El Tribunal Administrativo de Casanare dicto la pérdida de investidura en contra de Michael Castro, actual presidente del Concejo Municipal de Yopal. La decisión, consignada en un documento de 37 páginas, establece un punto de inflexión en la política regional al negar cualquier posibilidad de apelación a una segunda instancia. Sin embargo, analistas políticos opinaron que “así en el fallo no esté explícito que haya una segunda instancia, la Ley 1881/2018 en el artículo tercero sí da la posibilidad de apelar”.

El proceso inició tras una demanda que alegaba una acción de nulidad electoral contra Castro, quien con 1.855 votos se había convertido en el concejal más votado en las últimas elecciones. La controversia surgió debido a un contrato de prestación de servicios profesionales que Castro habría suscrito con la Gobernación de Casanare, específicamente para labores relacionadas con la red vial y proyectos de inversión departamental, que lo inhabilitaría para ocupar su cargo.

El contrato en cuestión, identificado con el número SECOP II CAS-OAJ-CDPSP0330-2023, implicaba la prestación de servicios de ingeniería civil en varios municipios del departamento, incluyendo actividades que podrían influir en la administración de Yopal, según interpretaciones de la demanda. Sin embargo, el documento especificaba que las actividades contratadas se relacionaron con municipios distintos a Yopal, lo cual fue un punto clave de la defensa. 

La actuación del proceso se basó en la prohibición de que ciudadanos con cargos o contratos de influencia en determinados territorios puedan postularse para cargos de elección popular en esos mismos territorios. Este aspecto es crucial, dado que la legislación colombiana busca prevenir conflictos de interés y garantizar la imparcialidad en la gestión pública.

La pérdida de investidura de Castro, quien también se desempeñaba como presidente del Concejo Municipal, es un hecho que sacude el tablero político de Yopal. No solo pone en relieve las rigurosas exigencias de elegibilidad y transparencia para los servidores públicos, sino que también refleja el compromiso del sistema judicial con la aplicación de la justicia administrativa. 

Este fallo, irrevocable en su naturaleza, abre un amplio debate sobre la interpretación de las normas de inhabilidad y la importancia de la claridad y transparencia en los procesos contractuales de quienes aspiran a cargos públicos. Además, establece un precedente significativo para futuros casos donde la línea entre el ejercicio profesional y la participación política pueda resultar difusa.

La comunidad de Yopal y los observadores políticos ahora aguardan el impacto de esta decisión en la conformación futura del Concejo Municipal y en las prácticas electorales en Casanare. Este caso no solo marca la carrera política de Michael Castro, sino que también envía un mensaje contundente sobre las consecuencias de las acciones y decisiones de los líderes electos en la confianza pública.