Que se suspenda el proceso contractual ejecutado por la Alcaldía de Yopal cuyo objeto es la pavimentación de varias vías de la capital por un valor de 33 mil millones de pesos, solicitó como medida cautelar ante el Tribunal Administrativo de Casanare, Oromairo Avella como demandante de una Acción popular.

A pesar de la petición del demandante que solicita una medida cautelar que suspenda el proceso de contratación, el Tribunal Administrativo de Casanare, antes de decidir le dio traslado a la contraparte, es decir la Alcaldía de Yopal, para que se pronuncie en el término de 5 días. Es decir, aún no hay ninguna decisión sobre la suspensión del proceso.

La solicitud la hizo Avella, basado en la necesidad de conocer cuál es el cronograma y plan de acción que ejecutará la Administración municipal con esos recursos girados por la Gobernación de Casanare de regalías directas cuando fungía como Alcalde Jhon Jairo Torres, viabilizado a través de un OCAD.

Oromairo Avella precisó que se debe hacer un estudio profundo vía por vía que incluya laboratorio de suelos para determinar los daños estructurales y funcionales y no a través de una inspección ocular.

En la audiencia cumplida ayer, el Magistrado Nestor Trujillo, conminó a la Gobernación de Casanare y Alcaldía de Yopal para que a través de las Secretarías de obras y oficinas de planeación para que rindan un informe ejecutivo en el que resuman el diagnóstico sobre la solución que tiene previsto ejecutar, el alcance de dicha solución en términos de cobertura (kilómetros a intervenir) y la vida útil esperada en cada intervención, la cual deberán entregar en 15 día hábiles.

En el marco de la audiencia el demandante informó que en 15 días ya estará listo el proceso contractual y le habrá generado derecho a particulares y agregó que tiene conocimiento de la existencia de un ciudadano llamado Diego Pérez (contratista) quien asegura que ya tiene a su cargo el contrato en sus manos.

Ante esa afirmación el Magistrado ordenó que se remita la grabación de la audiencia y memoria escrita a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría porque presuntamente podrían darse maniobras en los recursos de regalías.