La Procuraduría General de la Nación determinó retirar el acompañamiento preventivo que venía realizando al proceso de licitación pública que adelanta el municipio de Yopal (Casanare) para contratar, por el sistema de concesión, la operación, reposición, modernización, mantenimiento, administración y expansión del sistema de alumbrado público en esa ciudad, debido a que la Alcaldía guardó silencio a los requerimientos y/o observaciones presentadas por el ente de control.

El Ministerio Público, que en tres oportunidades envió comunicaciones a esa administración con inquietudes sobre los pliegos de condiciones, no recibió respuesta, y no obstante, ni siquiera fueron publicadas tales observaciones en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

Algunas de las sugerencias realizadas por la Procuraduría señalaban que era importante aclarar la necesidad de inversión que el municipio determinó para otorgar en concesión el sistema de alumbrado público en la capital casanareña, para lo cual requirió los estudios técnicos que se tengan al respecto; pidió otorgar un plazo mayor para el cierre del proceso, teniendo en cuenta la complejidad del objeto de la licitación que involucra varias actividades, y además, que el actual contrato de concesión se termina en agosto de 2015; y sobre los requisitos financieros se indicó que podrían no ser proporcionales a la cuantía y objeto contractual, hecho que posiblemente redundaría en una limitación a la pluralidad de oferentes, por lo que la Procuraduría solicitó a la alcaldía municipal de Yopal que revisara todos los indicadores financieros habilitantes.

“Teniendo en cuenta que la negación a contestar nuestras inquietudes y requerimientos podrían situar a los funcionarios en conductas estipuladas en los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, entre otras, se remitirá al operador disciplinario una comunicación para que evalúe, en su momento, la posibilidad de iniciar las actuaciones a que haya lugar”, se indicó en el oficio de retiro del acompañamiento preventivo.

Finalmente se recordó que es parte de la misión de la Entidad “prevenir antes que sancionar”, aclarando que dicha actuación preventiva no implica aval, coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.