(Agencia EFE)

La firma española a la que se le adjudicó el contrato de construcción de la Planta definitiva de Tratamiento de Agua Potable de Yopal, está en sus estertores, mientras el Gobierno colombiano asegura que no hay ningún riesgo para la realización de la obra en la capital casanareña, que completa 5 años sin agua potable.

Sin clemencia, la banca europea decidió no atender la última petición financiera realizada por Abengoa, que en 15 días entrará directamente en quiebra.

Según fuentes financieras, los acreedores han rechazado concederle los 450 millones necesarios para continuar con su actividad durante los cuatro meses que se preveía que duraría la negociación del preconcurso de acreedores.

La postura de las entidades financieras se coordinará esta semana, pero las que forman parte del conocido como G7 -Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Popular, HSBC y Crédit Agricole- ya han decidido por su cuenta que no le otorgarán nuevas líneas de liquidez. Los bancos han desestimado incluso prestarle los 100 primeros millones urgentes para atender las próximas nóminas de los trabajadores y las facturas de los proveedores, tal y como adelantó El Confidencial el pasado 3 de diciembre.

Si no hay milagro de última hora, los algo más de 22.000 empleados que aún tiene el grupo sevillano -ya han sido despedidos cerca de 3.000 en la última semana- no podrán ni cobrar la paga extraordinaria de Navidad, que deberían recibir el próximo día 16. Salvo que algún banco se desmarque o que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) abra la mano con dinero público, la plantilla previsiblemente no cobrará tampoco su sueldo a fin de mes. Se descarta que tampoco llegue ningún crédito desde algún 'hedge fund', aunque fuese a un alto tipo de interés, como sucedió en Codere, al no haber garantías que cubran la posible nueva deuda.

El rechazo de la banca tiene un argumento muy simple. Dada la dimensión del agujero, todos son conscientes de que no habrá acuerdo durante los cuatro meses de negociación oficial del preconcurso, por lo que dan por hecho que la compañía entrará en quiebra. Sería alargar la agonía y empeorar más la situación. Se descarta por completo la aparición de un caballero blanco que proponga una alternativa más seria que la de Gestamp. En consecuencia, cualquier préstamo nuevo será dinero perdido para los acreedores, que están abocados a tener que digerir una quita de cerca del 70% sobre las cantidades ya adeudadas por la empresa andaluza.

El problema es que si no llegan ni los primeros 100 millones, Abengoa no tendrá que esperar cuatro meses para entrar oficialmente en concurso: lo hará de forma inmediata en apenas dos semanas, justo en plenas elecciones generales y a las puertas de la Navidad. Algunas fuentes indican que solo una intervención directa de Mariano Rajoy para evitar manifestaciones de los trabajadores frente a la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo antes del 20-D podría detener el proceso.

Otras apuntan a que si la banca no escuchó las plegarias del Gobierno, la oposición y hasta el Rey emérito hace cerca de mes y medio, no atenderá ahora ninguna exigencia, porque la situación se ha deteriorado día tras día. “El Santander no quiere llegar a ningún acuerdo porque cree que así habrá que repartir menos con los proveedores cuando se cree la mesa concursal”, asegura una fuente próxima a la negociación.

Pese a las presiones del Gobierno, tanto de los ministros de Economía, Industria y Hacienda, Luis de Guindos, José Manuel Soria y Cristóbal Montoro, respectivamente, los cuales han pedido un esfuerzo a los acreedores, desde los principales bancos se rehúsa cualquier préstamo adicional. Tanto Ana Botín (Banco Santander), como Isidre Fainé (Caixabank), José Oliú (Sabadell) y José Ignacio Goirigolzarri (Bankia) han descartado entrar en su capital como sucedió en Pescanova. Como publicó este medio el pasado 29 de septiembre, Abengoa arrastra deudas de 20.265 millones, de los que 9.000 millones son pasivos corporativos, por los que paga una media del 7,6%; 5.000 millones se corresponden con pagos pendientes a proveedores, y otros 6.000 son préstamos vinculados a proyectos.

La empresa ya ha empezado a realizar despidos masivos tanto en España como en el extranjero para rebajar los costes.

A los empleados en el exterior no les está pagando ni el dinero para volver a su lugar de origen, lo que pone de manifiesto la crítica situación de caja de la multinacional que recibió avales del Gobierno de Estados Unidos por 2.700 millones de dólares. Mientras se suceden estos hechos, algunos bancos aseguran que los Benjumea (propietarios mayoritarios) siguen sin dar la cara personalmente, hasta el punto de que el presidente de un banco extranjero asegura: “No los he visto en mi vida”.

Ni Felipe Benjumea ni Manuel Sánchez Ortega ni Santiago Seage han manifestado la intención de devolver los cerca de 25 millones de indemnización que se concedieron pocos meses antes de que la compañía reconociese sus acuciantes problemas de liquidez, con ocultación incluida a la CNMV. Si la empresa cae en concurso, el administrador levantará el velo y les obligará a reponer las cantidades.