Un grupo de veedores ciudadanos de Yopal denunció irregularidades en el contrato de consultoría relacionado con la actualización del Plan Integrado de Movilidad Urbana y Rural (PIMUR). Este proyecto, que responde a una sentencia del Juzgado Segundo Administrativo, ha mostrado falencias significativas en su ejecución. 

Según los veedores, el contrato firmado durante la administración pasada y que vence el próximo 27 de febrero, se encuentra solo en un 70% de su fase de diagnóstico, pese a los 13 meses transcurridos. Además, afirman que la consultoría no ha cumplido con los compromisos de socialización previstos en los pliegos, como talleres y foros participativos con actores clave de la movilidad, entre ellos presidentes de juntas de acción comunal, taxistas y biciusuarios. 

Según lo descrito por los veedores, las falencias también hacen referencia a la escasa recolección de datos técnicos como encuestas ciudadanas y mediciones del tráfico vehicular, ausencia de propuestas concretas para transporte masivo y mejora del sistema urbano de rutas de buses, que actualmente solo operan siete de las 14 autorizadas. 

Adicionalmente, se critica la falta de supervisión e interventoría, ya que los equipos de trabajo del contratista han cambiado varias veces, lo que ha ralentizado el proceso. Los veedores temen que, de no corregirse estas fallas, el contrato de más de 1.600 millones de pesos termine siendo un "despilfarro" sin resultados significativos. 

También se cuestionó que temas como el Plan Local de Seguridad Vial, las características de las comunas y la cobertura vegetal no han sido incorporados adecuadamente. "Estamos construyendo un plan sin tener en cuenta las particularidades de Yopal y sin actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial", agregaron.