Los acuerdos alcanzados entre la comunidad, autoridades locales y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en torno al peaje San Pedro contemplan una reducción significativa en la tarifa diferencial, la ampliación de los vehículos y municipios beneficiados, así como la simplificación de los requisitos para acceder a los descuentos. Las medidas deberán implementarse en un plazo de 45 a 60 días, según el compromiso asumido por la ANI.

Uno de los principales puntos es la reducción de la tarifa diferencial para vehículos particulares (categoría I), que pasa de $6.400 a $3.700, frente a una tarifa plena de $20.300, lo que representa un descuento del 81 %.

El nuevo esquema también amplía el beneficio por núcleo familiar, al permitir el registro de hasta dos vehículos por vivienda, cuando anteriormente solo se autorizaba uno. Además, se flexibiliza el número de pasos exigidos para conservar el beneficio, que pasa de 20 pasos cada dos meses a solo un paso en el mismo periodo.

En cuanto a los requisitos, los acuerdos eliminan varias exigencias previas. A partir de ahora, para acceder a la tarifa diferencial solo se solicitará el certificado de residencia y la fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo, dejando sin efecto otros documentos que antes eran obligatorios.

Otro cambio relevante es la ampliación de las categorías de vehículos beneficiadas. El descuento, que antes aplicaba únicamente para las categorías I y II, ahora se extiende desde la categoría I hasta la VII, incluyendo vehículos pequeños, volquetas y transporte de carga pesada, con reducciones que oscilan entre el 40 % y el 61 %, según la categoría.

La cobertura territorial también se amplía. A los municipios inicialmente incluidos —Villanueva, Monterrey y Aguaclara— se suman Sabana Larga (en toda su jurisdicción), Barranca de Upía y San Luis de Gaceno, este último en casos específicos.

Los acuerdos son el resultado de mesas de diálogo en las que participaron representantes de la ciudadanía, autoridades municipales y departamentales, y la ANI, entidad que deberá expedir la resolución que deje en firme lo pactado dentro del plazo anunciado.