Por presunto desacato y prevaricato por omisión fueron llamados los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Jorge Castillo Rúgeles, José Alfredo Escobar Araújo, Francisco Escobar Henríquez y Ricardo Monroy, en desarrollo de una investigación en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes por desatender un fallo judicial para ampliar los servicios de la justicia en el Casanare.






El proceso data de 2007, cuando la abogada Patricia Riaño (Q.E.P.D) interpuso una acción popular contra los ministerios del Interior y de Hacienda, así como contra el Consejo Superior de la Judicatura, tras considerar que debían crearse nuevos juzgados civiles y penales en los municipios de Yopal, Monterrey, Aguazul y Villanueva. En su criterio, la ausencia de estos despachos vulneraba el derecho al acceso a la justicia y el derecho al trabajo de los casanareños.


La acción popular fue fallada en marzo de 2009 y el Juzgado Segundo Administrativo del circuito ordenó al Consejo de la Judicatura la creación de un nuevo juzgado civil para Yopal, al tiempo que le otorgó un término de seis meses para crear y poner en funcionamiento la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial en la capital del Casanare. La decisión fue apelada, pero el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el fallo y ratificó el plazo acordado.

Como no se dio cumplimiento a la decisión, la Comisión de Acusación de la Cámara, a través del representante investigador Héctor Vergara, ordenó escuchar en versión sus explicaciones. La decisión se produjo al mismo tiempo que los magistrados Castillo, Escobar Araújo y Escobar Henríquez también fueron vinculados a la investigación por el presunto carrusel de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura.

Como es de conocimiento público, ante informes de la Contraloría General sobre un presunto detrimento patrimonial cercano a los $13 mil millones, la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara decidió averiguar por qué razones se hicieron nombramientos de magistrados auxiliares que estaban a punto de alcanzar su pensión y que gracias a los contratos otorgados por el Consejo de la Judicatura lograron un notable incremento en sus jubilaciones.

La misma Comisión de Investigación se encuentra a la espera de que el controvertido empresario italiano Giorgio Sale rinda un testimonio que se tiene pendiente en desarrollo de otra investigación abierta contra el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo. Este proceso, abierto desde hace más de dos años, se encontraba sin avances y a punto de ser archivado, hasta que trascendió la detención de Sale por presunto lavado de activos.

Vergara, quien fue presidente de la Comisión el año pasado, ha sostenido en repetidas ocasiones que los casos que él asuma como investigador tendrán en evidentes resultados, ya que su único propósito en el Capitolio es reivindicar la función judicial del Congreso de la República.