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Se va la empresa de economía mixta de alumbrado público en Paz de Ariporo

 El Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la decisión del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal que negó la solicitud de nulidad procesal presentada por la Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo S.A.S. La determinación, adoptada el 5 de noviembre de 2026, concluyó que la sociedad conocía la existencia del proceso judicial y tuvo oportunidades para intervenir antes de que se profiriera la sentencia que declaró nulo el acuerdo municipal que autorizó su creación.

La controversia se originó con el Acuerdo Municipal 500.02-023 del 30 de diciembre de 2022, mediante el cual el Concejo de Paz de Ariporo facultó a la entonces alcaldesa para constituir una sociedad de economía mixta encargada del servicio de alumbrado público. Contra esa disposición fueron presentadas tres demandas de nulidad por Henry Riaño Cristiano, Oromairo Abella Ballesteros y Jorge Camilo Abril Tarache, entonces concejal y actual alcalde del municipio. Pese a que las acciones judiciales ya estaban en curso, la empresa fue constituida mediante escritura pública 401 del 16 de mayo de 2023 y registrada el 2 de junio de ese año, con participación accionaria del municipio del 43,92 % y del socio privado del 56,08 %.

El 11 de marzo de 2026, el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal declaró la nulidad del acuerdo municipal con efectos retroactivos, al encontrar irregularidades sustanciales en su aprobación. Posteriormente, el 6 de abril, la empresa solicitó la nulidad de las actuaciones judiciales al considerar que no había sido vinculada al proceso y que se había vulnerado su derecho a la defensa. Sin embargo, el juzgado negó esa petición y el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó dicha decisión. Según la providencia, el representante legal de la sociedad tenía conocimiento del proceso y las notificaciones judiciales habían sido remitidas desde enero de 2024 al correo electrónico registrado por la empresa.

Uno de los aspectos que genera mayor controversia es la cláusula 17 de la escritura de constitución, que contempla una eventual indemnización al socio privado si el acuerdo municipal era derogado, suspendido o anulado judicialmente. Esta estipulación fue incorporada cuando ya existían tres demandas contra el acto administrativo. Al respecto, Jaime Rodríguez, coordinador de la defensa judicial del municipio, sostuvo que, si la nulidad queda en firme, no habría lugar al reconocimiento de indemnizaciones, pues, en su criterio, un acto contrario a la ley no puede generar obligaciones. Se trata de la posición jurídica de la administración municipal y no de una decisión judicial definitiva sobre eventuales reclamaciones económicas.

El proceso aún tiene actuaciones pendientes relacionadas con los recursos de apelación presentados por las sociedades privadas que intervinieron como coadyuvantes en defensa del acuerdo. Rodríguez señaló que, en su interpretación, estos recursos no serían procedentes si las partes principales no impugnaron la sentencia, por lo que se está a la espera de la determinación del juzgado. 

Si la decisión de nulidad adquiere fuerza de cosa juzgada, la administración municipal proyecta que el servicio de alumbrado público sea asumido por la empresa pública Paz de Ariporo S.A.S. E.S.P., que actualmente presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Por ahora, tanto la eventual liquidación de la sociedad mixta como el traslado de la operación dependen de que concluya el trámite judicial. La empresa también tendrá la oportunidad de presentar su posición frente a las decisiones y sus posibles consecuencias.




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