La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra 28 alcaldes por presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria; no respuesta a requerimientos del Ministerio Público y desatención de mandatos de la Corte Constitucional.

El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, al instalar junto con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, el encuentro sobre la situación carcelaria y derecho a la salud en Antioquia, advirtió que el origen de este proceso es la “negligencia extrema” de los alcaldes para atender esta “gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada”.

“En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto".

La indagación cobija a las alcaldías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Bucaramanga, Ibagué y Cali.

“La indagación disciplinaria supone el inicio de un proceso para demostrar que somos serios y que además acatamos las órdenes de la Corte Constitucional en esa materia. Estos ya no son simplemente pactos de caballeros, que muchos firmaron y que no se han cumplido. Entonces ante la imposibilidad de hacerlo estamos iniciando una actuación para demostrar que las posibilidades de poner en marcha medidas de carácter disciplinario están sobre la mesa, sino se llega a cumplir con esos mandatos y esas obligaciones de carácter legal que tienen los alcaldes con la política penitenciaria y carcelaria de Colombia”.

Carrillo Flórez lamentó la inexistencia de una política criminal, como la que ha solicitado la Corte Constitucional, y demandó que el Plan Nacional de Desarrollo prevea respuestas para atender esta “tragedia”.

“Aquí estamos enfrentados a una gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada, una gran tragedia donde la política pública a nivel nacional no funciona, una gran tragedia que está hoy sobre la mesa. Miren lo que está consagrado en Plan Nacional de Desarrollo en esa materia, para darse cuenta que lo que estamos haciendo es más de lo mismo y no tratando de romper unos esquemas para afrontar con seriedad lo que debe ser una política penitenciaria hacia el futuro”.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público condenó la falta de acciones para poner en marcha planes de resocialización y el escaso o casi nulo trabajo alrededor de la justicia restaurativa, donde el ente de control está liderando algunas acciones.

“La violación masiva de los derechos fundamentales que se ha presentado en el caso de los establecimiento penitenciarios y carcelarios de Colombia, por una parte; y el fracaso estruendoso de una política pública, si es que hay una política pública en esta materia es el punto de partida de lo que nos congrega hoy en Antioquia”.