En el municipio de Yopal –Casanare-, en el Coliseo Cubierto Instituto Técnico Ambiental, los días 21 y 22 de marzo de 2015, se reunieron novecientos (900) representantes de comunidades y organizaciones sociales pertenecientes a los departamentos del Centro Oriente de Colombia: Meta, Arauca, Casanare, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Bogotá, Vichada y los pueblos indígenas; en acompañamiento de delegados de organizaciones provenientes del Chocó, Cauca, Huila y Sur de Bolívar y con la solidaridad internacional de delegados de Venezuela, Argentina, Canadá y el País Vasco, para instalar las sesiones permanentes del Congreso de los Pueblos capitulo Centro Oriente, como un espacio de unidad que responda a las necesidades de la organización social y política de la región e impulse a nivel nacional la consecución de los cambios urgentes que reclama nuestra sociedad, y que logre gestar una fuerza social y popular que materialice una Colombia con vida digna, libre y soberana.

DECLARAMOS QUE:

Que la actual crisis capitalista se han detonado diversidad de conflictos sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales que han agravado las condiciones de vida de las clases trabajadoras por la vía del ajuste al gasto público y la depredación de los principales bienes naturales, por parte de los conglomerados financieros internacionales y sus Estados nacionales. Por tal razón, consideramos que la lucha de los pueblos por la soberanía de sus territorios debe ser un pilar para la paz con justicia social.

En este contexto la realidad nacional atraviesa la arremetida del capital contra el movimiento social, mientras el gobierno consagra su cinismo en un discurso de paz que se contrapone a los verdaderos intereses de sus políticas económicas, prestas al servicio de las empresas privadas de tipo nacional y extranjero, que según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 obtendrán sus ganancias profundizando el modelo extractivista de la explotación minero-energética y agro-industrial, para lo cual será indispensable la construcción de infraestructura al servicio de los grandes intereses privados (Oleoductos, vías, puentes, locaciones, navegabilidad y adecuación de ríos), gozando de excepciones tributarias que pagaran los trabajadores y trabajadoras colombianos a través del aumento de los impuestos a su consumo, salario y precarización de sus condiciones laborales.

Bajo estas condiciones: Mandatamos rechazar y oponernos activamente mediante la movilización, la denuncia pública y la agitación de nuestros mandatos, a las nefastas consecuencias que para el bienestar de las clases populares signa el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno.

El modelo minero energético de tipo extractivo que se viene implementando en nuestros territorios, le ha permitido a las empresas transnacionales amasar grandes ganancias en el corto plazo. Mientras tanto a los trabajadores les queda la precarización laboral; deterioro ambiental; trasgresión cultural y degradación social. De esta forma, los empresarios no pagan los costos negativos del modelo extractivo porque no viven en las comunidades.

Por lo cual: Mandatamos la construcción de una nueva ley minero-energética, que explote los recursos naturales de manera soberana en armonía y equilibrio con la naturaleza.

Que la concentración de la tierra en extensos latifundios y para el desarrollo de megaproyectos, despoja la verdadera fuerza que produce la riqueza en los territorios rurales, es decir al campesino. Que no solo mediante el acaparamiento de tierras, sino por la falta de acceso a mercados, créditos, subsidios y la competencia con grandes capitales nacionales y sobretodo internacionales, el campesinado es arrinconado en una situación de extrema pobreza agudizada por el abandono estatal.

Por esto: Mandatamos la creación de los Territorios Agro-alimentarios y Ancestrales, en armonía con otras formas alternativas de concebir el territorio por parte de otros procesos de organización popular, los que priorizarán la producción de alimentos para la nación y servirán como escenarios participativos para desarrollar la economía campesina, fortalecerla y llevarla a mayores niveles de gestión que incluyan modelos agro-ecológicos y agro-industriales que garanticen la soberanía alimentaria y el equilibrio natural del territorio.

Que ante la concentración de grandes masas de personas en las ciudades y cabeceras municipales generada por el despojo, un problema agrario no resuelto en el país y una dinámica de regionalización urbano-regional a favor de los conglomerados financieros nacionales e internacionales vienen negociando con los bienes de consumo colectivo producidos por los trabajadores colombianos. La vivienda y los servicios domiciliarios, el transporte, la salud, la educación, la cultura, la recreación y la dignificación de las condiciones laborales, que no son hoy garantía de vida sino fuentes de sobre-explotación para el pueblo colombiano.

Por ello: Mandatamos generar una industria nacional en manos de los procesos comunitarios que sea capaz de dignificar el empleo y la vida de los trabajadores colombianos; un Sistema Público de Abastecimiento de Bienes de Consumo Colectivo, gestionado con la participación y empoderamiento de las comunidades organizadas, a través de una ley que reconozca la naturaleza jurídica de la gestión comunitaria con financiación estatal.

Debido a las condiciones del fortalecimiento del movimiento social y a la creciente movilización de los diferentes sectores sociales indígenas, campesinos, obreros, estudiantes y sectores populares en campos y ciudades, el Estado ha terminado por agudizar la situación de violación de los derechos humanos de las organizaciones sociales por todo el país, incriminando, encarcelando, asesinando a líderes y dirigentes sociales. Esta situación dejó como saldo el asesinato de nuestro querido dirigente del Centro Oriente de Colombia Carlos Alberto Pedraza Salcedo y la detención arbitraria de Alexander Tibacuy Laguado, donde en ambos casos exigimos de parte del Estado el esclarecimiento y las garantías correspondientes.

Sobre estas condiciones: Mandatamos defender la vida de los líderes y dirigentes sociales, así como sus libertades y garantías legales para el desarrollo de su ejercicio político y promover la defensa de los DDHH de las mayorías de los colombianos.

Que el imperialismo viene desarrollando una contraofensiva en Latinoamérica generando campañas de desestabilización contra gobiernos progresistas y estigmatización de las movilizaciones populares. El caso más reciente se encuentra en las sanciones impuestas por Estados Unidos a el país hermano de Venezuela, por considerarlo una amenaza para su seguridad nacional, facultándose unilateralmente para involucrase en los asuntos internos de la nación bolivariana y violentar su legítimo derecho a la autodeterminación.

Con esto: Mandatamos reivindicar el respeto a la autodeterminación de los pueblos y las naciones latinoamericanas y fortalecer los lasos de solidaridad y hermanamiento con el pueblo venezolano y su proceso de revolución social y democrática.

Que mientras el gobierno habla de paz radicaliza sus políticas de injusticia social, económica y política. La superación de los problemas históricos de exclusión política, explotación económica y segregación territorial que son las causas reales y estructurales del actual estado de guerra social en que vive nuestra nación, son solo posible a partir de la organización social y política de los sectores populares por la conquista de sus condiciones de vida digna y las transformaciones estructurales de nuestra nación.

Por tales razones: Mandatamos avanzar en la unidad del movimiento social y popular de nuestro país y en su lucha por la materialización de sus planes alternativos de vida.

Frente a la implementación del modelo extractivo en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas del Centro Oriente de Colombia y sus nefasta consecuencias para la naturalezas, la biodiversidad y la cultura milenaria de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas del Centro Oriente Colombiano, representados en el Congreso de los Pueblos, Capítulo Centro Oriente, ratificamos que la lucha por la supervivencia y la pervivencia, parte de los planes de vida y la Ley de Origen de cada pueblo en donde se presenta la territorialidad, la autonomía, la unidad, la espiritualidad y la cosmogonía.

Por esto: Mandatamos la unidad de los pueblos indígenas, la unidad con los demás sectores de la sociedad en el marco de un programa político, que se construye con la participación de todos en escenarios populares y sociales como el Congreso de los Pueblos, y su materialización sólo es posible con la movilización y la lucha.

Carlos Alberto Pedraza Salcedo

¡Vive siempre!
Hasta cuando
¡Hasta la victoria!

Los bienes naturales para la nación
¡No para el capital!
Por una Colombia libre y soberana

¡Unidad y Lucha!

Congreso de los Pueblos
¡Propuesta de país para la vida digna!


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