Frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Yopal, madres y cuidadoras de personas con autismo, realizaron un plantón para exigir justicia por la brutal agresión de la que fueron víctimas este martes dos menores de edad, de 12 y 17 años, frente al Instituto Técnico Ambiental de Yopal.

De acuerdo con las denuncias, el menor de 12 años, quien tiene diagnóstico de autismo, habría sido golpeado y mordido durante el altercado. Su hermana, de 17 años, también habría resultado agredida cuando intentaba protegerlo. La agresión les habría generado lesiones que derivaron en 14 días de incapacidad médica.

 Marcela Reyes, madre de los dos menores, denunció presuntas irregularidades en el procedimiento adelantado por la Policía Nacional tras la agresión que, según afirmó, quedó registrada en cámaras de seguridad y dejó a su hija con una incapacidad médica de 14 días. 

De acuerdo con su testimonio, las víctimas señalaron directamente a tres adultos como responsables del ataque, pero las autoridades solo detuvieron a una de las personas señaladas, mientras las otras dos escaparon, y además retuvieron a la joven víctima, quien habría intentado defender a su hermano de 12 años, un niño con autismo que atravesaba una crisis neurológica. 

Cuestionó también el trato que recibió en la sede judicial, al señalar que a la mujer detenida como presunta agresora se le permitió el ingreso de familiares y alimentos, mientras que a la menor se le habría limitado el contacto con su entorno de apoyo, situación que le ha generado un fuerte impacto psicológico. 

La madre advirtió además sobre el riesgo para la salud del niño, cuya condición podría descompensarse como consecuencia del trauma vivido, y, visiblemente afectada por la detención de su hija, hizo un llamado urgente a los entes de control ante la presunta ausencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía de Infancia y Adolescencia y la Defensoría del Pueblo. La familia y la comunidad pidieron al fiscal encargado revisar de inmediato las actuaciones policiales, garantizar los derechos de la menor y avanzar en la judicialización de todas las personas que habrían participado en los hechos, con el propósito de esclarecer lo ocurrido y evitar que el caso quede en la impunidad. 

La mujer involucrada en la brutal agresión es Paola Yurani Cárdenas quien en pasados meses estuvo involucrada presuntamente en el hurto de un motocicleta, al guardarla en su vivienda y cuyo propietario se encargó de visibilizar el hecho. Según señalaron es pariente de alguien que trabajó en la Policía.

Catalina Rodríguez, una de las líderes de la comunidad de madres y cuidadores de personas con autismo, señaló que el rector del colegio tuvo que intervenir para retirar al menor del lugar y ponerlo a salvo dentro de la institución, debido a la intensidad de la agresión. Una docente también confirmó la condición de autismo del estudiante.

Según lo manifestado por las líderes, el hecho se habría originado por un incidente vial: la hermana del menor se movilizaba en una motocicleta y, presuntamente, habría rozado o golpeado por detrás un vehículo. La situación habría desencadenado una reacción de intolerancia por parte de las tripulantes del automóvil, que terminó en la confrontación física.

Las manifestantes cuestionaron especialmente que la adolescente de 17 años permaneciera detenida, al considerar que su reacción estuvo relacionada con la defensa de su hermano. También pidieron que las autoridades actúen dentro del marco de la ley y determinen las responsabilidades correspondientes.

 La comunidad de personas con autismo reclamó además la intervención de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Personería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al considerar que se trata de menores de edad que requieren especial protección.

Andrea Salcedo, referente y líder del grupo de autismo en Casanare, manifestó su preocupación por las posibles consecuencias psicológicas que el episodio podría generar en el menor. Advirtió que, además de las lesiones físicas, una experiencia de este tipo podría provocar miedo a salir a la calle o a encontrarse con situaciones que le recuerden la agresión.

El abogado Lenin Bustos quien acompaña el proceso judicial, cuestionó además que la adolescente involucrada permaneciera detenida por una presunta conducta de lesiones personales, mientras las otras mujeres agresoras se retiraron del lugar. El abogado destacó la intervención de padres de familia y del rector del colegio, quienes protegieron a los menores y evitaron que la agresión continuara. 

El niño con autismo y su hermana fueron trasladados para valoración médica a Medicina Legal. Ante lo ocurrido, Bustos hizo un llamado a resolver este tipo de conflictos por las vías legales y pidió a las autoridades investigar los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Comunicado de la Alcaldía

"Desde la Alcaldía de Yopal, rechazamos contundentemente el hecho de intolerancia en el que una persona ajena a la comunidad de la Institución Educativa Técnico Ambiental San Mateo, agredió a dos menores de edad, entre ellos un estudiante del enfoque de educación inclusiva.

Cada estudiante merece ser tratado con respeto, dignidad, empatía y comprensión, independientemente de sus capacidades o necesidades particulares. Pero además por Ley, los menores de edad son sujetos de especial cuidado por los adultos en todo el territorio nacional.

Estos hechos no solo atentan contra la integridad de un sujeto de especial protección constitucional, sino que vulneran de manera grave los principios de equidad, inclusión y respeto que orientan a nuestra entidad local.

Desde la Administración Municipal, estamos disponibles para brindar la orientación a la familia del menor implicado, para poder adelantar las acciones que requieran.

Igualmente, desde secretaría de Educación, brindamos acompañamiento psicosocial con nuestras profesionales de apoyo en inclusión, a la familia y al menor agredido, para mitigar los efectos de este reprochable hecho de violencia. 

Hacemos un llamado vehemente a toda la comunidad yopaleña a la tolerancia, a la empatía y al rechazo absoluto de las vías de hecho o de violencia como mecanismo de resolución de conflictos y fundamentalmente que prime la protección de nuestra población estudiantil. 

La protección de la población con discapacidad es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad, en particular a los estudiantes que hacen parte del enfoque de educación inclusiva, debe ser una prioridad, por lo que es un deber denunciar cualquier situación de maltrato y promover una convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la equidad

La inclusión en la sociedad no debe quedarse en palabras: debe reflejarse en acciones de respeto y en la manera en que como sociedad velamos en ir construyendo entornos educativos seguros, respetuosos y libres de violencia".

Personería pidió explicaciones a la Policía

"El día 1 de septiembre del año en curso, se registraron hechos repudiables de intolerancia y violencia en inmediaciones del Instituto Técnico Ambiental San Mateo de Yopal, en los que se vieron involucrados dos menores de edad que se movilizaban en una motocicleta y tres mujeres que se desplazaban en un vehículo automotor, luego de un aparente incidente vial.

De acuerdo con el balance entregado por las directivas de la institución educativa, en la motocicleta se movilizaba una adolescente de 17 años junto a su hermano de 12 años, estudiante de grado 5B y quien presenta una condición dentro del espectro autista, sujeto de especial protección constitucional. 

Según lo informado por el establecimiento educativo, los menores habrían sido víctimas de agresiones físicas y verbales. 

Ante estos hechos, la Personería Municipal de Yopal, en cabeza del personero Yesid Camacho Flórez y en ejercicio de sus funciones como Ministerio Público y garante de los derechos, solicitó a la Policía Nacional un informe detallado sobre lo ocurrido y sobre las actuaciones que se adelantan frente al caso, teniendo en cuenta la presencia de dos menores de edad y la condición particular de uno de ellos.

Asimismo, adelanta el seguimiento correspondiente a las actuaciones de las autoridades y ha establecido contacto con la madre de los menores, a quien ha puesto a disposición el acompañamiento institucional necesario para garantizar la protección y, de ser necesario, la restitución de los derechos que pudieran haber sido vulnerados.

Como Ministerio Público, exhortamos a las autoridades competentes a adelantar, dentro del debido proceso, las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido, determinar las responsabilidades a que haya lugar y garantizar la protección integral de los menores involucrados.

Desde la Personería Municipal de Yopal rechazamos de manera contundente cualquier manifestación de violencia e intolerancia, especialmente cuando involucra a niños, niñas y adolescentes".