Ante los incumplimientos de la firma contratista encargada de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Paz de Ariporo, que adeuda honorarios a los trabajadores, tuvo que intervenir Acuatodos, para que los constructores asuman su responsabilidad.

Se acordó entre las partes que, a más tardar el 31 de agosto, la empresa contratista pagará las obligaciones a los empleados.

“Con el ingeniero Álvaro Roa, representante legal de la Unión Temporal PP 2014, se ha dispuesto el pago directo, no se van a manejar cesiones de derechos económicos, como en un principio lo habíamos propuesto con el fin de dar cumplimiento a la comunidad”, señaló Ericca Neita Pinto, gerente de Acuatodos.

La funcionaria reiteró que la responsabilidad directa de los pagos a los trabajadores es de la firma contratista, “nosotros estamos dando cumplimiento a la petición que hiciera el Gobernador, ya que nos ha exigido aplicar con rigurosidad las medidas necesarias para que las familias reciban los compromisos para su sustento y hacer seguimiento al cumplimiento del pago oportuno por parte de los contratistas a los empleados”, señaló Neita.

Según Acuatodos la obra tiene un avance que supera el 95%, “según la información técnica es una de las obras más completas y de mayor complejidad del Departamento y que además cumple con la normatividad exigida por Corporinoquia en cuanto a vertimiento. Para la liquidación de la obra, restan apenas algunas obras de urbanismo, y un apantallamiento eléctrico, actividades que se espera reinicien el 15 de septiembre y que a partir de allí habrá un plazo de 45 días para entregar la obra terminada”, afirmó la Gobernación en un comunicado.

“No podemos perder de vista que la planta ya está funcionando sin contratiempos, y el agua hace más de un año ya está siendo tratada con los más altos estándares de calidad”, añadió la gerente de la empresa de servicios públicos del Departamento.

Sin embargó, la situación que encontraron en una visita la semana pasada a los alrededores de la Planta, los diputados de la Asamblea Departamental, contrasta con las afirmaciones de la Gobernación.

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