Un grupo de 40 familias que adquirió lotes desde 2011 en el proyecto de urbanización Salomé, en Yopal, denunció que, tras más de una década de pagos, no se les ha entregado la titularidad de los terrenos. Según los afectados, quienes compraron a través de contratos de promesa de compraventa, el proyecto estaba representado por la ex concejal, Ximena Cárdenas y su esposo Jaime Rodríguez, entre otros. Durante años, estas familias pagaron cuotas que sumaron entre 10 y 11 millones de pesos, dependiendo de la ubicación de cada lote.

Explicó el abogado Jhoany Chaparro, que los compradores afirmaron que, tras liquidar sus pagos, les entregaron documentos de paz y salvo, pero nunca se les legalizaron las escrituras. 

A inicios de 2023, la urbanizadora solicitó que desocuparan el terreno para realizar supuestas obras de adecuación. Sin embargo, esto al parecer resultó ser, según las familias, un artificio, ya que los promotores no avanzaron en la legalización y en cambio transfirieron el terreno a una hija, quien luego lo vendió al Instituto de Desarrollo Urbano de Yopal (INDEV) para destinarlo a proyectos de interés social.

Chaparro  expuso que ante la situación, las familias retomaron la posesión de los lotes y han iniciado acciones judiciales en la Fiscalía y otras instancias, buscando que se cumplan los contratos de compraventa y se les indemnice por los perjuicios.  

El abogado agregó  que los documentos legales muestran que INDEV adquirió el terreno en 2023, bajo el gobierno de Luis Eduardo Castro, tras una consultoría que aseguró que el predio estaba libre de ocupantes. Sin embargo, la realidad es que las familias ya habían establecido allí mejoras y habitaban los terrenos.

Con la nueva administración municipal, se ha establecido un diálogo para tratar de resolver este conflicto, mientras las familias esperan una solución legal que les otorgue seguridad sobre los lotes que han pagado con esfuerzo. 

Entre tanto, las autoridades evaluarán si existe responsabilidad penal o disciplinaria en los funcionarios de la administración anterior que participaron en la adquisición del predio, lo cual podría derivar en sanciones de destitución, inhabilitación o hasta en penas de cárcel para los implicados.