Un grupo de víctimas del conflicto armado beneficiarias del proyecto de vivienda Alameda Martha Mojica expresó su preocupación ante la posibilidad de perder los lotes que les fueron asignados en el marco de la Resolución 1132. Según denunciaron, las demoras en la administración municipal y los procesos judiciales en curso, han generado incertidumbre sobre la seguridad jurídica de sus terrenos.

Gloria Martínez, consejera municipal y miembro de la Red Territorial para la Paz y los Derechos Humanos de la Orinoquía y el Piedemonte Llanero, acompaña a las familias en su exigencia de respuestas por parte de los entes competentes. Martínez indicó que los beneficiarios cuentan con garantía de derechos humanos bajo la Ley 1448 de 2011 y el artículo 51 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental a la vivienda.

Según los afectados, existen demandas en juzgados promovidas por el Concejal Leonardo Infante y Oromairo Avella, así como procesos administrativos en el despacho del corregidor de San Rafael de Morichal. Algunos residentes que ya viven en el sector han sido notificados sobre procesos de desalojo, lo que ha incrementado la preocupación dentro de la comunidad.

Ante la situación, las familias han solicitado un encuentro con el mandatario municipal para conocer el estado del proyecto y las acciones que se tomarán para garantizar su continuidad. También han pedido una mesa interinstitucional con la participación del gobernador de Casanare y del Ministerio de Vivienda, entidad que destinó recursos para el desarrollo del proyecto, pero que podrían perderse si no se concluyen los servicios públicos.

Otro aspecto que genera preocupación es que el título de propiedad de los lotes no ha sido registrado oficialmente ante la entidad competente.

Entre los beneficiarios del proyecto se encuentran familias víctimas del conflicto armado, comunidades indígenas, afrodescendientes, personas en condición de discapacidad, excombatientes y madres cabeza de hogar. Algunos han manifestado que, ante la falta de soluciones, existe el riesgo de que personas ajenas al proyecto intenten invadir los terrenos.

Las víctimas insisten en que, a pesar de las dificultades, el proceso debe seguir adelante. Según Martínez, las obras de alcantarillado y agua ya han registrado avances, pero es necesario que el alcalde se comprometa con la continuidad del proyecto y su formalización legal.