Por: ELTIEMPO.COM

La tensa calma que se vivía ayer en la zona de Puerto Gaitán (Meta) no debería ser un pretexto para que las autoridades releguen a un segundo plano un tema de importancia crucial para el país. Y es que por cuenta de los paros y enfrentamientos que han tenido lugar en el municipio desde finales del mes pasado se han entorpecido las actividades de los yacimientos petroleros que aportan cerca de la tercera parte del crudo que produce Colombia.

El episodio más grave de todos tuvo lugar el martes pasado, cuando centenares de manifestantes se enfrentaron con la Policía en Campo Rubiales, lo que obligó a suspender por unas horas el bombeo de un área de la cual salen 177 mil barriles de petróleo al día. Según lo dicho en un comunicado por Pacific Rubiales, la empresa que es socia de Ecopetrol y opera las instalaciones, lo sucedido fue causado por personas que forzaron a los trabajadores a interrumpir actividades en contra de su voluntad, tras lo cual ocurrió una serie de desmanes.

Más allá de los pormenores de tan serios incidentes, hay que tener en claro que existe una creciente agitación laboral en el sector. Desde hace unos meses, tanto la Unión Sindical Obrera (USO) como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han venido promoviendo un aumento de las afiliaciones sindicales amparadas en los cambios de la legislación y en las garantías crecientes para ejercer el derecho de asociación en el territorio nacional. Parte de ese mayor espacio se deriva de los acuerdos firmados entre Bogotá y Washington, orientados a destrabar el Tratado de Comercio entre Colombia y Estados Unidos, pendiente de consideración en el Congreso norteamericano.

Dentro de los alicientes ofrecidos por la USO está el de lograr para sus agremiados los mismos beneficios convencionales de los que disfrutan los funcionarios de Ecopetrol. Esa promesa de mejores condiciones, de acuerdo con la Escuela Nacional Sindical, se ha traducido en que cerca de 4.000 empleados de firmas contratistas en el ramo de los hidrocarburos se hayan sumado a las filas del poderoso sindicato en los últimos días.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si esa labor proselitista se ha realizado sin presiones o intimidaciones. Por tal motivo, es de singular importancia que se aclaren las acusaciones provenientes de un lado y de otro. Es tan grave la afirmación hecha por la CUT en el sentido de que los horarios de trabajo establecido no respetan lo que dice la legislación, como lo que dicen las compañías en el sentido de que hay presencia de gente armada y han tenido lugar amenazas de muerte a quienes han resistido los intentos de bloqueo.

En la solución de las controversias, el vicepresidente Angelino Garzón juega un papel clave, pues ha sido su oficina la que ha tratado de acercar a las partes, para que se pongan de acuerdo. Lamentablemente, el funcionario dio un paso en falso el viernes cuando acusó a las empresas petroleras de "indolentes" y sostuvo que "es momento que algunas entiendan que no están en una República Bananera".

A la luz de esos pronunciamientos, el Gobierno necesita garantizar que tiene una actitud neutral y que su única obligación es la de hacer cumplir la Ley y las normas laborales. Dicho de otra forma, si se comprueban violaciones de los derechos de los trabajadores, deberá haber sanciones. Pero tampoco son aceptables las vías de hecho que ponen en peligro la marcha de un sector que es vital para la estabilidad de la economía y que debe ser fuente de progreso y no de enfrentamientos.