FINCAS EN CASANARE EN EL OJO DEL HURACAN POR CORRUPCIÓN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
Elespectador.com
La amplia investigación que adelantan las autoridades por el caso de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) empieza a encontrar tropiezos debido a la posible pérdida de evidencias de los archivos del organismo, que podían probar el irregular manejo de los bienes incautados a la mafia y sus posibles responsables. Así lo advierte un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
De acuerdo con el informe, tras una inspección judicial a la Subdirección de Bienes, se descubrió que en las carpetas donde reposaban los documentos sobre los registros y movimientos de varios bienes habían adulteraciones y que, incluso, de algunos de ellos fueron sustraídas hojas donde estaría la valiosa información sobre el manejo de las propiedades que estaban bajo custodia de la DNE y los posibles responsables de las irregularidades.
Entre otras, las anomalías se encontraron concretamente al registrar las hojas de vida de bienes como la finca San Vicente, en Puerto Salgar (Cundinamarca); hacienda Tau-Tao, en Ambalema (Tolima); fincas La Libertad, Gorgona y La Ponderosa, en Aguazul (Casanare); hacienda Corinto, en Yopal (Casanare); predios El Vergel y Lomitas, en Victoria (Caldas); predio La Isla, en La Dorada (Caldas), y las finca Aliso, en Tuta (Boyacá).
De acuerdo con el CTI, frente a estos predios se esfumaron las consignaciones que por concepto de arriendo debía recibir mensualmente la Dirección Nacional se Estupefacientes. De igual manera, no se encontró el avalúo catastral, ni el inventario de cómo entregaron cada uno de estos bienes a sus administradores. En las carpetas apenas hallaron algunos registros de consignación.
Indica el documento de la policía judicial que en los contratos de adjudicación de los bienes a particulares no aparecía, especialmente, la hoja donde estaba el nombre del funcionario de la DNE responsable del proceso de entregar el manejo de fincas y lotes a particulares.
Tras consultar la base de datos de la DNE, se encontró que de los 10 bienes cuestionados o en los que se encontraron estas irregularidades, cinco de ellos están bajo la custodia de la Sociedad Agrícola La Esperanza Ltda.; tres bajo la custodia de Luis Eduardo Jurado Erira y los otros a nombre de Germán Eduardo Villamil Cardona y Claudio Enrique Vega Melo.
En el caso de La Esperanza, se tiene que el representante legal es Luis Fernando Rojas Cañón, quien a su vez era el conductor de José Alfredo Abril Forero, uno de los favorecidos por la entrega de bienes de la DNE. Abril administraba seis bienes en Córdoba, Casanare y Meta que entre todas suman casi 2.000 hectáreas. Por su parte, Rojas Cañón, a través de La Esperanza, tiene bajo custodia nueve predios en Tolima, Cundinamarca, Córdoba y Casanare, que suman casi 2.500 hectáreas. Abril y Rojas lograron que les entregaran estos bienes en 2008, bajo la administración de Carlos Albornoz. Por su parte, Luis Eduardo Jurado Erira, quien fue Secretario de Tránsito en Ipiales, cuenta con 10 predios, la mayoría en La Dorada y Victoria (Caldas).
La posible desaparición de documentos de los archivos de la DNE se conoce justo cuando avanza el proceso judicial contra varios exfuncionarios, funcionarios y particulares que estarían involucrados en las presuntas irregularidades en la administración de los bienes incautados a la mafia. Además, cuando la Procuraduría anunció la apertura de investigación contra 13 congresistas, entre activos y retirados, por su posible intervención para la adjudicación de bienes.
La amplia investigación que adelantan las autoridades por el caso de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) empieza a encontrar tropiezos debido a la posible pérdida de evidencias de los archivos del organismo, que podían probar el irregular manejo de los bienes incautados a la mafia y sus posibles responsables. Así lo advierte un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
De acuerdo con el informe, tras una inspección judicial a la Subdirección de Bienes, se descubrió que en las carpetas donde reposaban los documentos sobre los registros y movimientos de varios bienes habían adulteraciones y que, incluso, de algunos de ellos fueron sustraídas hojas donde estaría la valiosa información sobre el manejo de las propiedades que estaban bajo custodia de la DNE y los posibles responsables de las irregularidades.
Entre otras, las anomalías se encontraron concretamente al registrar las hojas de vida de bienes como la finca San Vicente, en Puerto Salgar (Cundinamarca); hacienda Tau-Tao, en Ambalema (Tolima); fincas La Libertad, Gorgona y La Ponderosa, en Aguazul (Casanare); hacienda Corinto, en Yopal (Casanare); predios El Vergel y Lomitas, en Victoria (Caldas); predio La Isla, en La Dorada (Caldas), y las finca Aliso, en Tuta (Boyacá).
De acuerdo con el CTI, frente a estos predios se esfumaron las consignaciones que por concepto de arriendo debía recibir mensualmente la Dirección Nacional se Estupefacientes. De igual manera, no se encontró el avalúo catastral, ni el inventario de cómo entregaron cada uno de estos bienes a sus administradores. En las carpetas apenas hallaron algunos registros de consignación.
Indica el documento de la policía judicial que en los contratos de adjudicación de los bienes a particulares no aparecía, especialmente, la hoja donde estaba el nombre del funcionario de la DNE responsable del proceso de entregar el manejo de fincas y lotes a particulares.
Tras consultar la base de datos de la DNE, se encontró que de los 10 bienes cuestionados o en los que se encontraron estas irregularidades, cinco de ellos están bajo la custodia de la Sociedad Agrícola La Esperanza Ltda.; tres bajo la custodia de Luis Eduardo Jurado Erira y los otros a nombre de Germán Eduardo Villamil Cardona y Claudio Enrique Vega Melo.
En el caso de La Esperanza, se tiene que el representante legal es Luis Fernando Rojas Cañón, quien a su vez era el conductor de José Alfredo Abril Forero, uno de los favorecidos por la entrega de bienes de la DNE. Abril administraba seis bienes en Córdoba, Casanare y Meta que entre todas suman casi 2.000 hectáreas. Por su parte, Rojas Cañón, a través de La Esperanza, tiene bajo custodia nueve predios en Tolima, Cundinamarca, Córdoba y Casanare, que suman casi 2.500 hectáreas. Abril y Rojas lograron que les entregaran estos bienes en 2008, bajo la administración de Carlos Albornoz. Por su parte, Luis Eduardo Jurado Erira, quien fue Secretario de Tránsito en Ipiales, cuenta con 10 predios, la mayoría en La Dorada y Victoria (Caldas).
La posible desaparición de documentos de los archivos de la DNE se conoce justo cuando avanza el proceso judicial contra varios exfuncionarios, funcionarios y particulares que estarían involucrados en las presuntas irregularidades en la administración de los bienes incautados a la mafia. Además, cuando la Procuraduría anunció la apertura de investigación contra 13 congresistas, entre activos y retirados, por su posible intervención para la adjudicación de bienes.
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