El candidato a la Gobernación de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, envió una comunicación escrita al diario El espectador, en donde hace una serie de precisiones y pide que se rectifique la información publicada hace algunos días, en la que se amplifica el testimonio de un paramilitar.

Este es el texto de la carta enviada por Mariño.

Señores
ALFREDO MOLANO JIMENO
ALEXÁNDER MARÍN CORREA
Redacción Política
PERIÓDICO EL ESPECTADOR
Bogotá D.C.

Señor
FIDEL CANO
Director
PERIÓDICO EL ESPECTADOR
Bogotá D.C.

Respetados señores.
La presente para aclarar uno de los aspectos centrales del artículo “Casanare, política convulsionada”, publicado el pasado 24 de junio de 2011 en el periódico El Espectador, y en donde se me vulneran derechos tan fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, como el buen nombre, el derecho a la intimidad, y el derecho de informar y ser informado de manera veraz.

En el mencionado artículo, se señala que “en el testimonio de Carlos López Garay también figura uno de los candidatos a la Gobernación. Esta vez es Nelson Mariño, quien aspira por el Partido Liberal, sobre el cual López Garay sostiene que siendo alcalde de Yopal en 2002 se comprometió con las Autodefensas Campesinas de Casanare a colaborar económicamente y relaciona que cada tres meses entregaba $100 millones”.

Ante esta infame aseveración me permito hacer las siguientes precisiones:
Primero, y teniendo en cuenta que el ejercicio del periodismo se fundamenta en el estricto y juicioso ejercicio de la confrontación de fuentes alrededor de un nombre, tema o circunstancia, es inexplicable por qué ustedes no se tomaron el trabajo de consultar mi versión ante esta gravísima afirmación, lo que de antemano faltan ustedes al enunciado constitucional del derecho de informar y ser informado de manera veraz.

Segundo, esa elemental confrontación de fuentes les hubiera permitido conocer inicialmente que nunca fui Alcalde de Yopal en el año 2002, porque sencillamente fui elegido por los ciudadanos para el período 2004 – 2007, lo que deja en entre dicho no solo la ligereza del mencionado artículo, sino la temerarias afirmaciones del Señor López Garay.

Tercero, en ningún momento me he comprometido en el transcurso de mi carrera política con ninguna persona u organización al margen de la ley, incluido en un delito de semejantes proporciones como el de entregar trimestralmente una determinada suma de dinero, y es así como estoy dispuesto a presentar las explicaciones pertinentes ante la opinión pública y la justicia, y convencido de que un testimonio de un ex paramilitar no tiene validez ante un acuerdo que jamás existió.

Cuarto, es de anotar que la supuesta presión de grupos al margen de la ley hacia las administraciones municipales del departamento, se empezaron a debilitar hacia mediados del año 2002, con la implementación de la política de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe, y hasta que finalmente administraciones como la nuestra tuvieron la fortuna de no tener ningún tipo de presiones de ese tipo, y que incluyó no solo la acción contundente de la fuerza pública sino además el proceso de desmovilización de los paramilitares con la conocida ley de justicia y paz (un buen reportaje debería tener en cuenta esta variable de debilitamiento de esos delincuentes en el Departamento).

Quinto, este tipo de calumnias también responde a que en este momento soy el candidato a la gobernación más opcionado para las elecciones de octubre en mi departamento, hasta tal punto que mi votación no solo podría ser la más alta de la historia en Casanare, sino que los entendidos anticipan que mi votación podría superar en más de un ciento por ciento al segundo candidato más opcionado en esta contienda electoral; lo que ha generado una angustia creciente de toda la dirigencia política tradicional del Departamento, que se resiste no solo a perder la gobernación sino a que una persona humilde y honesta tome las riendas de Casanare, y que desde ahora está proponiendo a los demás candidatos suscribir un acuerdo para no comprometer el presupuesto de la Gobernación con los intereses voraces de los contratistas de afuera.

Es así como acudiendo al Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, y que señala que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación… Estos son s y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad…”, muy respetuosamente solicito que se rectifique el mencionado artículo con las precisiones anteriormente expuestas.

Por la atención prestada, anticipo mis más sinceros agradecimientos.
NELSON RICARDO MARIÑO VELANDIA - Ex alcalde de Yopal