Ante los hechos de presunto abuso sexual y violencia física contra una teniente de la Décimo Sexta Brigada del Ejército en Yopal, las autoridades locales realizaron una mesa de seguimiento al caso, este miércoles 9 de marzo.

Con presencia de la Secretaría de Integración, Desarrollo Social y Mujer, junto a Procuraduría y Defensoría del Pueblo, se realizó seguimiento a las acciones adelantadas en la investigación del caso de presunto abuso sexual y violencia contra la teniente de esta institución militar.

"Rechazamos totalmente estos actos de violencia contra las mujeres, un hecho lamentable en esta institución que deja presuntamente una víctima de violencia sexual", afirmó la secretaria de la Mujer, Julieth Parra.

Esta mesa de seguimiento se realizó en el marco del mecanismo articulador con instituciones, en verificación del cumplimiento de la resolución 3010 del 2020, que contempla los lineamientos de equidad de género que debe aplicar la fuerza pública.

Desde la Consejería para la Equidad de la Mujer y Vicepresidencia, también se han recibido instrucciones sobre este acompañamiento para surtir el proceso de investigación y no permitir que, de haberse presentado, quede en la impunidad.

Según se ha conocido, el viernes pasado un grupo de militares, se encontraron en el casino de la Brigada 16, donde ingirieron licor y con el paso de las horas, un oficial se habría ofrecido a llevar a la teniente, que estaba bajo el efecto del alcohol, hasta su habitación y allí habría abusado de ella.

Sin embargo, la mujer de 24 años fue encontrada en un paraje, en una zona muy cerca del alojamiento, golpeada y desorientada, por lo que fue llevada a centro asistencial, donde le practicaron todo tipo de exámenes médicos y apoyo psicológico.

Para el Ejército, que rechazó los hechos, no hay duda de que hubo abuso sexual, y, de ello, hay testigos. Por eso, el coronel implicado fue relevado de su cargo. Los testigos ya entregaron su versión a la Fiscalía, que está en el terreno intentando reconstruir lo que ocurrió en la guarnición militar, que tenía orden de acuartelamiento, por la activa presencia de las disidencias de las FARC en la zona y la amenaza del ELN a la infraestructura e integrantes de la fuerza pública.

La historia tiene otro capítulo, en el que un segundo oficial, el subcomandante del batallón de servicios, que también estuvo en esa celebración, fue relevado de su cargo, no como responsable o sospechoso del caso de abuso sexual, sino por haberse ido a un concierto de música popular junto con otro grupo de oficiales y suboficiales, entre ellas la víctima, desacatando la orden de acuartelamiento.

Por no corresponder a actividades propias del servicio, a pesar de que tenían el uniforme del Ejército, el caso no es atendido por la justicia penal militar, sino por la Fiscalía, que trabaja en reconstruir la historia.