestrales” lo permite…claro.

Por votación directa tienen derecho a dos Senadores de la República y un Representante a la Cámara en el Congreso Nacional. Y, sin trabas, reciben al mes 30 millones de pesos de sueldo, más otros 30 millones para asesores de la Unidad de Trabajo Legislativo, más prebendas como tarjetas de crédito para gastos de representación, viajes en avión, hoteles y restaurantes de primera clase…todos los lujos y privilegios de los demás “honorables” de la Patria.

En su educación escolar, costumbres religiosas, aplicación de justicia y castigos, comportamientos sexuales, formas de trabajo y demás aspectos propios de su condición aborigen, ninguna autoridad legal se les mete a preguntarles por qué lo hacen así o asá. Entre ellos y a su manera arreglan sus cuentas. Pero vaya un ciudadano y compre una empanada en una esquina o haga pipí en un árbol: la policía le clava una multa de 870 mil pesos y cárcel preventiva.

Desde luego que la Constitución del 91 les dio a las comunidades indígenas derechos a la tierra, a un territorio, a la preservación de su identidad cultural, a sus costumbres. folclor, lengua, a su libre determinación y autonomía administrativa, a sus normas y leyes. Sin duda.

Pero también es clarísimo que los “pobrecitos indígenas” viven, comen, trabajan, beben, se emborrachan, duermen, viajan, hacen sus bacanales, tienen poder político y se dan la gran vida con el presupuesto del erario nacional.

Esto no lo cuentan los “lideres” del CRIC que con cara adusta, sombrero y bastón en mano salen a despotricar del Estado y sus ciudadanos. A amenazarnos por los medios de comunicación. A exigir con altivez e irrespeto que el Presidente Duque vaya hasta el Cauca, se les arrodille, les bese el trasero y les dé mucha más plata. Así, y sólo así, evaluarían si levantan el bloqueo de movilización terrestre que tiene paralizado económicamente a 6 departamentos del suroccidente del país desde el 12 de marzo pasado, en un largo tramo de la Vía Panamericana.

Así aleguen que todos los gobiernos les han incumplido en mucho de lo pactado con cada presidente, con su actuar delictivo los indígenas están atropellando de frente los derechos del 96.3 por ciento de los colombianos.

Secuestran y asesinan soldados y policías. Como le pasó al mayor del ejército John Mondol, cuando vestido de civil y caminando intentaba sortear el trancón para poder ir a Cali a visitar de urgencia a su pequeña hija de 4 años, quien estaba grave de meningitis. Fue secuestrado el 21 de marzo en La Agustina. Duro un día cautivo. Días antes, el 19 de marzo, Boris Alexander Benítez, un valeroso policía de 30 años, fue asesinado desarmado, con un traicionero tiro de fusil AK-47 que disparó un indígena encapuchado.

El trancón y paro tiene al borde de la quiebra a miles de comerciantes y empresarios. Con armas de fuego -de corto y largo alcance- machetes, cuchillos, palas, picos y azadones los “pobrecitos indígenas” impiden no sólo el paso de cualquier vehículo sino de las personas de a pie y de a caballo. En las imágenes televisivas y que han circulado por redes sociales se los ve detonando bombas en las carreteras, tumbando avisos de tránsito, destruyendo puentes, incendiando llantas y quemando automotores. ¡Eso se llama terrorismo puro!

No sólo hay escases de alimentos en tiendas y supermercados de decenas de pueblos y ciudades capitales, carencia casi total de combustibles vehiculares y parálisis en proyectos de infraestructura del gobierno nacional y los departamentos afectados. También el drama se extiende a los centros hospitalarios, donde ya están escaseando los insumos médicos, causando agravamiento en la salud de los pacientes y, tal vez, su muerte.

Los “pobrecitos indígenas” caucanos asociados en el CRIC desdibujan grosera y criminalmente lo que es una minga. La minga -palabra de origen quechua- es una muy antigua tradición de los pueblos aborígenes hispanoamericanos. Su objetivo social y comunal es que armoniosa y solidariamente se reunan como una sola familia, para tratar temas de beneficio general. Para jalonar el carro para el mismo lado. Para trabajar todos de la mano. ¡No para engendrar y causar terrorismo y pretender arrinconar al Estado, sus leyes y sus gobernantes!

Una minga indígena no es encerrarse en una casucha en el monte a preparar artefactos explosivos y bombas caseras. Como lo estaban haciendo cuando la pólvora se les explotó en una vivienda del municipio de Dagua, Cauca, hace menos de una semana, matando a 9 personas e hiriendo a otra decena. Entre los muertos está el “indígena” Johnatan Landinez. Estudiante de medicina, de clase media, de la Universidad del Valle y jugador amateur de rugby. Un chico citadino buena vida. La versión de que estaba capacitando, enseñando a los indígenas a confeccionar explosivos ha tomado fuerza. Nadie la niega. Sólo los indígenas. Obvio.

Los pueblos indígenas no son ni más ni menos que cualquier otro colombiano. Llámese negro, mestizo, mulato, LGBTI, cristiano, evangélico, judaista, islamista.  Los indígenas jamás pueden pretender ser una republiqueta independiente. Cierto es que gozan de muchos privilegios frente al resto de comunidades. Pero están regidos por una Constitución y unas Leyes nacionales, que están por encima de sus propias leyes. Y tienen que someterse a ellas.

Los del CRIC saben que en la muchedumbre del paro hay infiltrados de las terroristas FARC. Esos encapuchados que sin correrles brisa por la piel, aprietan el gatillo de los fusiles Galil y AK-47 para asesinar a sangre fría a policías y soldados. Hay un tal alias “Majin Boo” y otro “Barbas” que lideran la columna móvil fariana Dagoberto Ramos. Está identificado. Pero los “pobrecitos indígenas” alcahuetean estos hechos, los miran de reojo, los niegan con vehemencia.

A boca llena de palabras fofas se la pasan reclamando dizque inclusión social, tierra, derechos, hermandad, paz, amor. Pero su proceder -no sólo de ahora sino de las últimas décadas- los desenmascara como sembradores de odios, de exclusión, de traiciones, de criminalidad, de terrorismo. ¡Miserables que riegan con sangre la tierra! ¡La pachamama que tanto proclaman amar!

Presidente Duque: no más dilaciones. Autoridad y mano dura contra los “pobrecitos indígenas” del CRIC. Es su obligación y nuestro derecho constitucional. Digo yo.

*Periodista

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