Frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Yopal, madres y cuidadoras de personas con autismo, realizaron un plantón para exigir justicia por la presunta brutal agresión de la que fueron víctimas este martes dos menores de edad, de 12 y 17 años, frente al Instituto Técnico Ambiental de Yopal.

De acuerdo con las denuncias, el menor de 12 años, quien tiene diagnóstico de autismo, habría sido golpeado y mordido durante el altercado. Su hermana, de 17 años, también habría resultado agredida cuando intentaba protegerlo. La agresión les habría generado lesiones que derivaron en 14 días de incapacidad médica.

 Marcela Reyes, madre de los dos menores, denunció presuntas irregularidades en el procedimiento adelantado por la Policía Nacional tras la agresión que, según afirmó, quedó registrada en cámaras de seguridad y dejó a su hija con una incapacidad médica de 14 días. 

De acuerdo con su testimonio, las víctimas señalaron directamente a tres adultos como responsables del ataque, pero las autoridades solo detuvieron a una de las personas señaladas, mientras las otras dos escaparon, y además retuvieron a la joven víctima, quien habría intentado defender a su hermano de 12 años, un niño con autismo que atravesaba una crisis neurológica. 

Cuestionó también el trato que recibió en la sede judicial, al señalar que a la mujer detenida como presunta agresora se le permitió el ingreso de familiares y alimentos, mientras que a la menor se le habría limitado el contacto con su entorno de apoyo, situación que le ha generado un fuerte impacto psicológico. 

La madre advirtió además sobre el riesgo para la salud del niño, cuya condición podría descompensarse como consecuencia del trauma vivido, y, visiblemente afectada por la detención de su hija, hizo un llamado urgente a los entes de control ante la presunta ausencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía de Infancia y Adolescencia y la Defensoría del Pueblo. La familia y la comunidad pidieron al fiscal encargado revisar de inmediato las actuaciones policiales, garantizar los derechos de la menor y avanzar en la judicialización de todas las personas que habrían participado en los hechos, con el propósito de esclarecer lo ocurrido y evitar que el caso quede en la impunidad. 

La mujer involucrada en la brutal agresión es Paola Yurani Cárdenas quien en pasados meses estuvo involucrada presuntamente en el hurto de un motocicleta, al guardarla en su vivienda y cuyo propietario se encargó de visibilizar el hecho. Según señalaron es pariente de alguien que trabajó en la Policía.

Catalina Rodríguez, una de las líderes de la comunidad de madres y cuidadores de personas con autismo, señaló que el rector del colegio tuvo que intervenir para retirar al menor del lugar y ponerlo a salvo dentro de la institución, debido a la intensidad de la agresión. Una docente también confirmó la condición de autismo del estudiante.

Según lo manifestado por las líderes, el hecho se habría originado por un incidente vial: la hermana del menor se movilizaba en una motocicleta y, presuntamente, habría rozado o golpeado por detrás un vehículo. La situación habría desencadenado una reacción de intolerancia por parte de las tripulantes del automóvil, que terminó en la confrontación física.

Las manifestantes cuestionaron especialmente que la adolescente de 17 años permaneciera detenida, al considerar que su reacción estuvo relacionada con la defensa de su hermano. También pidieron que las autoridades actúen dentro del marco de la ley y determinen las responsabilidades correspondientes.

 La comunidad de personas con autismo reclamó además la intervención de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Personería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al considerar que se trata de menores de edad que requieren especial protección.

Andrea Salcedo, referente y líder del grupo de autismo en Casanare, manifestó su preocupación por las posibles consecuencias psicológicas que el episodio podría generar en el menor. Advirtió que, además de las lesiones físicas, una experiencia de este tipo podría provocar miedo a salir a la calle o a encontrarse con situaciones que le recuerden la agresión.

El abogado Lenin Bustos quien acompaña el proceso judicial, cuestionó además que la adolescente involucrada permaneciera detenida por una presunta conducta de lesiones personales, mientras las otras mujeres agresoras se retiraron del lugar. El abogado destacó la intervención de padres de familia y del rector del colegio, quienes protegieron a los menores y evitaron que la agresión continuara. 

El niño con autismo y su hermana fueron trasladados para valoración médica a Medicina Legal. Ante lo ocurrido, Bustos hizo un llamado a resolver este tipo de conflictos por las vías legales y pidió a las autoridades investigar los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.