La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al representante legal de Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca, y su antecesor Hernán Alfonso Briceño, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del sistema de salud.

Las investigaciones, que están relacionadas con inconsistencias contables y financieras, también vinculan a los miembros de la junta directiva de la EPS, Jorge Eugenio Gómez Cusnir, Mauricio Arturo García Ortiz, María Inés Agudelo Valencia, Felipe Baptiste Liévano, Jesús María Ballesteros y Blanca Elvira Cajigas de Acosta.

Así mismo, se investiga si la EPS podría haber utilizado recursos destinados a la prestación de servicios de salud para el pago de gastos administrativos, algunos de los cuales no tendrían sustento legal, como millonarias bonificaciones y honorarios. Otros gastos inexplicados, habrían sido autorizados y pagados sin la auditoría a sus soportes contables, lo cual podría haber ocasionado la desviación de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio de salud a sus afiliados.

Dentro del proceso también se encuentran hallazgos relacionados con el presunto giro de cuantiosos anticipos a IPS de sus propios accionistas, y el pago de facturas con sobrecostos a varios proveedores.

El órgano de control es competente para investigar al representante legal de Medimás y su junta directiva, teniendo en cuenta que la EPS, como administradora de los recursos de la salud, maneja dineros públicos por tratarse de parafiscales que tienen destinación específica.

La Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas y escuchará en versión libre a los investigados si así lo solicitan.

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, avanzan en el seguimiento conjunto a la operación de Medimás, con énfasis en la vigilancia sobre el uso de los recursos de la UPC y la revisión de los informes entregados por el contralor designado por la Superintendencia Nacional de Salud, según los cuales la EPS presenta un patrimonio negativo, estimado en -$178.000 millones de pesos.