INVESTIGACIONES POR PARAPOLÍTICA Y CORRUPCIÓN CUESTIONAN A LOS POLÍTICOS DE CASANARE
Por: Alfredo Molano Jimeno y Alexánder Marín Correa El Espectador
La política en el Casanare está convulsionada por estos meses, cuando los candidatos a las elecciones regionales de octubre calientan motores. A la condena de seis exalcaldes por nexos con los paramilitares, la captura de un candidato a la Gobernación por el mismo motivo y la destitución de su actual gobernador por posibles irregularidades en contratación, se suma el temor de la comunidad de que políticos salpicados por posibles nexos con las Auc sean elegidos para los primeros cargos como alcaldías y la Gobernación.
Casanare es un departamento que recibe recursos de las regalías, en especial provenientes de petróleo, y esto lo ha convertido en una región que está constantemente en la mira de dos frentes: los grupos armados ilegales, que han librado una guerra sin cuartel, y los políticos, que le han dado manejos irregulares a los dineros públicos. En ocasiones se ha dado la efectiva alianza de ambos.
Y justo cuando las candidaturas a Gobernación y alcaldías empiezan a barajarse, los entes de control le ponen retrovisor a lo que han sido las relaciones entre paramilitarismo, corrupción y política. El hecho más reciente fue el anuncio que hizo ayer la Procuraduría General de destituir e inhabilitar por 11 años al actual gobernador Óscar Raúl Flórez Chávez. El Ministerio Público lo halló responsable por irregularidades en contratación en el sector de educación.
El caso de los seis exalcaldes de distintos municipios del departamento llanero, que fueron condenados a seis años de prisión por haber firmado el ‘Pacto del Casanare’ con las Auc de Martín Llanos, evidencia el grado de penetración que alcanzaron los grupos ilegales en la política local. A éstos condenados se sumaría Milton Álvarez, exalcalde de Tauramena y quien aspiraba a la Gobernación del Casanare, al que investigan también por la firma del mismo pacto. Lo cual prueba que la amenaza sigue latente
.
La destitución de Flórez
La decisión de la Procuraduría contra Flórez Chávez, que lo sanciona por irregularidades en la firma de un contrato de prestación de servicios educativos en 2008 con la “Denominación Misión Panamericana de Colombia”, devela a su vez los manejos de las administraciones públicas del departamento.
Para el Ministerio Público, el gobernador Flórez violó la transparencia al contratar con una entidad que no acreditaba la experiencia requerida en el objeto del contrato, el cual consistía en la dirección de establecimientos de enseñanza. A su vez, según el ente de control, Flórez violó el principio de economía, por haber firmado un contrato por casi $15.000 millones con estudios previos deficientes. Estos cargos fueron calificados como culpa gravísima.
Ante esta decisión, el abogado del exmandatario departamental anunció que buscará que sea declarada nula. “A esta decisión, aunque está en firme y lo obliga a salir de la Gobernación, aún le queda un recurso, al cual vamos a apelar para pedir la decisión ante la jurisdicción contenciosa. La destitución e inhabilidad que adoptó la viceprocuradora son decisiones exageradas. En la primera instancia le habían endilgado tres cargos y en la revisión de la decisión le quitaron uno. A pesar de eso, la sanción no varió”.
“Además, este ha sido un proceso plagado de irregularidades, que no han querido tener en cuenta. Es por esto que vamos a seguir peleando para que le restituyan los derechos al señor gobernador”, indicó el abogado Vladimir Fernández, defensor del mandatario casanarense.
Actualmente Flórez Chávez también enfrenta otros dos procesos disciplinarios. Uno, ante la Procuraduría delegada para la economía, y otro ante la delegada de contratación. El primer caso está relacionado con la toma de decisiones con regalías, cuando éstas estaban suspendidas. El segundo, con unas licitaciones y concursos de méritos de finales del año pasado.
Paramilitarismo en Los Llanos
Desde mediados de la década de los 80 empezó a surgir el paramilitarismo en Los Llanos Orientales. Principalmente con el mando de los hermanos Héctor y William Buitrago, así como también del tristemente célebre Martín Llano –hijo de Héctor Buitrago—. En la zona del Casanare, especialmente en el sur, operaron los bloques Centauros, bajo el mando de alias Arroyave, y las Autodefensas Campesinas de Casanare, comandada por Martín Llanos, uno de los único jefes ‘paras’ que se negó a entrar al proceso de desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe. A finales de los noventa, esta región vivió una fuerte guerra entre dos bloques paramilitares: los comandados por Arroyave y los de Martín Llanos. El enfrentamiento dejó una cicatriz en la memoria de los casanareños, que aún hoy se recuperan de los casi 25 años de presencia del paramilitarismo.
Temor preelectoral
Y antes de que se conociera la destitución de Flórez Chávez, de quien se debe decir no se conocen investigaciones por nexos con grupos ilegales, habitantes del Casanare expresaron su preocupación por el hecho de que algunos de los que pretenden aspirar a las alcaldías y a la Gobernación son mencionados por desmovilizados en las investigaciones por parapolítica que se adelantan en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. En contra de varios aspirantes hay compulsa de copias y avanzan procesos en etapa preliminar.
La misma Corte advirtió sobre la presencia histórica de estos grupos en la región y su cooptación de los círculos de la política en el departamento. “Es de conocimiento público que en el departamento del Casanare desde el año de 1980 surgieron grupos armados ilegales que tomaron el nombre de ‘Autodefensas Campesinas del Casanare’ (ACC), como ocurrió en muchas regiones del país, cuya aparición en aquella zona obedeció al propósito inicial de defenderse del actuar de las guerrillas; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, esa organización fue desarrollándose y expandiéndose a los departamentos vecinos al paso que su objetivo inicial fue perdiendo trascendencia para convertirse en una empresa criminal que se fortaleció con los recursos apropiados del erario y luego con el narcotráfico. Así nació una organización con estructuras militar, financiera, sociopolítica, ideológica, etc, dirigida por cabecillas o comandantes, siendo Martín Llanos uno de los más destacados líderes en aquella región”, afirmó la Corte en su fallo.
Incluso, en dicha providencia se menciona que, según testimonio de desmovilizados y exmiembros de las Auc, los grupos paramilitares se reunieron con políticos de la región, entre los cuales están William Hernán Pérez Espinel, hoy condenado, y Javier Barragán Vargas, quien ha venido sonando como aspirante a la Gobernación.
Los testimonios de varios desmovilizados y exmiembros de las Auc mencionan a los cinco principales candidatos a la Gobernación y a la Alcaldía de Yopal, capital del departamento. Y el caso más particular de éstos es el de Efrén Hernández Díaz, quien aparece relacionado en más de cinco declaraciones antes la Fiscalía y la Corte.
A Hernández Díaz se le acusa de haber participado activamente en reuniones con Martín Llanos, de haber adquirido compromisos con éste, de haber sido promovido electoralmente por los grupos ‘paras’ en el sur del Casanare y de comprar testigos para que declararan falsamente contra sus contendores políticos.
Sobre Hernández Díaz, el exparamilitar Javier Fernando Rivera expresa, refiriéndose a una reunión realizada en la casa de Willliam Buitrago: “El doctor Efrén Hernández nos dijo que él tenía aspiraciones a la Gobernación de Casanare, pero que necesitaba que le ayudáramos a eliminar algunos obstáculos”.
En el testimonio de Carlos López Garay también figura uno de los candidatos a la Gobernación. Esta vez es Nelson Mariño, quien aspira por el Partido Liberal, sobre el cual López Garay sostiene que siendo alcalde de Yopal en 2002 se comprometió con las Autodefensas Campesinas de Casanare a colaborar económicamente y relaciona que cada tres meses entregaba $100 millones.
Ante la Corte Suprema, William Mayorga, un desmovilizado que estuvo bajo el mando de Martín Llanos, afirmó haber presenciado reuniones en 2002 entre su jefe y políticos regionales, entre quienes relacionó a Jacobo Rivera Gómez, quien hoy busca el aval por el Partido de la Upara poner su nombre a pulso por la Gobernación.
De los testimonios de estos exparas se evidencia que durante los años de dominio paramilitar los políticos estuvieron a sus órdenes, algunos de los cuales hoy buscan avales y firmas para lanzarse nuevamente por los puestos de elección popular del Casanare.
El recorrido del gobernador
El gobernador Óscar Raúl Iván Flórez es ingeniero civil y se vinculó a la política en 1994, cuando lo nombraron en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Casanare. Fue alcalde del municipio de Villanueva en 1995 y estuvo hasta 1997. En 2000 fue elegido diputado y en 2003 aspiró a la Gobernación, pero perdió con su contrincante Ángel Pérez, con el que perdió en las urnas.
Para las elecciones de 2007 se presentó como candidato por el Partido de la U. En aquella oportunidad, sus contrincantes fueron el exgobernador William Pérez y el exalcalde de Yopal Efrén Hernández Díaz. Pérez fue inhabilitado y apoyó a Flórez.
Se posesionó el 1° de enero de 2008 y a pocos meses de comenzar su mandato enfrentó un proceso por la anulación de su elección por una supuesta inhabilidad. El caso llegó en segunda instancia al Consejo de Estado, donde fue revocada.
La política en el Casanare está convulsionada por estos meses, cuando los candidatos a las elecciones regionales de octubre calientan motores. A la condena de seis exalcaldes por nexos con los paramilitares, la captura de un candidato a la Gobernación por el mismo motivo y la destitución de su actual gobernador por posibles irregularidades en contratación, se suma el temor de la comunidad de que políticos salpicados por posibles nexos con las Auc sean elegidos para los primeros cargos como alcaldías y la Gobernación.
Casanare es un departamento que recibe recursos de las regalías, en especial provenientes de petróleo, y esto lo ha convertido en una región que está constantemente en la mira de dos frentes: los grupos armados ilegales, que han librado una guerra sin cuartel, y los políticos, que le han dado manejos irregulares a los dineros públicos. En ocasiones se ha dado la efectiva alianza de ambos.
Y justo cuando las candidaturas a Gobernación y alcaldías empiezan a barajarse, los entes de control le ponen retrovisor a lo que han sido las relaciones entre paramilitarismo, corrupción y política. El hecho más reciente fue el anuncio que hizo ayer la Procuraduría General de destituir e inhabilitar por 11 años al actual gobernador Óscar Raúl Flórez Chávez. El Ministerio Público lo halló responsable por irregularidades en contratación en el sector de educación.
El caso de los seis exalcaldes de distintos municipios del departamento llanero, que fueron condenados a seis años de prisión por haber firmado el ‘Pacto del Casanare’ con las Auc de Martín Llanos, evidencia el grado de penetración que alcanzaron los grupos ilegales en la política local. A éstos condenados se sumaría Milton Álvarez, exalcalde de Tauramena y quien aspiraba a la Gobernación del Casanare, al que investigan también por la firma del mismo pacto. Lo cual prueba que la amenaza sigue latente
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La destitución de Flórez
La decisión de la Procuraduría contra Flórez Chávez, que lo sanciona por irregularidades en la firma de un contrato de prestación de servicios educativos en 2008 con la “Denominación Misión Panamericana de Colombia”, devela a su vez los manejos de las administraciones públicas del departamento.
Para el Ministerio Público, el gobernador Flórez violó la transparencia al contratar con una entidad que no acreditaba la experiencia requerida en el objeto del contrato, el cual consistía en la dirección de establecimientos de enseñanza. A su vez, según el ente de control, Flórez violó el principio de economía, por haber firmado un contrato por casi $15.000 millones con estudios previos deficientes. Estos cargos fueron calificados como culpa gravísima.
Ante esta decisión, el abogado del exmandatario departamental anunció que buscará que sea declarada nula. “A esta decisión, aunque está en firme y lo obliga a salir de la Gobernación, aún le queda un recurso, al cual vamos a apelar para pedir la decisión ante la jurisdicción contenciosa. La destitución e inhabilidad que adoptó la viceprocuradora son decisiones exageradas. En la primera instancia le habían endilgado tres cargos y en la revisión de la decisión le quitaron uno. A pesar de eso, la sanción no varió”.
“Además, este ha sido un proceso plagado de irregularidades, que no han querido tener en cuenta. Es por esto que vamos a seguir peleando para que le restituyan los derechos al señor gobernador”, indicó el abogado Vladimir Fernández, defensor del mandatario casanarense.
Actualmente Flórez Chávez también enfrenta otros dos procesos disciplinarios. Uno, ante la Procuraduría delegada para la economía, y otro ante la delegada de contratación. El primer caso está relacionado con la toma de decisiones con regalías, cuando éstas estaban suspendidas. El segundo, con unas licitaciones y concursos de méritos de finales del año pasado.
Paramilitarismo en Los Llanos
Desde mediados de la década de los 80 empezó a surgir el paramilitarismo en Los Llanos Orientales. Principalmente con el mando de los hermanos Héctor y William Buitrago, así como también del tristemente célebre Martín Llano –hijo de Héctor Buitrago—. En la zona del Casanare, especialmente en el sur, operaron los bloques Centauros, bajo el mando de alias Arroyave, y las Autodefensas Campesinas de Casanare, comandada por Martín Llanos, uno de los único jefes ‘paras’ que se negó a entrar al proceso de desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe. A finales de los noventa, esta región vivió una fuerte guerra entre dos bloques paramilitares: los comandados por Arroyave y los de Martín Llanos. El enfrentamiento dejó una cicatriz en la memoria de los casanareños, que aún hoy se recuperan de los casi 25 años de presencia del paramilitarismo.
Temor preelectoral
Y antes de que se conociera la destitución de Flórez Chávez, de quien se debe decir no se conocen investigaciones por nexos con grupos ilegales, habitantes del Casanare expresaron su preocupación por el hecho de que algunos de los que pretenden aspirar a las alcaldías y a la Gobernación son mencionados por desmovilizados en las investigaciones por parapolítica que se adelantan en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. En contra de varios aspirantes hay compulsa de copias y avanzan procesos en etapa preliminar.
La misma Corte advirtió sobre la presencia histórica de estos grupos en la región y su cooptación de los círculos de la política en el departamento. “Es de conocimiento público que en el departamento del Casanare desde el año de 1980 surgieron grupos armados ilegales que tomaron el nombre de ‘Autodefensas Campesinas del Casanare’ (ACC), como ocurrió en muchas regiones del país, cuya aparición en aquella zona obedeció al propósito inicial de defenderse del actuar de las guerrillas; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, esa organización fue desarrollándose y expandiéndose a los departamentos vecinos al paso que su objetivo inicial fue perdiendo trascendencia para convertirse en una empresa criminal que se fortaleció con los recursos apropiados del erario y luego con el narcotráfico. Así nació una organización con estructuras militar, financiera, sociopolítica, ideológica, etc, dirigida por cabecillas o comandantes, siendo Martín Llanos uno de los más destacados líderes en aquella región”, afirmó la Corte en su fallo.
Incluso, en dicha providencia se menciona que, según testimonio de desmovilizados y exmiembros de las Auc, los grupos paramilitares se reunieron con políticos de la región, entre los cuales están William Hernán Pérez Espinel, hoy condenado, y Javier Barragán Vargas, quien ha venido sonando como aspirante a la Gobernación.
Los testimonios de varios desmovilizados y exmiembros de las Auc mencionan a los cinco principales candidatos a la Gobernación y a la Alcaldía de Yopal, capital del departamento. Y el caso más particular de éstos es el de Efrén Hernández Díaz, quien aparece relacionado en más de cinco declaraciones antes la Fiscalía y la Corte.
A Hernández Díaz se le acusa de haber participado activamente en reuniones con Martín Llanos, de haber adquirido compromisos con éste, de haber sido promovido electoralmente por los grupos ‘paras’ en el sur del Casanare y de comprar testigos para que declararan falsamente contra sus contendores políticos.
Sobre Hernández Díaz, el exparamilitar Javier Fernando Rivera expresa, refiriéndose a una reunión realizada en la casa de Willliam Buitrago: “El doctor Efrén Hernández nos dijo que él tenía aspiraciones a la Gobernación de Casanare, pero que necesitaba que le ayudáramos a eliminar algunos obstáculos”.
En el testimonio de Carlos López Garay también figura uno de los candidatos a la Gobernación. Esta vez es Nelson Mariño, quien aspira por el Partido Liberal, sobre el cual López Garay sostiene que siendo alcalde de Yopal en 2002 se comprometió con las Autodefensas Campesinas de Casanare a colaborar económicamente y relaciona que cada tres meses entregaba $100 millones.
Ante la Corte Suprema, William Mayorga, un desmovilizado que estuvo bajo el mando de Martín Llanos, afirmó haber presenciado reuniones en 2002 entre su jefe y políticos regionales, entre quienes relacionó a Jacobo Rivera Gómez, quien hoy busca el aval por el Partido de la Upara poner su nombre a pulso por la Gobernación.
De los testimonios de estos exparas se evidencia que durante los años de dominio paramilitar los políticos estuvieron a sus órdenes, algunos de los cuales hoy buscan avales y firmas para lanzarse nuevamente por los puestos de elección popular del Casanare.
El recorrido del gobernador
El gobernador Óscar Raúl Iván Flórez es ingeniero civil y se vinculó a la política en 1994, cuando lo nombraron en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Casanare. Fue alcalde del municipio de Villanueva en 1995 y estuvo hasta 1997. En 2000 fue elegido diputado y en 2003 aspiró a la Gobernación, pero perdió con su contrincante Ángel Pérez, con el que perdió en las urnas.
Para las elecciones de 2007 se presentó como candidato por el Partido de la U. En aquella oportunidad, sus contrincantes fueron el exgobernador William Pérez y el exalcalde de Yopal Efrén Hernández Díaz. Pérez fue inhabilitado y apoyó a Flórez.
Se posesionó el 1° de enero de 2008 y a pocos meses de comenzar su mandato enfrentó un proceso por la anulación de su elección por una supuesta inhabilidad. El caso llegó en segunda instancia al Consejo de Estado, donde fue revocada.
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