Varios profesionales, funcionarios, empresarios y dirigentes políticos del departamento que se graduaron como profesionales con recursos del Fondo Educativo del Instituto Financiero de Casanare, quieren evadir el pago de los préstamos apelando a la figura de la prescripción de las deudas y alegando que nunca firmaron una autorización que hoy le permita al IFC reportarlos a centrales de riesgo.

Los deudores morosos contrataron una firma de abogados que argumenta, además, que quienes manejaron la cartera morosa, nunca les precisaron de cuanto era la deuda, tampoco respondieron las solicitudes de hacer claridad sobre el sistema de condonaciones de las deudas, lo que califican como silencios administrativos.

Entre los casanareños que hoy le quieren “hacer conejo” a sus obligaciones figuran diputados, concejales y funcionarios, a quienes parece importarles poco la sostenibilidad del fondo y el respaldo que podría darle a nuevos estudiantes en su aspiración de acceder a la educación superior.

En el grupo de deudores morosos del Fondo Educativo del departamento estuvo hasta hace pocos meses la Senadora Amanda Rocío González, quien pagó la totalidad de la obligación después de ser elegida congresista.

De un solo contado cubrió más de $80 millones de pesos correspondiente al crédito con el cual financió la mayoría de su carrera universitaria hasta graduarse como médica, según se informó.