El Personero Municipal de Yopal, César Hernando Figueredo Morales, instauro una Acción Popular contra el Municipio de Yopal, la Gobernación de Casanare, la Unidad Nacional de Víctimas y el Estado Colombiano, con el fin de que sean protegidos los derechos constitucionales de las víctimas apostadas en Yopal.

El ministerio público invoca varios derechos de las víctimas por la supuesta omisión de las autoridades administrativas del orden Municipal, Departamental y Nacional, como son la igualdad, acceso a la justicia, atención y reparación integral, salud, educación, vivienda, y repatriación, este último conforme a la ley de restitución de tierras.

Argumenta la acción en el ejercicio del artículo 88 de la Constitución Política que regula las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella, regulada por la Ley 472 de 1998.