La Personería Yopal instó a la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal a reconsiderar la aplicación de la Resolución CRA 887 de 2019 y su actualización en la Resolución CRA 39 de 2024, tras una serie de sanciones a usuarios por supuesto consumo excesivo de agua. 

Según Personero delegado en Derechos Humanos y de Familia, Domingo Conde, 1.410 usuarios han sido multados sin cumplirse los requisitos técnicos necesarios para aplicar dichas normativas.

La Resolución en cuestión, autorizada a nivel nacional, permite a los proveedores de servicios de agua aplicar sanciones en momentos de escasez hídrica identificados oficialmente. Sin embargo, para que dicha medida sea aplicable, debe existir un estudio regional que confirme que las precipitaciones afectan los caudales de las fuentes de abastecimiento. En Yopal, la empresa no habría agregado los caudales de sus fuentes subterráneas y superficiales para justificar la medida.

La falta de cumplimiento de los procedimientos adecuados conllevo a que la Personería cuestione la validez de las sanciones impuestas, especialmente porque la resolución estipula que las condiciones de escasez deben ser confirmadas por autoridades como el IDEAM o Corporinoquia. Según la respuesta de la empresa, Corporinoquia no ha proporcionado la medición de caudales requerida, lo que técnicamente impediría la aplicación de la norma. 

La Personería cuestionó además los cambios en la facturación, pues se varió el ciclo, es decir los días de periodos facturados, lo que podrían alterar las cifras en metraje de consumo y por ende el número de usuarios sancionados. En algunos casos, se facturaron 35 días en lugar de los 30 reglamentarios, lo que podría haber aumentado artificialmente el volumen de consumo registrado y, por ende, las multas aplicadas.

Finalmente, la Personería Municipal apeló a la empresa de acueducto para que revise estos casos y alentó a los usuarios afectados a presentar reclamaciones formales. Mientras tanto, se ha hecho un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Procuraduría para investigar si las medidas aplicadas en Yopal fueron legales y adecuadas, en vista de que las multas recaudadas no se destinan a proyectos locales sino a un fondo nacional ambiental.