Este jueves 31 diciembre a las 3 de la tarde en la planta colapsada de agua potable de Yopal, sería el acto público de posesión como Alcalde de Yopal del confeso urbanizador ilegal Jhon Jairo Torres, según informaron voceros del movimiento político “la bendición”.

Torres aseguró en varias emisoras de la capital del país que su posesión ya fue realizada el pasado 23 de diciembre, ante dos testigos. “Ya tengo mi acta de posesión, voy a hacer el acto protocolario como Alcalde único del municipio, elegido por voto popular, Jhon Jairo Torres ha hecho las cosas bien, lo hicimos ante testigos como lo dice la norma. Así lo hice el 23 de diciembre, y así estamos establecidos”, afirmó Torres.

Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro, confirmó que ninguno de los notarios de Yopal ha realizado la posesión y que sí sería legal que se hubiese posesionado ante dos testigos.

La definición sobre la legalidad de John Jairo Torres como alcalde de Yopal le corresponderá al Consejo Nacional Electoral.

Torres se posesiona en medio de la expectativa por los anuncios de la Fiscalía General de la Nación de que en enero se le imputaran nuevos cargos por el delito de enriquecimiento ilícito con su correspondiente orden de captura, según afirmó a los medios de comunicación ayer en rueda de prensa, el Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo Torres.

Amnesia?

En las entrevistas a medios nacionales JJ Torres afirmó que aunque tiene una investigación por urbanización ilegal, no es cierto que haya aceptado cargos, “de haberlo hecho no estaba lúcido", afirmó.

La afirmación de Torres contrasta con los registros del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y de la Fiscalía General de la Nación, que señalan que John Jairo Torres aceptó cargos ante un juez de Control de Garantías de Bogotá y está a la espera de una condena.

El Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, mostró su preocupación ante candidatos investigados que han resultado electos, "Genera mucha preocupación que ante una investigación tan seria que adelantó la Fiscalía, donde demuestra unas hipótesis delictivas concretas, el Estado no tenga los instrumentos para tomar medidas mucho más efectivas para evitar que estas personas puedan seguir participando de un escenario público y político en el país".